Los diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea pidieron ayer al Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Manuel Aguilar, que busque los mecanismos idóneos para que la población no asuma el pago de $3.5 millones de costo adicional en su factura de energía eléctrica.
Ese cargo será trasladado a los usuarios de la red eléctrica debido a que, según Aguilar, El Salvador firmó una resolución en la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) en diciembre pasado, que se deriva de una penalización que impone ese organismo a los países que colocan restricciones a la importación de electricidad.
“El Salvador votó a favor de crear ese costo asociado cuando se le había dicho a Blanca Coto (exsuperintendenta de la SIGET en el gobierno del FMLN) que no votara a favor porque sería un problema para El Salvador, porque es el país que más importa electricidad de la región”, manifestó Aguilar.
Mientras que el funcionario le echaba la culpa al gobierno anterior del costo adicional que deberán pagar los salvadoreños en su factura de energía eléctrica; los diputados se enfocaron más en buscar una alternativa de solución con el fin de que la ciudadanía no se vea afectada con el nuevo recargo.
“Es grave que se tengan que pagar 3.5 millones de dólares”, lamentó Francisco Zablah, de GANA.
Aguilar no supo decir si el costo adicional ya se hizo efectivo desde agosto pasado o será aplicado en octubre, pese a que fue una de las primeras preguntas que le hicieron Margarita Escobar y Mayteé Iraheta, ambas de ARENA.
Una de las alternativas para no afectar el bolsillo de los ciudadanos surgió de Karla Hernández, de ARENA. “He propuesto que en vez de trasladar el costo a los consumidores en el recibo de energía, sea el Estado el que asuma el costo y para no afectar las arcas del Estado, se paguen los $3.5 millones de las utilidades de la INE (Inversiones Energéticas) una empresa de economía mixta de la que el Estado es parte”, afirmó Hernández.
También señalaron que el país debe buscar alternativas para generar energía nacional y no depender tanto de la importación. Según Aguilar, el 80% de las transacciones del mercado regional se realizan entre El Salvador y Guatemala.
Damián Alegría, del FMLN, rechazó las acusaciones del superintendente y afirmó que Coto no firmó la resolución para asumir el costo adicional a la energía.
“Nosotros tenemos la documentación en que la SIGET anterior reiteró en distintos momentos que los costos asociados a las restricciones nacionales no debía afectar a los consumidores finales de la región”, explicó Alegría. Y reiteró que esperan que la actual SIGET resuelva el problema de los costos asociados a la generación de energía.