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¿Qué perdieron los ciudadanos y el país a partir del 1 de mayo?

Los salvadoreños que sufran mala praxis, opinen diferente al gobierno o sean objeto de vulneración a sus derechos han perdido el pleno acceso a la justicia.

Por Lilian Martínez | May 07, 2021- 21:00

En la primera sesión plenaria, diputados de Nuevas Ideas y de partidos afines nombraron a sustitutos de cinco magistrados destituidos. Foto EDH/ Jessica Orellana

Tres abogados consultados por El Diario de Hoy coinciden en que el acceso a la justicia ha sido vulnerado, así como se ha propiciado que los actos de corrupción cometidos durante lo que va de la pandemia queden en la impunidad. Manuel Escalante, abogado del IDHUCA, advirtió que la denominada “Ley para el Uso de Productos para el Tratamiento de Médicos en Situaciones de Salud Pública ocasionados por la pandemia de COVID-19” es una suerte de “perdón y olvido”, que “fomentando la impunidad” e impide acceder al derecho a la justicia a los salvadoreños.

“Perdimos seguridad jurídica y perdimos garantía judicial”

“Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación delos Poderes, carece de Constitución”. Así reza el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Este fue uno de los documentos en los que se basó la revolución francesa y en los que se basa la concepción de derechos ciudadanos que predomina en las repúblicas democráticas.

El 1 de mayo, al destituir a magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional y nombrar sustitutos sin seguir el debido proceso, la Asamblea Legislativa cometió dos ilegalidades, advierte el abogado Manuel Escalente. Pero también, y más preocupante, es que dejó a los salvadoreños sin seguridad jurídica y sin garantía judicial.

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El abogado especializado en Derechos Humanos, Alfredo Bonilla, lo explica así: “Ya no tenemos la suficiente certeza de que tenemos un tribunal lo suficientemente autónomo y que se apegue al derecho para que resuelva nuestros casos. Eso le da una mayor inseguridad jurídica a las personas o asociaciones que tengan una opinión distinta al gobierno actual”.

“La fiscalía ahora puede ser usada contra quienes opinan diferente”

El artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece: “Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la Ley”.

En opinión del abogado especializado en Derechos Humanos, Alfredo Bonilla, el hecho de que la Asamblea Legislativa haya destituido de forma inconstitucional al fiscal general y nombrado en su lugar a un abogado que “al parecer tiene como único criterio la pertenencia, filiación al gobierno actual” tiene un peligro: “Puede llevar a que la Fiscalía sea utilizada de tal forma que se persiga penalmente a las personas o agrupaciones que de alguna u otra opinan contrario a las acciones del gobierno central”.

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A través del nombramiento de los magistrados y del fiscal, advierte Bonilla, “el gobierno central se ha auto adjudicado la potestad de decidir justicia, entre comillas, para las personas que tengan un criterio diferente al del gobierno y lo expresen públicamente”.

“Lo que ha hecho el Estado es establecer una política de perdón y olvido”

Con la “Ley para el Uso de Productos para Tratamientos de Médicos en Situaciones de Salud Pública ocasionados por la pandemia de COVID-19” se impone de forma absoluta la impunidad. Así lo advierte el abogado Manuel Escalante. “Mucha gente me ha dicho ‘la vacuna es voluntaria’. Es verdad, pero si yo ejerzo un derecho, no por ejercer ese derecho se me eliminan los otros. Si una personas sufre un daño por un tratamiento, por una mala praxis o una negligencia, tiene derecho a la justicia y a la reparación”.

Pero dicha ley también defiende a los corruptos: “Lo que están haciendo aquí es una suerte de perdón y olvido. (…) Tenemos derecho al buen gobierno, al acceso a la información pública, estos derechos no deberían dejarse en el olvido”. De hecho, la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano de 1879, en su artículo 15, reza: “La Sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público”.

Escalante concluye: “Están fomentando la impunidad y el acceso al derecho a la justicia se ve afectado. Se resuelve la corrupción no porque no haya actos corruptos sino porque se legalizan”.

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