Durante el juicio contra la exprimera dama, Ana Ligia de Saca, la Fiscalía General de la República la acusó de que valiéndose de una organización fantasma -Asociación Familias en Progreso- fueron desviados 1 millón 105 mil dólares desde las cuentas Casa Presidencial durante la gestión de Elías Antonio Saca, ahora convicto por lavado de dinero.
Y esta semana, en su afán para que la sociedad civil tome conciencia del riesgo de ser víctimas o canales del lavado de dinero o del financiamiento del terrorismo y para que los países miembros luchen contra esos delitos, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) realiza una campaña de difusión de la Recomendación 8 de ese organismo, la cual atañe a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
El Salvador pertenece al GAFIC, una organización de estados y territorios de América y del Caribe que han acordado poner en práctica contramedidas comunes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El GAFIC pertenece al Grupo de Acción Financiera Internacional que aglutina a más de 200 países miembros y que son representados por los fiscales generales o ministros de Hacienda o Finanzas.
La Recomendación 8 es solo una de 40 que este organismo creó como parte de su lucha contra esos delitos transnacionales y que, de acuerdo con la Fiscalía General, habrían penetrado a la esfera de Casa Presidencial durante la gestión de Saca.
Más filtros para asociaciones privadas confiables
Algunas recomendaciones que el GAFIC hace para evitar que las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) puedan servir para lavar dinero o financiar terrorismo:
1 Requerir que las OSFL sean autorizadas o estén debidamente registradas.
2 Requerir que las OSFL mantenga información sobre: propósito y objetivos de sus actividades, así como la identidad de la persona que controla o dirige sus actividades.
3 Estas entidades deben emitir estados financieros anuales.
4 Requerir que cuenten con controles apropiados.
5 Requerir que adopten medidas razonables para confirmar la identidad de sus beneficiarios.
6 Requerir que conserven registros de transacciones por un período de al menos cinco años.
Esa Recomendación se refiere a que las Organizaciones sin fines de lucro (OSFL) son susceptibles o ser utilizadas para lavar dinero o activos, recibir o desembolsar financiamiento para el terrorismo.
De acuerdo a lo ventilado por la Fiscalía General, Ana Ligia de Saca fungió como representante legal de la Asociación Familias en Progreso en el período presidencial de su esposo y Casa Presidencial era uno de sus donantes para que cumpliera con su finalidad de “ayudar a las familias de escasos recursos”.
El GAFIC establece en su recomendación 8 que los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades que pueden ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo o para lavar dinero. “Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables”, reitera el organismo.
Claudia Guadamuz, asesora legal para América Latina y el Caribe del International Center for Not-for-Profit Law, con sede en Washington, impartió una charla a periodistas sobre la importancia de que la sociedad sepa de dónde provienen los fondos que una asociación le patrocina o regala, lo que es vital para cerrar espacios al lavado de dinero y activos, y al terrorismo.
Guadamuz reitera que cada país debe tener sus filtros y aplicarlos.
Se planteó como particular que si una organización recibe cooperación de una entidad holandesa siempre se le aplican restricciones, a pesar de que Holanda tiene altos estándares que cumplen organizaciones que cooperan financieramente.
En la charla planteó que así como los bancos tienen oficiales de cumplimiento de movimientos sospechosos de fondos, las organizaciones o asociaciones sin fines de lucro deben poner atención cuando, por ejemplo, una empresa que se supone está establecida en Colombia u otro país y ofrece un millón de dólares a una organización en Centroamérica, pero los posibles receptores dicen: “pero yo esa empresa no la conozco, no he tenido ninguna relación con ella”.
Este organismo considera que el crimen organizado puede penetrar con dinero a entidades sin fines de lucro “para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos”.
Según la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), entre los años 2002 a 2017, el Gobierno salvadoreño transfirió $140.9 millones a 129 organizaciones y 64 fundaciones sin fines de lucro. De esas, 62 recibieron dinero durante el gobierno de Saca. “Se percibe una alta discrecionalidad en la asignación de los recursos destinados a entidades privadas con afinidad a funcionarios, diputados o miembros de partidos políticos”, dice Funde .
A su vez esta entidad recomendó hace unos meses que se debe mejorar la transparencia en la gestión de estas actividades y rendir cuentas sobre los recursos asignados, además de perfeccionar las medidas de otorgamiento, evaluación y fiscalización de los fondos transferidos.
Lavado a través de Oenegés o asociaciones privadas
En los últimos años, varios funcionarios o exfuncionarios han resultado implicados en desvió o presunto desvío de fondos públicos para asociaciones, en algunos casos inexistentes. Eso llevó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema -en julio de 2017- a inhabilitar a la Asamblea Legislativa de poder trasladar fondos a entidades privadas.
La Sala argumentó que en el presupuesto de 207, la Asamblea transfirió $6.4 millones a asociaciones en las que figuraban exdiputados o familiares de estos.
La Fiscalía General de la República procesa actualmente a la esposa del expresidente Saca y 12 imputados más, entre ellos exfuncionarios y publicistas capturados en la Operación Destape a la Corrupción, por haber desviado un millón 105 mil dólares desde Casa Presidencial hacia la Asociación Familias en Progreso.
Aunque según un informe sobre entidades receptoras de transferencias de Casa Presidencial (2004-2009) esa asociación solo recibió $468,426.76.
La Asociación Familias en Progreso era una institución sin fines de lucro que, en apariencia, se dedicaba a financiar proyectos de emprendimientos de familias de escasos recursos para salir de la pobreza, liderada por la ex primera dama, y que, no obstante haber recibido la millonaria cifra, nunca presentó registro de personas beneficiadas.
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Discrecionalidad en asignación de recursos
En vez de cumplir una función social -argumenta la Fiscalía General- los fondos fueron a parar a las cuentas personales de Saca, siendo esto un ejemplo de lavado de dinero y peculado.
Transfiriendo desde el Estado
Las transferencias de fondos públicos que son realizadas a asociaciones y fundaciones sin fines de lucro se respaldan en los artículos 7 y 9 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro y, de acuerdo a esa ley, se entiende que este tipo de entidades no persiguen el enriquecimiento de quienes las fundan o administran.
Por lo tanto, la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, las declara entidades “de utilidad pública”, pero sí deben estar debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
Durante el gobierno de Saca, se transfirieron fondos públicos a 62 entidades sin fines de lucro por un monto global de $9,070,990.
Todo esos fondos fueron aprobados a través del Presupuesto General de la Nación, pero fueron asignados a discreción de la Presidencia de Saca a las respectivas entidades, en varios de los casos sin que hubiera informes o convenios, como lo ha expuesto el Ministerio Público en el caso de la Asociación Familias en Progreso.