Un barco que era de bandera panameña, ligado a una empresa extraterritorial del conglomerado Alba Petróleos de El Salvador, permaneció anclado tres años y medio en el Puerto de La Unión y abandonó la terminal marítima sin pagar más de medio millón de dólares a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) por los servicios que la autónoma le brindó.
La embarcación, de nombre “Guazapa I”, no canceló $517,668.09 de los $926,446.38 que reporta a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Cepa, como costo de los servicios brindados en la terminal portuaria, los cuales debían ser pagados antes de permitir su salida del mar salvadoreño, ya sea a un astillero o a su país de origen.
Además se confirmó con Cepa que el barco llegó un 23 de octubre de 2015 y partió el 4 de abril de 2019, tres años y seis meses después de su arribo.
El buque, según documentos de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), pertenece a la sociedad Guazapa S.A., una empresa que, según la investigación del periódico La Prensa Gráfica, es una compañía con ventajas fiscales inscrita en Panamá que está relacionada con Atlantic Pacific Logistic, y que no tiene operaciones en ese país, aunque si realizó pagos a Cepa con la empresa Remar S.A. de C.V. que ascienden a $408,788.29, indica la información brindada por la autónoma.
Atlantic Pacific Logistic, según esa investigación, recibió más de $150 millones en préstamos de Alba Petróleos, que es una empresa de economía mixta creada por alcaldías del FMLN y la petrolera PDV Caribe, filial de PDV S.A.
Por su parte Remar S.A. de C.V. es una sociedad que los datos del Centro Nacional de Registros (CNR) confirman que es una agencia naviera que ha sido intermediario de Guazapa S.A. y ha realizado una buena parte de los pagos a Cepa, aunque según la documentación revisada por este periódico no hay abonos realizados en el último año a la autónoma.
Es de destacar que, según una carta enviada el 15 de junio de 2018 por el director general de la Autoridad Marítima de Panamá, Fernando Solórzano, el barco fue expulsado del registro panameño en abril del año pasado por “abandono de nave” desde el 24 de noviembre de 2016, según los registros de dicho país, y esto conllevó que se le retirara la bandera panameña de navegación.
Por ello a mediados de junio la sociedad Guazapa S.A. cambió su representante legal, José Ernesto González, pidió prórroga para continuar con el barco atracado en el puerto y presentó, el 19 de julio de 2018, una solicitud de desguace (desmantelamiento) aduciendo que el buque había perdido su capacidad de navegación.
“Al obtener ante la AMP esta autorización presentaremos un plan de pago a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma por su estadía en el puerto de La Unión”, dijo la sociedad Guazapa S.A. en la carta a la Autoridad, aunque se desconoce porque no se cumplió este plan y las razones por las que no se ejecutaron las garantías de obra.
El barco Guazapa, según los archivos consultados, estaba acondicionado para trasladar derivados del petróleo y recibió una multa de casi $10,000 por las prórrogas que pidió e incumplió ante la AMP a mediados del año pasado.
También es de destacar que en octubre de 2018 en otra carta a la AMP, el representante legal de Guazapa S.A. solicitó trasladar el buque hacia Formosa S.A. de C.V., un astillero cercado al puerto de La Unión y que se buscó a la Corporación Salvadoreña de Inversiones (Corsain) para alquilar un remolcador para mover el buque, un aspecto que en esa fecha no se concretizó.
Varias de la facturas que Cepa entregó vía Ley de Acceso a la Información confirman pagos de hasta $23,065.56 por servicios mensuales de estadía en el puerto de La Unión, la mayoría hechos por la sociedad Remar S.A. de C.V., aunque otros fueron pagados de forma directa por Guazapa S.A.
Estas empresas, según registros de medios panameños, tienen demandas por servicios no pagados pero se desconoce si a la fecha también fueron saldados o si se ejecutaron embargos o otros mecanismos de cobro.
Se solicitaron los documentos de salida del puerto de La Unión del barco pero CEPA argumentó que no están en sus archivos y que eso es de la AMP.
Hay que recodar que en los dos gobiernos del FMLN, entre 2009 y 2019, hubo tres intentos por concesionar la operación del Puerto de La Unión, todos sin éxito, y que incluso se hicieron reformas de ley para facilitar la atracción de concesionarios.
Además, en los últimos años, la terminal ha funcionado con déficit, con el caso del período de 2017-2018 donde hay $11.7 millones de desequilibrio en gran parte porque solo se han atendido 95 barcos de menor envergadura y el único que permaneció ahí por tiempo casi indefinido fue Guazapa I.
En un evento de CEPA a finales de abril se buscó al presidente de la institución, Nelson Vanegas, para que explicara sobre el barco y su deuda pero solo dijo que ellos estaban realizando los pagos y no confirmó si se había ido o no del puerto de La Unión.