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Autónomas estarán a merced de intereses particulares y oficialistas

Ahora cualquier empresa con intereses particulares podrá estar en las juntas directivas de instituciones que manejan mucho presupuesto y regulaciones económicas, según la directora ejecutiva de la ANEP, Leonor Selva.

Por Karen Molina | Jun 04, 2021- 22:00

Fotografía de archivo de la primera reunión de junta directiva de CEPA. Foto Cortesía / CEPA

Ahora que el gobierno de Nayib Bukele ha sacado a representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de 23 instituciones autónomas y descentralizadas, éstas quedarán a merced de que cualquier empresario o persona particular con intereses específicos integre sus juntas directivas y “sea tapadera” de las decisiones que se toman en ellas.

Instituciones con mucho presupuesto y proyectos claves como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa) o las que regulan a sectores económicos claves como la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) son algunas de las que estarán ahora a disposición de intereses particulares.

Según la directora ejecutiva de la ANEP, Leonor Selva, “habrá un riesgo de conflicto de intereses, de que empresas individuales puedan presentar candidatos a miembros de juntas directivas de estas autónomas”.

“Se está concretando el interés de evadir todo tipo de contraloría ciudadana y la rendición de cuenta que otros gobiernos intentaron en el pasado”, señala la gremial en un comunicado.

Hasta antes de estas reformas, aprobadas por la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista de Nuevas Ideas, los representantes del sector productivo- que además no eran mayoría dentro de las juntas directivas- ejercían un rol de contraloría y presentaban sus votos a favor o en contra dependiendo de la legalidad de las acciones o del beneficio de los proyectos.

“En la mayoría de las autónomas, la máxima instancia es la junta directiva, que está conformada por el presidente o la cabeza de la institución, una serie de ministros y en algunos casos, representantes de los trabajadores, representantes del sector privado y de la academia”, explicó Selva.

En estas reuniones la junta directiva aprueba políticas y planes anuales de trabajo que implican inversiones millonarias que se toman en consenso y con diversidad de opiniones. Si algo está fuera de la ley, cualquier representante de la Junta puede votar en contra y sentar su postura sobre un proyecto que no comparta y queda plasmado en las actas finales.

“Estas viejas prácticas traerán más nepotismo, despilfarro y corrupción al interior de las entidades autónomas”, advierte ANEP

Pero ahora, hay un mayor riesgo de que sean representantes afines al Gobierno los que voten por sus propios intereses y oculten información sobre manejo de fondos y regulaciones a favor o en contra.

Según la ANEP, estas autónomas manejan aproximadamente 2,045 millones de dólares al año en diferentes proyectos.

Esto ya ocurrió en 2012, cuando el expresidente Mauricio Funes, retiró de facto a los representantes de la empresa privada de 19 instituciones autónomas.

Una de ellas fue el Banco Hipotecario, una institución manejada por una junta directiva desde donde se desviaron $350 millones a espaldas de la representación privada.

Su eliminación de instituciones importantes solo pudo frenarse después que la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto los decretos y pidió a Funes restituir a varios de esos representantes.

Sin embargo, el escenario actual ahora es distinto pues Selva afirma que no confían en que la Sala de lo Constitucional haga lo mismo esta vez tomando en cuenta que sus magistrados fueron impuestos por la oficialista Asamblea Legislativa el 1 de mayo.

“Advertimos a la población que estas viejas prácticas traerán más nepotismo, despilfarro y corrupción al interino de las entidades autónomas”, recalca.

El presidente de la República, Nayib Bukele, justificó anoche, durante una conferencia de prensa que la decisión de la Asamblea Legislativa no excluye a la ANEP de participar posteriormente en la representación de la juntas directivas.

Selva dejó claro, además, que no es la ANEP la que decidía la representación empresarial en las juntas directivas. De esas 23 autónomas, solo en 6 habían representantes nombrados por la gremial, pero el resto han sido representantes elegidos por sus respectivos sectores, cuidando, además, que no tengan un conflicto de intereses de las juntas que integran.

La ANEP está integrada por 50 sectores y 55 subsectores económicos.

Bukele margina a sector privado de autónomas para colocar a afines

Instituciones tripartitas

En otras instituciones como el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) la representación de la empresa privada tiene el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por lo tanto, sus representantes no deben ser puestos por el Gobierno pues esto viola la libertad de asociación y representatividad.

De hecho, la próxima semana el Estado salvadoreño, a través del ministro de Trabajo, Rolando Castro debe explicar ante la OIT las violaciones a estos derechos laborales, en alusión a los casos que iniciaron desde 2012 y ahora, que se agregan los del gobierno actual.

Selva dijo que tras las reformas el Gobierno se atribuye, ahora, mecanismos para quitar a representantes del sector privado de las autónomas, algo que ni ellos como gremial podían hacer una vez que estos eran nombrados.

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