Doce funcionarios del gobierno están en la mira del Tribunal de Ética Gubernamental por supuestos actos de conflictos de interés al haber realizado compras de insumos de bioseguridad a empresas ligadas a sus familias para instituciones públicas, amparándose en la emergencia de la pandemia del COVID-19.
Estos doce expedientes de investigación son parte de más de 125 casos que el TEG ha abierto en el período de marzo a agosto de este año. La mayoría de esos casos fueron iniciados por denuncias de ciudadanos que acudieron al TEG y por iniciativa del referido tribunal al ser denunciados por publicaciones periodísticas y en redes sociales.
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El presidente del TEG, Néstor Castaneda, explicó que algunos de los 12 casos que involucran a ministros, funcionarios y exfuncionarios de este gobierno; ya se encuentran en la etapa de análisis jurídico en la que se determinará si hay los suficientes indicios para enviar a los denunciados a juicio o los exoneran.
“Los que tenemos son casos en los que puede haber conflicto de interés”, dijo Castaneda, quien agregó que también hay denuncias por la compra de insumos de bioseguridad con sobreprecio, es decir, a un precio mayor que en el mercado.
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También por la distribución de paquetes agrícolas, supuestamente, con fines partidarios y el caso de un ministro que dio a conocer su candidatura a alcalde de San Salvador en un acto del gobierno.
Aunque no dio el número de expedientes ni tampoco los nombres de los funcionarios que serían enviados a juicio, porque la ley se lo prohibe; Castaneda dijo que la mayoría de los casos que involucran a los funcionarios se han conocido de manera pública, ya sea a través de los medios de comunicación o en redes sociales.
En algunos de los casos, el presidente Nayib Bukele ya ha enviado los informes de los hechos por los que sus funcionarios son denunciados. “En esta semana está el grupo jurídico analizando en cuales casos si procede abrir a juicio o no.Entonces la próxima semana ya tendríamos ya casos a resolver”, dijo Castaneda.
El funcionario que es enviado a juicio tiene cinco días hábiles para presentar sus pruebas de descargo al TEG. Luego viene la etapa de verificación de los hechos denunciados, es decir, que el equipo de investigadores del referido tribunal tienen 20 días para comprobar el caso, ya sea obteniendo documentación o hablando con testigos.
Después de haber recopilado la suficiente información, viene el equipo jurídico del TEG la analiza y determina si el funcionario ha cometido alguna infracción a la Ley de Ética Gubernamental y se le impone la multa económica, según sea la falta cometida.
Entre los casos que se han conocido a través de publicaciones periodísticas o en redes sociales destaca el caso del expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge “Koky” Aguilar. Resulta que Insema, empresa familiar de Aguilar, le vendió máscaras protectoras al Ministerio de Salud Pública por un valor de $250,000 bajo la sombra de la emergencia por el COVID-19.
Estas máscaras fueron elaboradas con el material recolectado en la campaña “Reto recicla”; con la que el gobierno pagó 5 centavos de dólar por cada una de las 4.5 millones de botellas recolectadas.
El ministro de Salud Pública, Francisco Alabí, tiene tres denuncias. Una es por la venta de 26,000 pares de botas que hiciera una empresa de su familia al Ministerio de Salud Pública, por un monto de $225,000. La compra de mascarillas con sobreprecio, es otra de las denuncias en su contra.
La comisionada presidencial, Carolina Recinos, es investigada por el préstamo de $22,514 otorgado a su hermana, Susana Elizabeth Recinos Montes, por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), a pesar de que supuestamente no tenía capacidad para pagarlo.
El ministro de Agricultura, Pablo Anliker, tampoco se escapa del TEG. Tiene por lo menos dos denuncias de que los paquetes agrícolas son entregados con fines partidarios.
El resto de denuncias se refieren al incumplimiento de horario laboral de parte del empleado o funcionario, inasistencia sin justificación al centro de trabajo, alcaldes que han realizado actividades proselitistas en instalaciones municipales, uso de fondos públicos para actos partidarios y el mal uso de vehículos nacionales.