El expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes Castillo, fue condenado a ocho años de prisión por haber estafado a tres mujeres, según el proceso No. 263-3B-2019, del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
El exmiembro del gobierno de Nayib Bukele fue sentenciado el pasado 5 de octubre, sin embargo no ha sido enviado a prisión debido a que, de momento, el juez Cruz Antonio Pérez Granados ha notificado la sentencia de manera verbal.
Por su parte, el abogado de Paredes Castillo, Lisandro Quintanilla, dijo que le extraña que el juez del Tribunal Primero de Sentencia (de Santa Tecla) haya emitido una condena cuando tuvo a la vista los cheques que se le estaban entregando a las denunciantes, en un intento de devolverle el dinero que habían entregado por la compra de varios inmuebles.
LEE TAMBIÉN: Expresidente de BCR confirma que Bukele le pidió la renuncia
Quintanilla opinó que la condena impuesta es totalmente injusta, y que la misma no está firme. “El señor paredes sigue en libertad y así va a seguir hasta que se agote el último recurso que la ley franquea para eso”, advirtió.
Según la investigación judicial, las estafas realizadas por Paredes Castillo fueron cometidas en el 2006, contra Rosa Maribel R. de R., Cecilia Lissette R. y Yanira Esmeralda R. de R.
A pesar del fallo judicial, Quintanilla dijo que en ningún momento hubo estafa, sino que las víctimas se sintieron engañadas y estafadas porque el contrato de compra venta no se realizó porque había demasiados problemas en cuanto a todo el desarrollo habitacional pero dice que se llegó a un acuerdo de devolver la cantidad de dinero que habían entregado.
La primera de las víctimas, según el proceso judicial, relató que en 2006 tuvo conocimiento de que estaban lotificando algunos terrenos que se encontraban cerca del denominado Condado Santa Elena, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
TAMBIÉN: Gobierno tuvo $15 millones al día entre abril y agosto para pandemia
Para entonces, Rosa Maribel tenía la intención de invertir en negocios que se convertirían en patrimonio familiar; por ello decidió ir a conocer la lotificación y se hizo presente a las oficinas de la sociedad Lomas de Santa Elena, reza los documentos judiciales a los que El Diario de Hoy tuvo acceso.
Al llegar a la empresa, un vendedor le dio la información requerida: le mostró las maquetas de la zonificación de los lotes, los planos de los mismos y la acompañó a verificar en el sitio, los avances de la construcción.
En cuanto a los precios y la forma de pago, el vendedor le comentó a Rosa Maribel que eso debía ser negociado directamente con Paredes Castillo, quien se le presentó no solo como el representante de la sociedad sino como el dueño de los inmuebles lotificados.
La copia del fallo judicial dice textualmente: “Luego de las consideraciones pertinentes, el señor juez resuelve en cuanto a la responsabilidad penal, condenar al imputado Carlos Federico Paredes Castillo, a cumplir la pena de ocho años de prisión por el delito de estafa agravada…” , y luego hace referencia a la identidad de las tres víctimas.
“Respecto a la responsabilidad civil, se le condena de forma parcialmente abstracta, ello porque la cantidad de veinticinco mil dólares que el procesado había entregado a las víctimas como parte de los acuerdos conciliatorios, se tendrá por abonada a la responsabilidad civil y el resto deberá acreditarse en la vía civil porque en el juicio no se probó un monto específico en relación al procesado”, indicó el juzgador.
¿Por qué está libre a pesar de la condena?
El fallo judicial indica que: “Respecto a la medida cautelar, Fiscalía y querella, en sus alegatos o conclusiones finales, nada plantearon sobre la necesidad o no que este tribunal se pronunciase sobre la medida cautelar a la que el procesado debe de enfrentar la pena y no obstante que ellos (Fiscalía y querella) solicitaron una sentencia condenatoria, nada argumentaron o plantearon sobre los supuestos procesales para que el tribunal se pronunciara al respecto”.
El documento consigna que “reciente línea jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sostiene que para minimizar o para no comprometer la imparcialidad del juez, si la Fiscalía y la querella consideran que se debe decretar detención, deben darse la necesaria instancia, petición o requerimiento de la detención por un sujeto distinto al juez…”.
Al respecto, Ricardo Cruz, fiscal jefe de la Unidad de Patrimonio de la oficina fiscal de Santa Tecla, explico que Paredes Castillo fue procesado con medidas sustitutivas y el día de la vista pública (juicio) el juez decidió mantener las medidas pese a la resolución de condena, luego de que la defensa argumentó arraigo y condiciones de salud.
Según el jefe fiscal Cruz, para el pasado 19 de octubre estaba previsto que se les entregara la resolucíón judicial por escrito y, entonces, quedaría la resolución en firme, además preveían que el juez mantuviera la medidas sustitutivas, pero de ser así, la Fiscalía apelaría. Sin embargo, 40 días después de que se diera a conocer el fallo, la diligencia aún no se ha realizado.
Por su parte, el abogado Quintanilla advirtió que una vez que el Tribunal les entregue por escrito la sentencia presentarán una apelación ante la Cámara respectiva y que en caso de que el resultado sea adverso, todavía les quedaría el recurso de casación ante la Sala de lo Penal.