Si en algo coincidieron diputados de ARENA, FMLN y PCN es que El Salvador no tiene la capacidad para albergar a personas que pidan asilo tras el acuerdo firmado entre el gobierno salvadoreño y el de Estados Unidos en septiembre de 2019.
En esa fecha, ambos Estados suscribieron un acuerdo que establece que personas que crucen por El Salvador con rumbo a Estados Unidos, sean capaces de buscar protección en el país. Para ello EE.UU. ha hablado de cooperación para poder ejecutar el plan la región, confirmó el exsecretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan. Sin embargo, no se ha dado a conocer un plan en concreto para hacerlo.
Para los legisladores hay dos aspectos a valorar. Según la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, desde el 27 de enero que la canciller Alexandra Hill Tinoco les prometió que les enviaría el acuerdo para que la Asamblea lo ratifique lo están esperando, ya que para llevar a cabo el convenio se requieren fondos y aplicar mecanismos que garanticen que los asilados tendrán todas las condiciones que exige la ley de Migración y Extranjería.
“El 27 de enero nos dijo que cualquier acuerdo que convierta al país en un país de recepción de asilo como país seguro pasará por la Asamblea Legislativa, porque para desarrollar todo un plan necesitamos tocar factores que deben resolver la soberanía y la autodeterminación de este país”, afirmó Díaz.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, externó que si bien es un acuerdo bilateral entre El Salvador con EE. UU., se presume que el financiamiento de los planes a ejecutar para brindar asilo están contemplados en dicho convenio. De lo contrario el país no tiene los fondos ni está en las mejores condiciones de dar refugio, dijo.
“Para eso no tenemos fondos, no hay ningún centavo partido por la mitad para construir ni los módulos ni el mantenimiento para esas personas, imagino que en el acuerdo va el desembolso del gobierno (de EE.UU.) para mantener ese programa del tercer país seguro”, explicó.
Agregó que como Asamblea tampoco han ratificado dicho convenio, lo que consideró normal, ya que es un acuerdo bilateral, pero advirtió que cualquier decisión que se tome “será responsabilidad del gobierno”.
A los diputados también les preocupa la situación del coronavirus a nivel mundial y la inseguridad que El Salvador vive, otros factores a considerar antes de echar a andar el convenio, explicaron.
“El gobierno debe analizar si se puede permitir o no que se reciba a esta gente y que puedan estar en el país. Por el momento es muy difícil por el tema de salud y de seguridad. ¿Dónde estará esta gente?”, manifestó el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes.