Este 9 de diciembre se celebró el Día Internacional contra la corrupción y en ese contexto María José Franco Rodríguez, funcionaria de la Auditoría Superior de la Federación de México, explica en entrevista con El Diario de Hoy los desafíos que enfrentan las instituciones que fiscalizan el uso de los recursos públicos para evitar hechos de corrupción cada día más “sofisticados”.
La funcionaria destaca que si bien cada vez hay menos tolerancia de la ciudadanía hacia la corrupción, la población debe involucrarse aún más en pedirle cuentas a sus gobernantes.
Franco Rodríguez estuvo en el país invitada por la Corte de Cuentas para disertar sobre la “Integridad en las entidades públicas” como antesala a la celebración de esta fecha.
A la experta se le comentó que El Salvador tiene dos expresidentes procesados por delitos de corrupción: Mauricio Funes, prófugo en Nicaragua, y Elías Antonio Saca, quien ya fue condenado, tras admitir que cometió delitos de corrupción. Esto es lo conversado con la funcionaria mexicana:
¿Cómo pueden las instituciones, en este caso la Corte de Cuentas, tener un rol más activo para detectar a tiempo hechos de corrupción y que no terminen en casos como los citados?
La función de las entidades de fiscalización superior es la rendición de cuentas; revisar cómo el gobierno ejerce sus funciones y el gasto público, auditar y fiscalizar cómo lo hace.
El problema que tenemos es que, en general, las entidades de fiscalización superior nos estamos preguntando cómo debemos responder mejor a estos desafíos que están ocurriendo en materia de corrupción, cómo tenemos que mejorar la fiscalización para responder de manera más oportuna cuando detectamos estos casos de corrupción.
Por ejemplo, en México la rendición de cuentas es anual y con posterioridad se revisa lo que se gastó en el ejercicio fiscal anterior. Eso hace que uno detecte irregularidades con un año de retraso y no se responde de una manera actual.
Lo que las entidades de fiscalización están comenzando a discutir es cómo generar nuevas metodologías para auditar en tiempo real y el ejercicio fiscal que está corriendo, respondiendo a los principios constitucionales para mejorar y que podamos ser más eficientes en la fiscalización y ayudar a detectar estos actos de corrupción.
Una de las cosas que investigó la Fiscalía salvadoreña en el caso de los expresidentes es que usaron un mecanismo un poco sofisticado para desviar fondos. Ante esto, ¿cómo puede la Corte de Cuentas y las instituciones competentes tener mecanismos de control más sofisticados que eviten desvío de fondos?
Cada vez vemos que los actos de corrupción son más complejos, más sofisticados y más difíciles de detectar; implican una serie de redes, de contactos entre el sector público y el sector privado que no dejan rastros o procuran no dejar un rastro muy evidente de lo que se va haciendo. Allí las entidades de fiscalización nos tenemos que preguntar qué podemos hacer en el marco de nuestras funciones para sofisticar nuestros métodos y herramientas para detectar hechos de corrupción.
Por ejemplo, en la Auditoría de la Federación estamos trabajando en la utilización de tecnología de la comunicación. En México tenemos un sistema de facturas y comprobantes fiscales que son electrónicos y eso genera una base de datos…
Tenemos que empezar a generar nuevas metodologías y utilizar nuevas herramientas para la fiscalización, porque cada día los actos de corrupción son más complejos y más difíciles de detectar… El cruce de datos, la utilización de Big data e inteligencia artificial pueden ayudar para detectar más rápidamente actos de corrupción.
La Fiscalía ha acusado a un expresidente de la Corte de Cuentas por supuestamente favorecer al expresidente que ahora está condenado por corrupción; incluso hubo otro que entregó un finiquito exprés al expresidente prófugo. ¿Qué puede hacer la Contraloría para propiciar que sus funcionarios denuncien ese tipo de procesos irregulares?
