Asamblea reconoce a Corte Interamericana pero no frena estudio ley de Reconciliación

Diputados admiten que el organismo tiene jurisdicción en el tema, pero su alcance no logra paralizar el trámite de formación de ley

Foto EDH/Archivo

Por Eugenia Velásquez

May 30, 2019- 04:18

Ante la orden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a la Asamblea el pasado martes, de suspender las consultas en el proyecto de Ley de Reconciliación, los diputados admiten que el organismo tiene competencia para opinar sobre el proceso de formación de la ley, pero eso no implica que deban frenar las consultas que iniciaron el lunes a distintos sectores sociales para darle formación a una Ley de Reconciliación para cumplir con lo ordenado por la sentencia de la Sala de lo Constitucional en 2016.

En ese entonces los exmagistrados de la Sala ordenaron a los diputados de la Asamblea diseñar una ley que no deje en la impunidad a los hechos de delitos de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en la guerra civil y para eso derogaron la Ley de Amnistía de 1993.

GANA es el único partido que dice que la CIDH le da validez a los argumentos que han planteado, de que el proyecto tal como está elaborado actualmente no contempla el resarcimiento del daño a las víctimas del conflicto armado y tampoco cumple con el fallo de la Sala de lo Constitucional que mandata a no dejar impunes los delitos de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos.

“Estamos plenamente de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Salvador tiene tratados internacionales y dentro de eso está la CIDH y por lo tanto, eso debe respetarse, cada quien tiene una lectura diferente, pero en el caso de GANA somos responsables, fue la Comisión Interamericana que condenó al Estado para que resarciera los daños de la masacre de El Mozote y tuvo que respetar el gobierno, porque son sentencias que se deben respetar”, argumentó Vásquez.

En el resto de partidos hay una coincidencia y es que admiten que si bien el país firmó el Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, un Tratado no puede estar por encima de lo que mandata la Constitución de la República, expuso el diputado Rodolfo Parker, del PDC.

“Los Tratados Internacionales están por debajo de la Constitución”, expuso Parker ayer.

En ese mismo sentido, abogados constitucionalistas como Francisco Bertrand Galindo, manifestaron el martes pasado que la CIDH estaría entrometiéndose en la “soberanía” del país y que El Salvador firmó con ese organismo un tratado para conocer de casos de violaciones a derechos humanos que hayan ocurrido después de 1996 y no antes, es decir, que los crímenes de guerra de la década de los 80 no están incluidos.

Incluso, para el abogado y diputado Parker, la CIDH cometió un “error” al emitir su resolución en su intento de ordenarle a la Asamblea como legislar en la materia de resolver los daños a las víctimas del conflicto armado de los años 80.

“Partamos a que hace referencia a esa ley como si fuera un producto terminado, es un error de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están haciendo observaciones y objetando algo que aún no existe, es un error de la Corte Interamericana”, argumentó Parker.

Por el lado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, dijo que no están obligados a suspender las consultas con algunas de las organizaciones que dicen representar a las víctimas de la guerra a raíz de la resolución de la CIDH, para Hándal esa orden no es vinculante para el país.

Lo que los diputados dicen que no pueden objetar es el plazo perentorio que les dio la Sala de lo Constitucional el año pasado ante el poco avance que tenían en discutir la ley de Reconciliación, que es el 13 de julio próximo. Según el recordatorio que les hizo la Sala esa fecha es impostergable.

Sin embargo, el martes pasado el Benjamín Cuéllar, acompañado de otras organizaciones que respaldan una propuesta de ley distinta a la de la Asamblea, en la que exigen cárcel para todos los que resulten culpables de crímenes de guerra, interpusieron en la Sala de lo Constitucional un recurso para que otorgue cinco meses más a los diputados para que hagan una ley que realmente cumpla con el fallo.

Cuéllar argumenta que tienen el derecho de hacerlo, ya que fueron ellos quienes promovieron en la Sala de lo Constitucional la derogatoria de la Ley de Amnistía de 1993 precisamente porque daba impunidad a los autores y hechores directos de masacres reconocidas internacionalmente como la del Mozote.

El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, de ARENA, manifestó que no detendrán el proceso ni aun por el llamado de la CIDH, pero sí enviarán un informe de lo que han hecho sobre la ley como lo pide la Corte Interamericana. La fecha límite es el 19 de junio.

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