Autoritarismo de Bukele pone en máxima alerta a los observadores internacionales

Conocedores del quehacer nacional como la ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte y otros expertos que trabajan con programas de cooperación, analizan el estado dictatorial encaminado por Nayib Bukele.

Mari Carmen Aponte, exembajadora de los Estados Unidos en El Salvador. Foto EDH / Archivo

Por Tomás Guevara

May 03, 2020- 21:43

La ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, recordada por lidiar con pulso de cirujano, como la voz y oídos del gobierno estadounidense en nuestro país, las diatribas y altercados del entonces presidente Mauricio Funes (2009 – 2014) contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a la que al final se subordinaba como manda el ordenamiento jurídico del país; hoy la ex diplomática estadounidense mira con preocupación como El Salvador da un vuelco hacia el autoritarismo bajo el ejecutivo de Nayib Bukele.

Aponte, también ex subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, comparte espacio en un análisis presentado por el tanque de pensamiento Diálogo Interamericano, que evalúa la situación de El Salvador con serios reportes de violaciones a derechos humanos recogidos por organismos nacionales e internacionales y que han disparado las alertas de las fuerzas democráticas dentro y fuera del país.

El informe presenta bajo el título: ¿Opera Bukele en El Salvador por encima de la ley?, los análisis de conocedores del país y la región, que hablan para advertir de los claros signos de retrocesos en nuestro país en cuanto derechos fundamentales y democracia bajo la administración de Bukele.

La embajadora de la administración del expresidente Barack Obama ha marcado toda la bitácora de las acciones del Nayib Bukele para socavar el andamiaje institucional del país, conseguido y puesto a prueba desde los Acuerdos de Paz, (1992) después de 12 años de conflicto armado.

“En las democracias constitucionales modernas, incluso en el mundo pandémico de hoy, los poderes presidenciales no son ilimitados. En consecuencia, cuando el presidente salvadoreño (Nayib) Bukele declaró recientemente que no cumpliría con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, fue extraordinario. Independientemente de las circunstancias, dicha acción debería ser motivo de preocupación para los salvadoreños”, explica la ex embajadora Mari Carmen Aponte en su análisis.

A esto se suma que en las últimas 12 semanas el mandatario salvadoreño ha emprendido acciones que desafían y socavan las ramas legislativa y judicial, que en un Estado de Derecho son co-iguales al ejecutivo y que sirven de pesos y contrapesos para el ejercicio de la administración pública. Pone como ejemplo las acciones tomadas desde Casa Presidencial el día 23 de abril cuando a través de su cuenta de Twitter, Bukele, “cerró la legislatura cuando se reunió para anular los vetos presidenciales al declarar, sin evidencia, la presencia de Covid-19 en el seno legislativo”, continuo Aponte.

La ex embajadora mira entre líneas y con preocupación como las acciones del ejecutivo salvadoreño son una clara violación a los principios y compromisos del país a la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA, una instancia de la que su Secretario General, Luis Almagro se ha mantenido en silencio sobre las acciones de Bukele desde el 9 de febrero reciente que amenazó con disolver con el uso de las fuerzas armadas el aparato legislativo del país.

MIRA TAMBIÉN: Congresistas estadounidenses instan a Bukele a no usar COVID-19 como pretexto para socavar la Constitución

Almagro se preció desde antes de la asunción de Nayib Bukele a Casa Presidencial de tener una sólida amistad con el equipo del joven mandatario salvadoreño; también por su cercanía con su ex subalterna en la OEA, Alexandra Hill, hoy ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador quien laboraba para una de las secretarias de la organización en Washington antes de jurar al cargo como jefa de la diplomacia salvadoreña.

La ex embajadora Aponte coincide con otros expertos en que los gobiernos deben disponer de acciones para contrarrestar la enfermedad causada por Covid-19 como el crear cordones sanitarios o cuarentenas, pero incluso esas acciones deben mantener el equilibrio para conservar la salud de la población y las libertades civiles.

“Ya ha habido expresiones de preocupación en la Unión Europea por el hecho de que El Salvador haya utilizado la pandemia para justificar abusos contra los derechos civiles. Del mismo modo, el senador estadounidense Patrick Leahy y el representante estadounidense Eliot Engel han pedido al presidente Bukele que respete los fallos de la Corte Suprema. Con menos de un año en el cargo, este popular presidente se ha colocado por encima de la ley”, agrega la ex diplomática.

Primeros acciones y luego represión

Para la directora principal de programas de la Fundación para el Debido Proceso, Leonor Arteaga, una organización no gubernamental que trabaja con programas de asistencia en El Salvador para la aplicación de la ley en todos los estamentos del estado, valora los matices en la respuesta temprana del ejecutivo salvadoreño a la pandemia del coronavirus con las medidas draconianas que se fueron implantando.

