Asamblea solo ha auditado siete veces a la Corte de Cuentas en 24 años

Un estudio de varias organizaciones, financiado por USAID,recoge hallazgos en informes de auditoría de los períodos 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2016. Corte no dio el informe de 2014.

Corte de Cuentas de la República. Foto EDH / Archivo

Por Katlen Urquilla

Nov 25, 2019- 05:30

Aunque por ley la Corte de Cuentas de la República (CCR) tendría que haber sido auditada por la Asamblea Legislativa desde 1995, en estos 24 años solo ha sido fiscalizada en 7 ocasiones.

El último período que el Órgano Legislativo auditó al ente contralor fue el de 2016, es decir que de 2017 y 2018 no hay ninguna fiscalización, mientras que el primer período auditado fue el de 2010, pero se realizó hasta 2012, según una investigación realizada como parte del proyecto Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas, financiado por USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ).

El observatorio es una iniciativa de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Asociación Conexión al Desarrollo de El Salvador, y Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda).

La institución que fiscaliza a todas las entidades del Estado pasó 15 años sin que la Asamblea la auditara como lo ordena la ley.

“Una vez que el Presidente de la Corte rinda el informe prescrito en el Artículo 199 de la Constitución a la Asamblea Legislativa, esta con el soporte técnico de una firma de auditoría debidamente acreditada en el país y seleccionada mediante concurso público por parte de la Asamblea Legislativa, practicará a la Corte examen de su situación patrimonial, financiera y de sus actividades operacionales o de gestión”, establece el artículo 112 de la ley de la Corte de Cuentas, vigente desde 1995.

En el estudio de las organizaciones se indica que “es importante que la CCR sea objeto de una auditoría externa, pues, así como esta fiscaliza el desempeño del resto de las instituciones estatales y las entidades privadas que reciben o gestionan fondos públicos, también debe ser sujeto de una fiscalización externa”.

Este año la Asamblea ha incorporado en su presupuesto para 2020 una partida de $300,000 para hacer auditoría a la Corte de Cuentas.

La presidenta del ente contralor, Carmen Elena Rivas Landaverde, ha dicho que están anuentes a las auditorías y que esperaba que ahora que la Asamblea retomará esa facultad que le da la Constitución, la fiscalización abarque también el periodo de 2019.

Los últimos hallazgos
En las últimas auditorías que la Asamblea mandó a hacer a la Corte, que comprenden los años 2015 y 2016 y cuyo costo fue de $375,000, se detectó que, por ejemplo en el área financiera, hubo compras por libre gestión (es decir, desde los $6,083 hasta $73,000) con fondo circulante (caja chica), según se detalla en el estudio del Observatorio Ciudadano, el cual fue terminado a mediados de noviembre.

También detectaron que hubo “gastos por $158,000 en la contratación directa de un grupo de consultores externos por libre gestión, lo cual no contribuyó a la finalidad de disminuir la mora procesal existente en la Cámara de Segunda Instancia, en parte porque no se les requirió un producto determinado”.

En el documento se detalla que de un total de 933 expedientes pendientes al momento de la contratación, los consultores solo elaboraron 188 proyectos de sentencias, lo que equivale a un 18-19% de la totalidad;además señala que hubo incumplimiento en la entrega de los productos estipulados en las órdenes de compra.

Otros hallazgos señalados en la auditoría, en relación a aspectos de control interno, fueron que “no se presentó evidencia de la evaluación de desempeño del personal de la Corte de Cuentas; no se promueve el concurso interno para ocupar puestos vacantes; había personal cumpliendo tareas distintas de aquellas para las cuales ha sido contratado; y hubo contratación de personal que no cumple los requisitos de ingreso.

La auditoría también apuntó que encontraron que bienes inmuebles de la Corte estaban sin inscripción en el Registro de la Propiedad; y que la Cámara de Segunda Instancia no tenía un inventario de la mora judicial que arrastra desde hace varios años.

Pero también hallaron que en lugar de asignar el combustible en función de necesidades de servicio comprobadas, se asignaban cuotas elevadas e injustificadas de vales de gasolina a las jefaturas de la Corte, y que había combustible sin liquidar en el periodo 2015 y 2016 asignado a los magistrados de la Cámara de Segunda Instancia.

En el área legal, los auditores externos detectaron que, por ejemplo, había diferencias en declaraciones mensuales de retención del Impuesto sobre la Renta con relación al informe anual. Además, hallaron que los expedientes del personal carecen de información y documentación de respaldo y había expedientes de contrataciones incompletos.

También encontraron que las instalaciones de la Corte de Cuentas no cuentan con medidas de seguridad ocupacional mínimas;y que el registro de los viajes que realizaron en el exterior, reportado en página web, no coincide con datos de contabilidad, entre otros hallazgos.

Durante el ejercicio de 2015 y el primer semestre de 2016, el presidente de la Corte de Cuentas era Johel Humberto Valiente, el primer magistrado era Raúl Antonio López y el segundo, Marco Antonio Grande. Y a partir de noviembre de 2016, la presidencia la ocupó Rodrigo Antonio Barahona y en la primera y segunda magistratura estaban Nolberto Osmín Cunza y Karen Yamileth Cruz, respectivamente, consigna el estudio.

Las otras auditorías
De acuerdo a la investigación que hicieron las organizaciones, no se ha revelado el informe de auditoría sobre la situación patrimonial y financiera del periodo 2014 bajo la presidencia de Johel Humberto Valiente (a partir del segundo semestre). La auditoría costó $271,200.
“Al cierre de la investigación, no se ha tenido a la vista este informe”, dice el estudio culminado este mes.

Pero en el informe para el ejercicio 2015 y 2016 se incluyen las recomendaciones de los auditores en el informe de 2014 que estaban en proceso de cumplimiento.

“Actualizar y modificar el Manual de Puestos, vigente al 2014, para estipular la obligación del encargado de remuneraciones, registro y control de personal de elaborar planilla y mantener actualizado el sistema de información sobre este punto”, se detalla en el documento.

Además recomendaron “crear el Manual de las Políticas y Procedimientos y su Mapa de Procesos de la Dirección de Recursos Humanos y de la Dirección Financiera” y que “se establezca un plan de acción ante posibles situaciones o contingencias por la Dirección Financiera”.

En el caso de la primera fiscalización que le hicieron a la Corte en 2010, el estudio detalla que hubo 119 hallazgos, de los cuales 8 no habían sido solventados al momento de la investigación.

Mientras que en la auditoría de 2011 encontraron 11 reparos, específicamente en los estados financieros, en la gestión operativa y en el cumplimiento legal.

En 2012 hubo 14 hallazgos, casi todos en los estados financieros y cumplimiento de control interno.

Y en la auditoría de 2013 hubo 24 reparos a la gestión, de los cuales 13 fueron a la gestión operativa; 6 a los sistemas de información; 4 al área de recursos humanos y uno al área financiera de la Corte.

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