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Ponce señala a Gallegos de engrosar número de plazas en la Asamblea desde 2018

Según Ponce, cuando él y Quijano tomaron la titularidad del Órgano Legislativo, se toparon con gran cantidad de plazas trasladadas de contratos a Ley de Salarios.

Por Eugenia Velásquez | Mar 12, 2021- 21:00

De izquierda a derecha Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, y Guillermo Gallegos, diputado de GANA. Foto EDH Archivo

Tras las denuncias del sindicato de la Asamblea, de que hay 1,200 “plazas fantasmas” en el Órgano Legislativo; el presidente del Congreso, Mario Ponce, del PCN, salió ayer aclarando dicha situación.

Según Ponce, al asumir la administración de la Asamblea se encontró con que muchas plazas ya habían sido contratadas en gestiones anteriores, que trató de “ordenar la casa” pero no pudo por “intereses de otros partidos”, a pesar de que puso en marcha un decreto de retiro voluntario en el que ofreció hasta $35 mil de compensación para que “se fueran todos aquellos que no trabajan en la institución o que están demás en la institución ¿Cuántos creen que aplicaron en ese decreto? Solo 14 personas, no se quisieron ir”, lamentó Ponce.

Se refirió específicamente al periodo que hizo el diputado Guillermo Gallegos de GANA, como titular del Primer Órgano del Estado, en el último año y medio de la legislatura 2015-2018.

Ponce asumió el mando de la Asamblea en la segunda mitad de la actual legislatura. El primer año y medio lo hizo el diputado Norman Quijano, de ARENA, quien recibió las riendas de la Asamblea de manos de Gallegos, quien concluyó el segundo periodo de la anterior administración que finalizó en abril de 2018.

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“Tampoco puedo deshacer lo que otras administraciones hicieron en el pasado, el expresidente (de la Asamblea) Norman Quijano, a su salida, cuando me entrega, me entregó una situación complicada, él despidió personal de éstos que están mencionando, que habían sido contratados por el anterior presidente (Gallegos), una persona, un diputado que se jacta a los cuatro vientos, hizo mal el procedimiento y era la gente ‘mara cobra’, como dicen, pero los tribunales de justicia me obligaron a reinstalarlos”, manifestó Ponce en rueda de prensa ayer.

Cuando Quijano tomó posesión del cargo como presidente de la Asamblea en mayo de 2018 también hizo una denuncia en el mismo sentido. En esa ocasión denunció la contratación de 186 empleados entre febrero y mayo de ese año autorizados por Gallegos.

“Quiero decirles que éstas últimas (plazas) representan $258 mil mensuales, son 186 personas. Estos son traslados efectuados entre el primero de febrero de 2018 y el 4 de mayo de 2018. Como que había bastante prisa en trabajar en este tema”, denunció Quijano en ese entonces.

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Agregó que solo en el último mes de abril, la administración de Gallegos contrató a 19 personas por contrato y a 16 por Ley de Salarios y que la mayoría de los sueldos oscilaban entre $650 y $1,600 mensuales.

Gallegos se defendió de las acusaciones hechas por Ponce. “No es posible que después de tres años estén diciendo eso, que se hagan responsables de sus decisiones y que asuman toda su responsabilidad de lo que han hecho en los últimos tres años, de convertir a la Asamblea en un lugar donde han contratado activistas de ARENA y del departamento de Cuscatlán, en el último año y medio de la Asamblea”, enfatizó Gallegos.

La supuesta existencia de plazas abultadas en los grupos parlamentarios y que estos luego pasan del sistema de contrato al régimen de Ley de Salarios, días antes de que finalice una legislatura, o en el peor de los casos, que hay personas que están contratadas cobrando un salario por el cual no trabajan, es un tema común en el interín de una legislatura a otra.

El secretario general del Sindicato de la Asamblea (Sitral), Luis Ortega, aseguró que en los últimos días estas personas que supuestamente solo cobran su salario, pero que nunca han llegado a trabajar, se les ha visto en los pasillos legislativos marcando tarjeta.

Sin embargo, Ponce expresó que algunas personas que habían sido enviadas a su casa a Teletrabajo debido a la pandemia, han comenzado a llegar a la Asamblea desde el uno de marzo, y que por ley tienen el derecho a seguir laborando.

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