La respuesta temprana de cerrar fronteras, prohibir las reuniones masivas, poner en cuarentena a viajeros, e imponer una severa cuarentena incluso antes de tener un solo caso en el país, esas acciones fueron celebradas por muchos como el mejor paso a tomar para hacer frente a la amenaza sanitaria, pero las grietas de ese plan pronto empezaron a drenar el zumo del autoritarismo.

“Al hacer cumplir estas órdenes, las fuerzas de seguridad, con la autorización del presidente Bukele, han detenido arbitrariamente a cientos de personas en centros de contención con condiciones sanitarias inadecuadas. La Corte Suprema de Justicia ha emitido tres fallos que prohíben estas detenciones, que Bukele ha desestimado públicamente. Esto amenaza la separación constitucional de poderes, un pilar esencial del gobierno democrático.

También envía un mensaje preocupante de que cualquiera puede desafiar las decisiones de los tribunales superiores, especialmente las cruciales que involucran violaciones de derechos humanos”, enumera la analista Leonor Arteaga.

Esta notable abogada de origen salvadoreño que se unió al Fundación para el Debido Proceso en Washington, desde el año 2012, tiene a su cargo también la investigación sobre Impunidad y graves violaciones a derechos humanos en el hemisferio, le preocupa además que amplias franjas de población en El Salvador, embelezadas con la propaganda oficial se dejan llevar por la onda populista que arrasa el país y que pone la institucionalidad y el porvenir democrático en serio riesgo.

Para Arteaga, el gobierno ha sacado provecho malsano a atención de la pandemia del coronavirus, una crisis sanitaria global que ha puesto a todo el planeta en aprietos y también a prueba los talantes y habilidades de los gobiernos para sufrir el zarpazo de la enfermedad que supera los 245 mil fallecidos en el mundo y más de 3 millones de contagiados.

ADEMÁS: Nayib Bukele ha girado hacia el autoritarismo en un mes de cuarentena obligatoria

“Bukele no parece comprender que el gobierno debe ser firme y serio, pero no arbitrario y engreído. Bukele y sus partidarios insisten en que las medidas severas para combatir a Covid-19 pondrán a su administración en el lado correcto de la historia.

Sin embargo, nos preocupa que estemos presenciando un campo de pruebas de hasta qué punto se puede estirar el poder ejecutivo, ahora y posiblemente en el futuro cercano. Permitir los poderes extraordinarios en curso del presidente es más peligroso de lo que es potencialmente beneficioso”, ahonda la analista de la Fundación para el Debido Proceso.

Al los poderes legislativo y judicial del país les insta a actuar con más valentía, y al legislativo salvadoreño le recuerda que una Ley de Salud Pública para la emergencia podría ser suficiente para campear la crisis, esto en lugar de poner parches una y otra vez a los huecos que abre la crisis.

Desde el ámbito salvadoreño Diálogo Interamericano tomó el análisis de Carlos Dada, aunque los editores solicitaron también la postura de la Embajada de El Salvador en Washington, pero al cierre de su informe de este fin de semana no hubo respuesta de la legación diplomática en la capital estadounidense.

Dada analiza las secuencias del autoritarismo que se han ido perfilando en el país con el uso de imágenes cuidadosamente preparadas por el aparato de propaganda de Casa Presidencial, para crear las narrativas que calen en la población, sumado a la forma de proporcionar las órdenes hacia abajo en el organigrama del ejecutivo. El efecto de la pandemia ha caído como anillo al dedo en el proceso, según refiere el periodista y fundador de El Faro.

”Ha hecho uso de fotografías y propaganda como su estrategia clave. En menos de un año, ha logrado que las organizaciones internacionales de derechos humanos expresen públicamente su preocupación o condena por el avance de un régimen autoritario en El Salvador. Trató de orquestar un golpe militar contra la Asamblea Legislativa en febrero y ha declarado a periodistas, defensores de los derechos humanos, opositores y críticos como enemigos del estado. En marzo, cuando era evidente que el coronavirus llegaría a El Salvador, ya estábamos viviendo una profunda crisis política”, explica Carlos Dada.

Para el fundador de uno de los primeros medios de comunicación de El Salvador que sufrió acoso y bloqueos para ejercer el libre periodismo en el país por parte de la administración de Nayib Bukele, lo más preocupante de todo este proceso es que la pandemia causada por Covid-19 ha contribuido para que el mandatario pueda consolidar un plan orquestado con antelación que consiste en la persecución contra opositores, consolidar su alianza con la Fuerza Armada y también desmontar la institucionalidad democrática del país.

“Su respuesta a la pandemia se ha caracterizado por actos arbitrarios que incluyen detenciones y asedios militares de ciudades enteras sin una sola medida de salud; por una gestión desastrosa de centros de cuarentena y hospitales y un avance en su agenda autoritaria y antidemocrática”, puntualiza Dada, y señala con preocupación que la retórica de odio, autoritarismo y populismo goza todavía de muchos adeptos entre los salvadoreños”.

VER TAMBIÉN: INFOGRAFÍA: Hay 384 denuncias por violación de derechos sólo en San Salvador

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