Orden de cerrar call centers pone en peligro 20,000 empleos

El Presidente Nayib Bukele ordenó ayer el cierre de los call-center y las maquilas para evitar los posibles contagios en estos centros de trabajo.

Por Diana Escalante

Mar 18, 2020- 22:30

En medio de la emergencia generada por la epidemia del coronavirus, que provocó la orden de cierre de los call centers y maquilas por la concentración de trabajadores en sus instalaciones, la Asamblea Legislativa podría aprobar en la plenaria, de hoy, la Ley para el fomento y regulación del Teletrabajo, una modalidad que posibilita las actividades laborales, públicas y privadas, a través del uso de tecnología.

A juicio de algunos parlamentarios, es pertinente que la normativa entre en vigencia en esta coyuntura porque los empleados trabajarían desde sus casas y con eso se reduciría el riesgo de que contraigan el coronavirus.

Según fuentes del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), en el sector de los call centers laboran más de 20,000 personas, quienes podrían perder sus empleos si la medida es prolongada, por lo tanto, una ley que ampare el trabajo desde casa podría salvar esa cantidad de puestos de trabajo.

El orden de cierre obligaría a los clientes de los call centers a buscar alternativas de país adonde hay opción de laborar desde casa. La mayoría de estos contratos perdidos difícilmente retornarían al país, informo la fuente.

Los diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa acordaron, el martes pasado, emitir un dictamen favorable para aprobar la ley y será presentado hoy ante el pleno para someterlo a votación.

La iniciativa fue presentada, meses atrás, por el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, quien destacó la importancia de que El Salvador cuente con la normativa, ya que es de los pocos países de América Latina que no la tiene. También porque ayuda a dinamizar el mercado y a fortalecer la economía.

“En un momento en que El Salvador vive en una crisis de pandemia, esta ley es una herramienta muy importante”, dice el parlamentario.
Su colega de partido, David Reyes, apunta que el objetivo de la ley es promover, armonizar y regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de instituciones públicas y privadas.

En ambos casos, el trabajador desempeña sus funciones desde su casa, si el sector para el que labora es compatible; recibe los insumos tecnológicos para ello de parte del patrono y tiene garantizadas sus prestaciones laborales.

Los parlamentarios exponen que el teletrabajo también sirve como beneficio para el empleado porque no debe desplazarse hasta una oficina e invertir tiempo y dinero para ello. Además, tiene la posibilidad de estar más tiempo con su familia y velar por sus bienes en horas de trabajo.

También le exige obligaciones, como cumplir jornadas laborales establecidas en el contrato, así como mantener discreción y reserva de los datos o actividades que realiza la institución o empresa para la que labora.

Mientras que el FMLN, a través del diputado Jorge Schafik Hándal, asegura que la propuesta es una herramienta que permite a los empleados trabajar, al tiempo que le respeta sus derechos.
Piden debate

Los empresarios llaman a la “prudencia” y consideran que es “grave” que se cambien “las reglas del juego en un momento de emergencia”, por lo que piden a los diputados “no correr” para aprobar la ley.

Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) coinciden en que, debido a la emergencia, sin necesidad de la normativa, algunas empresas implementaron desde hace algunos días el teletrabajo. Esto para velar por la salud del personal y para que las compañías puedan realizar sus actividades hasta donde sea posible.

El director ejecutivo de la Camarasal, Federico Hernández, destaca la necesidad de que el proyecto se discuta más con todos los sectores involucrados, para evaluar si las condiciones que se plantean en la normativa se pueden o no cumplir.

Una de las observaciones que hace es que la ley contempla que el empleador debe proveer de los recursos tecnológicos al trabajador para que haga sus funciones, pero además debe hacer una inversión para acondicionarle el espacio de la vivienda donde las realizará. En el caso del Gobierno, considerando “los niveles de plazas fantasmas” que hay, según Hernández, podría generar abusos.

“Lo mejor, como medida de prudencia mínima, es esperar; no correr con la aprobación… Es mentira que esta ley nos va paliar la crisis en este momento. No por creer que esta ley va a servir en medio de la crisis vayamos a tener una ley de Teletrabajo que, en la práctica, va a ser un desincentivo para que haya Teletrabajo”, señala Hernández.

A su juicio, el resultado que se tendrá si el pleno decide aprobar la normativa, pese a la sugerencia de los empresarios, es que no habrá contratos de teletrabajo o serán muy pocos y eso sería muestra de que no se están “haciendo las cosas bien”.

Hernández sostiene que hay disposición del sector productivo para reunirse con los diputados, por el tiempo que sea necesario, con el propósito de mejorar la ley.

Mientras que Daniel Olmedo, director de Asuntos Legales de ANEP, señala que avalar la ley en este momento es “grave” y que advierte que se deben hacer modificaciones al proyecto.

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