La Asamblea superó el veto presidencial al decreto 620, que contempla la entrega de insumos de protección personal a los empleados sanitarios, y el pago de un seguro de vida. Foto EDH / Jessica Orellana
“Son bromas de diputados: una diputada tosió y puso un tuit y puso que era posible el contagio. No se vale colocarlo en las redes, los mismos diputados son culpables de los problemas, entre los mismos se complican”, refirió Ponce.
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La diputada Milena Mayorga había retuiteado en su cuenta en Twitter un vídeo en donde se ve a la diputada efemelenista Nancy Urbina en el pleno, pero en un momento interrumpe su alocución y tose. El vídeo va acompañado de la siguiente frase: “Esto es GRAVE vean el video completo: Tiene tos reseca, tose y se quita la mascarilla, sigue tosiendo y se cubre la boca con la mano. Me preocupa todos los que van a tocar ese documento…”
Luego del asunto, en el cual algunos diputados ya comenzaban a abandonar el pleno, la bancada de ARENA solicitó votar por la superación del veto, la cual contó con los votos suficientes para hacerlo. (Ver nota a la par).
Luego de eso, ante el retiro de muchos diputados, Mario Ponce suspendió de forma abrupta la plenaria.
Sin embargo, varios diputados de varios partidos le reclamaron a Ponce por qué había suspendido la sesión a lo que el pecenista volvió a convocar a una nueva plenaria, la cual no contó con los diputados suficientes para abrirla. Ante este panorama, en el cual quedaron pendientes de superar otros vetos y conocer otras mociones legislativas, el presidente legislativo dio por cerrada la sesión nuevamente y la convocó para hoy a las 10:00 a.m.
Abogados denuncian intento de Bukele de neutralizar al legislativo
La situación fue vista por juristas consultados por El Diario de Hoy como una movida estratégica para intentar neutralizar al Legislativo cuando este se movía en una dirección adversa a la del mandatario. La Asamblea, sin embargo, logró superar con 59 votos el veto sobre dotar de un seguro médico al personal sanitario.
“Se podría pensar que es una respuesta a una conducta que estamos acostumbrados de él, que cuando no le gustan las cosas que hacen los otros reacciona de forma autoritaria”, lamentó Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, quien intuye que el presidente ha intentado presionar a otros órganos de estado cuando resuelven de formas contrarias a su voluntad.
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A esto se sumó Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, quien sostuvo que “no se puede impedir ni pretender boicotear el funcionamiento de un órgano fundamental del Estado, como es la Asamblea Legislativa” y advirtió que hacerlo “sería un atentado gravísimo contra el orden constitucional”.
Castro añadió que preocupa cómo se quiere instrumentalizar una crisis sanitaria y las medidas de cuarentena “para fines enteramente políticos” y llama a la Fiscalía, la Procuraduría Para la Defensa de Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional a estar atentas y actuar de manera oportuna ante cualquier demanda por actos arbitrarios o que adversen la Constitución.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, fue más allá y denunció que este es “sin duda un intento disfrazado de medida sanitaria para clausurar temporalmente el Órgano Legislativo y poder tener la posibilidad de gobernar a puro decreto ejecutivo y no tener que someter a consideración legislativa la aprobación del régimen de emergencia o el estado de excepción”.
Este jurista adelantó que esto es muy grave, pues podría abrir la puerta a que el mandatario incluso haga este tipo de señalamientos sobre, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal ha mantenido un control estricto sobre actos arbitrarios o fuera de la ley del Ejecutivo.
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Por estas resoluciones, la Sala se ha ganado duras acusaciones del presidente, incluyendo que “trabajan para que mueran salvadoreños”. Esto último por una resolución que pone límite a los excesos de poder a los que el mandatario abrió puertas con las órdenes a los cuerpos de seguridad de detener a quienes violen la cuarentena obligatoria.
Arnau Baulenas recuerda que este suceso “no es más que un tuit sin evidencia científica y no es un procedimiento legal; no queda más que otro tuit del presidente”.