La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador resolvió que los $301 millones que el expresidente Elías Antonio Saca y otros seis exfuncionarios desviaron de Casa Presidencial durante su gestión -entre 2004 y 2009-, deberán ser devueltos pero solo tras un juicio civil.
De tal forma que los montos que el Tribunal Segundo de Sentencia estableció en su resolución el 21 de noviembre de 2018, fueron anulados hasta agotar el proceso civil correspondiente. En esa oportunidad se estableció que solamente Saca debía devolver al Estado 260 millones de dólares.
La resolución de la Cámara surge como resultado de los recursos de apelación que los abogados de los siete imputados presentaron y en los cuales el objetivo común era establecer las imposibilidades para determinar el monto por el que debían responder los procesados.
Ante esa dificultad solicitaron al tribunal superior de lo penal modificar la condena.
“Esta Cámara analizó la fundamentación que utilizó el Tribunal Segundo de Sentencia y determinó que la única prueba valorada para el área de lo civil, es decir, la pericia financiera contable, no determina de forma exacta el monto por el que debían responder los imputados”, argumentan los magistrados.
La razón, según la Cámara, fue porque la pericia ofrecida por la Fiscalía tuvo limitaciones como la imposibilidad de valorar toda la documentación solicitada, y en ese sentido, los magistrados advierten que se verificó otros beneficiarios finales; personas naturales y jurídicas que no se tomaron en cuenta.
Agregaron que también descubrieron en la sentencia que los ex empleados de Casa Presidencial fueron condenados civilmente sin habérseles atribuido un beneficio personal obtenido, sin embargo se les condenó a pagar montos de $3 millones y $4 millones al Estado.
Tras esas inconsistencias, la Cámara citó el artículo 399 inciso 3 del Código de lo Civil que establece “cuando los elementos de prueba referidos a la responsabilidad civil no permitan establecer con certeza los montos de las cuestiones reclamadas como consecuencias del delito, el tribunal podrá declarar la responsabilidad civil en abstracto, para que la liquidación de la cuantía se ejecute en los juzgados competentes”.
Frente a ese enunciado, los magistrados facultaron a la Fiscalía General de la República para iniciar las acciones en un Juzgado de lo Civil.
Montos por devolver al Estado
Tras la sentencia penal, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador ordenó que el expresidente Antonio Saca debía devolver al Estado $260 millones, Élmer Charlaix: $15 millones, César Funes: $886,697, Julio Rank $8 millones 381 mil, Francisco Rodríguez Arteaga: $7 millones, Jorge Herrera: $3 millones y Pablo Gómez: $5 millones
El exmandatario explicó que cuando asumió la Presidencia el 1 de junio de 2004 y firmó el reglamento para el manejo de los gastos reservados, ordenó la creación de cuentas bancarias para mover el dinero y que lo hizo como se había hecho en gobiernos anteriores.
“Me aproveché de los escasos controles sobre las dos cuentas que abrió Élmer Charlaix (su secretario privado) para sustraer dinero con el que se pagaba a otras personas”, dijo en su confesión.
Más de 70 propiedades y vehículos del expresidente Saca fueron adquirido con ese desvío de fondos.