Asamblea lista para aprobar polémica Ley de Reconciliación Nacional

La Comisión Política se reunirá para emitir dictamen y según diputados de varias fracciones se aprobará en la plenaria en la tarde. Entre otras medidas, el proyecto sustituye cárcel por servicio de utilidad pública a quienes pidan perdón por crímenes de guerra.

Foto EDH/Cortesía

Por Eugenia Velásquez

May 23, 2019- 06:00

El proyecto de Ley de Reconciliación Nacional ya está listo y los diputados de la Comisión Política lo conocerán este día por la mañana para que decidan si emiten dictamen favorable y que sea aprobado con 43 votos de los diputados en la plenaria de este jueves en la Asamblea.

ARENA, FMLN, PCN y el PDC han dicho que están de acuerdo con el proyecto de ley. Entre esos partidos el documento logra 72 votos, más que suficientes para su aval, por lo que se prevé que se someta a votación en horas de la tarde.

A ese acuerdo llegaron ayer por la tarde los miembros de la subcomisión especial. Los legisladores articularon los insumos que recibieron de los diputados de la comisión ad hoc, quienes durante casi un año recopilaron información, opiniones y propuestas de distintos sectores sociales, abogados constitucionalistas y de organizaciones que dicen representar a las víctimas de la guerra, entre otros.

El 90% de lo que la comisión ad hoc les propuso ha sido armado en un proyecto de ley al cual han denominado: “Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”.

Foto EDH/Archivo

Uno de los puntos centrales de este proyecto es sustituir las penas de cárcel por trabajos de utilidad pública a quienes pidan perdón por la comisión de crímenes de guerra y a quienes colaboren con la justicia para esclarecer estos casos.

Esto, afirmaron los diputados, atiende el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en 2016 anuló la Ley de Amnistía de 1993 por considerar que fomenta la impunidad y viola principios del derecho internacional humanitario.

Pese a las consultas realizadas por los diputados y a afirmar que con esta ley cumplen con la sentencia de inconstitucionalidad de 2016, el proyecto de la comisión ad hoc ha recibido constantes críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil, de organismos de derechos humanos internacionales y de víctimas del conflicto armado, aunque también ha sido defendido por quienes opinan que juzgar con cárcel crímenes de hace más de treinta años reabrirá heridas en el país.

El coordinador de la sub comisión especial, Roberto Angulo del PCN, dijo que el contenido que les facilitó la comisión ad hoc incluía todo lo que el fallo de la Sala de lo Constitucional les exigió legislar, incluyendo cuatro principios fundamentales: acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición de crímenes de guerra.

“No es mucho en donde uno puede cambiarle (al proyecto de ley) porque es un marco jurídico de acuerdo a los cuatro principios que desarrolla la Sala”, dijo Angulo.

Postura

"La UCA rechaza un proyecto de ley de reconciliación que desprecia a las víctimas y sus familiares y constituye una burla a la sentencia inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía"

Comunicado emitido en medios por la UCA,

Pero para los miembros de la Mesa contra la Impunidad y el Grupo Gestor, lo que la Asamblea pretende aprobar es una ley que beneficia más a los victimarios que a las víctimas, porque anula la posibilidad de que graves crímenes de lesa humanidad puedan ser sancionados con cárcel o sus responsables enfrentar prisión preventiva o formal.

Representantes de las 30 organizaciones aglutinadas en dichas asociaciones les dijeron a los diputados el martes pasado que rechazan totalmente el proyecto de ley que podría ser aprobado este día por no cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos ni con la sentencia de la Sala.

Al conocerse de la decisión de la Asamblea, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó ayer a los diputados a “garantizar los derechos de las víctimas y abstenerse de restablecer amnistías para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, también emitió un comunicado en medios escritos denunciando que la Asamblea está “juzgando injustamente y favoreciendo a criminales”, además de denunciar conflictos de interés pues el proyecto ha sido elaborado por partes vinculadas al conflicto.

Sin embargo, los diputados mencionados por la UCA, como el general Mauricio Ernesto Vargas, de ARENA; el coronel Antonio Almendáriz y Francisco Merino, ambos del PCN; Nidia Díaz, del FMLN; y Rodolfo Parker, del PDC, se excusaron de participar en la subcomisión que diseñó el proyecto final.

El 16 de mayo, Fabian Salvioli, Relator Especial de las Naciones Unidas, en la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pidió a la Asamblea no aprobar un proyecto de ley “que permita perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno que cobró 75,000 vidas entre 1980 y 1992”.

La Mesa contra la Impunidad y el Grupo Gestor presentaron un proyecto distinto al que la Asamblea prevé avalar hoy, el cual han llamado: ”Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado”.

Este sí establecen penalidad formal para los victimarios y solo ofrece reducción de años de cárcel a quienes admitan su culpa, pidan perdón y colaboren con esclarecer los hechos cometidos en la guerra.

Opinión

"No me disgusta que los culpables de crímenes no enfrenten prisión sino trabajos de utilidad pública. El que admita crímenes podría gozar de una decisión clemente"

Fabio Castillo, ex coordinador del FMLN

En contraposición, como se dijo antes, el anteproyecto de la Asamblea perdona la prisión siempre y cuando el hechor admita, pida perdón y ayude a esclarecer otros hechos.

La coincidencia más notable entre el proyecto legislativo y el documento que propusieron las organizaciones es que el resarcimiento civil por parte del condenado sí está incluido en ambas propuestas. Incluso, la de la Asamblea contempla la creación de un fondo estatal para dar pensión a las víctimas. (Ver recuadros).

Angulo dijo que la iniciativa de la Mesa contra la Impunidad no fue incorporada en su totalidad porque al escucharlos se percataron que buena parte de sus peticiones ya están incluidas en el anteproyecto que aprobarían hoy.

Julio Fabián, diputado de ARENA, explicó que no han actuado con premura como han sido criticados para evitar que el presidente electo Nayib Bukele vete la ley, sino para cumplir con el debido proceso, ya que la Sala de lo Constitucional les dio ultimátum para legislar el 13 de julio del presente año.

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