En una llamada telefónica organizada ayer por el tanque de pensamiento Atlantic Council, la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, afirmó que encontrar una extensión o una solución permanente para los salvadoreños beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) es su principal prioridad como jefa de la diplomacia del país.
Sin embargo, ante la pregunta de cuáles son los avances de las negociaciones con la administración de Donald Trump, la canciller no reveló detalles concretos.
Hill hizo énfasis en que esta es una de sus apuestas principales y recordó que estas personas amparadas al programa, que rondan las 200,000, hacen grandes contribuciones a EE. UU. y a El Salvador.
“Esta gente (amparada al TPS) tiene raíces en EE. UU., algunos tienen negocios ahí, han trabajado muchos años, sus hijos son ciudadanos americanos”, dijo y lamentó que sin una extensión a corto plazo, el 2 de enero de 2020 estos “casi americanos” pasarían a la ilegalidad.
Por ello, afirmó que ha tenido reuniones con los secretarios de Estado y Seguridad Nacional, Mike Pompeo y Kevin McAleenan respectivamente, para que se extienda el estatus y buscar un estado más permanente para estas personas.
Pese a esto, la canciller no detalló en qué punto están las pláticas.
El tema no discutido
La semana pasada, el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, estuvo en El Salvador para discutir aspectos de seguridad y migración. Asimismo, el funcionario vino a reafirmar el compromiso de su país de reanudar la cooperación al notar esfuerzos en reducción de la migración irregular hacia territorio americano.
Pese a esto, McAleenan no mencionó el tema del TPS a la prensa. En su visita, también estuvo reunido con la canciller Hill, pero en la memoria circulada por la Embajada Americana en El Salvador no se menciona que se haya abordado el tema del estatus que protege desde 2001 a cerca de 200,000 salvadoreños.
En su momento, el secretario de Seguridad Nacional destacó que se ha reducido drásticamente la migración irregular y celebró la firma de acuerdos de cooperación en materia de asilos, pero no amarró estas concesiones a ningún compromiso con el TPS, cuya continuidad Trump detuvo en enero de 2018.
De hecho, ha trascendido en medios estadounidenses que previo a la firma del acuerdo que compromete a El Salvador a recibir a solicitantes de asilo en EE. UU. mientras su trámite está en curso, los representantes del gobierno de Nayib Bukele llevaron a la mesa el TPS, pero este fue rápidamente rechazado por sus contrapartes norteamericanas.
Así lo confirmó Jonathan Blitzer, periodista de la renombrada revista The New Yorker, quien el día de la firma del convenio tuiteó que “de acuerdo a un alto oficial de la administración Trump, el gobierno de El Salvador pidió extender el TPS para más de 200,000 salvadoreños viviendo en EE. UU. a cambio de firmar (el acuerdo). Ahí se dijo que el TPS no estaba en la mesa de negociación de Estados Unidos. El Salvador firmó el convenio de todas formas”.
Unos días después, una delegación del gobierno salvadoreño abordó el tema en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y se afirmó que el mismo Trump delegó a McAleenan para dar seguimiento al tema, pero no ha habido ninguna declaración pública del gobierno de EE. UU. en sentido de una solución, temporal o permanente, para estos salvadoreños.
Sin embargo, Hill reafirmó su compromiso con este tema. “Una solución permanente es lo que buscamos y esto involucra al Ejecutivo y a ambos partidos en el Congreso estadounidense. Hemos estado luchando por una extensión”, dijo ayer.
En la conferencia de ayer también participó María Eugenia Brizuela de Ávila, quien fungió como canciller de la República entre 1999 y 2003 y afirmó que además de los esfuerzos de los últimos gobiernos es digno resaltar el papel que han jugado las organizaciones de sociedad civil que presionan para encontrar una solución para el TPS.
Para ellos, afirmó, debe ir parte del crédito de las extensiones que el programa ha tenido desde su creación y la lucha que actualmente se hace en las cortes y en instancias políticas para que la administración Trump no borre el estatus.
Alineados a expectativas de Trump
Hill afirmó que el gobierno actual está comprometido con reducir la migración irregular. Para esto, dijo, emprenden esfuerzos en el combate a la inseguridad y la generación de oportunidades, evitando que los salvadoreños tengan que emigrar para buscar una mejor vida.
Esto coincide con los lineamientos que el gobierno de Estados Unidos ha trazado a los países del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador). El presidente Trump ha hecho muchas críticas a estos países de que “no hacen lo suficiente” para reducir la migración e incluso ha amarrado esta crítica con la suspensión de cientos de millones de dólares en cooperación para esta región.
Estos fueron descongelados la semana pasada, poco tiempo después de que los tres países firmaron convenios en que aceptaban recibir a los solicitantes de asilo en EE. UU.
Este “quid-pro-quo” fue confirmado por el jefe interino de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, quien la semana pasada aceptó en una conferencia de prensa que amarraron los recursos a estos esfuerzos. “Estábamos reteniendo dinero al mismo tiempo para los países del Triángulo Norte. Estábamos reteniendo la ayuda para que cambiaran sus políticas de migración”, manifestó el funcionario de EE. UU.