Es importante que se generen sistemas de protección para denunciantes. Si hay un denunciante al interior de una dependencia y esa persona detecta un acto de corrupción debe haber una entidad donde pueda acudir a poner la denuncia y que esa entidad lo vigile, pero que además lo proteja, por ejemplo, de alguna represalia. Incluso, se puede tener un método anónimo de denuncia con la idea no de detectar al denunciante sino el hecho de corrupción.
En muchas ocasiones los denunciantes van a tener miedo de denunciar por temor a que le inicien un proceso sancionatorio, a que lo corran, le quiten vacaciones, un ascenso, etc.
Lo que se tiene que hacer es fomentar la integridad al interior de la dependencia, que la gente la conozca y se apropie de ella, para que con toda confianza denuncie. Si lo hacen van a funcionar acorde a esos principios. Es importante fomentar la cultura de la denuncia, pero también de la legalidad. Así se podrá evitar que con los cambios de administraciones se pierda esa integridad.
Algo que también se ha dado en el país es que, si bien hay un Tribunal de Ética Gubernamental, ha sido cuestionado por no investigar casos que han llegado a sus instancias o tardan mucho en indagarlos. ¿Cómo se puede lograr entonces que la ciudadanía crea en estas instituciones?
La idea es romper con ese círculo de desconfianza a través de que vean que el sistema de integridad funcione, que los casos detectados son investigados de acuerdo a las reglas del debido proceso y debidamente sancionados, y que además si hay un daño a la Hacienda pública este es reparado. Si las personas no ven resultados, van a cuestionar porque la ciudadanía tiene un nivel bien bajo de tolerancia respecto a los hechos de corrupción. Tenemos una crisis muy fuerte de confianza ciudadana.
Con las entidades fiscalizadoras tenemos un plus, porque somos entidades respetadas y tenemos que conservar ese respeto y confianza ciudadana con el buen ejercicio de la rendición de cuentas y a través de un ejercicio íntegro, porque si no mantenemos esa congruencia dónde vamos a quedar.
La idea es que las personas vean que hay consecuencias si no usan los recursos como deben. Sí hay que mandar el mensaje de que se está haciendo (la fiscalización), aunque a veces no se vean los resultados de inmediato; que vean estrategias de prevención, sanción y erradicación de la corrupción.
¿Cómo lograr también que la ciudadanía tenga conciencia de que los hechos de corrupción se llevan su dinero, el cual proviene de los impuestos que pagan?
La idea es que las personas tengan conciencia de que viven en una democracia y que no implica solo que vayan a votar, la democracia es que como ciudadano forme parte de la toma de decisiones y pida cuentas a su gobierno. Tenemos que aprender a ser ciudadanos más activos.
En muchos países latinoamericanos nuestra única acción y contacto con el gobierno es ir a pedir un servicio o trámite, o ir a votar; y la única participación efectiva es ir a pagar impuestos. Es importante la participación ciudadana y que las personas se involucren como controladores y observadores sociales, que dentro de las comunidades las personas pregunten cómo se desarrolla un proyecto, cuánto es el presupuesto, de dónde van a salir los fondos, a quién hay que pedirle cuentas, etc.
Pero a veces los ciudadanos se encuentran con dificultades para que le den información pública o se les niega. ¿Cómo lograr que la ciudadanía no se desmotive y pide información?
La política de transparencia y rendición de cuentas es una política integral que va de la mano desde promover la integridad pública y promover que la gente sepa que puede acceder a la información y que aprenda pedirla y a quién solicitarla, para que no se vea como el derecho de unos cuantos, sino un derecho de todos. También hay que invitarlos a que la información es poder y que conozcan cómo les puede beneficiar tener esa información.
Y del otro lado hacer que el servidor público comprenda que es su obligación dar la información, porque es el garante y generador de esa información que la ciudadanía tiene derecho a tenerla. Si bien habrá límites por razones de seguridad, etc, que esos controles son los menos para garantizar el flujo de información entre el gobierno y los ciudadanos. Es un compromiso de todas las partes.