Tras los resultados de los pasados comicios, varios proyectos de ley que estaban caminando, después de más de una década en estudio en la Asamblea como la Ley General de Agua, no verán la luz en la actual legislatura; tampoco las propuestas de reformas a la Ley de Pensiones; y el rediseño de la Ley de Reconciliación Nacional, por citar algunas.
El desánimo de algunos diputados por los resultados electorales del pasado 28 de febrero al no ser reelectos, hace pensar a otros legisladores, que esto afecta el normal progreso del análisis de dichos proyectos de ley.
Y sumado a eso, la advertencia del presidente de la República, Nayib Bukele y de los diputados electos del partido Nuevas Ideas que representa al gobierno, que todo lo que apruebe la actual Asamblea en estos días, será deshecho cuando tome posesión el 1 de mayo la nueva legislatura 2021-2024, dominada por una mayoría absoluta del partido Nuevas Ideas junto a sus aliados, los diputados de GANA.
También se han frustrado acuerdos que debían tomar comisiones especiales creadas a raíz de la pandemia por COVID-19, por ejemplo, el comité que investiga el manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno y decisiones cruciales como la interpelación del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
En ese sentido y a menos de un mes que la actual legislatura finalice, diputados de ARENA y del FMLN ven poco probable una aprobación de la Ley General de Agua, a pesar que antes de irse a vacaciones de Semana Santa, la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, logró consenso en uno de los artículos más polémicos que han frenado la ley durante años: el ente rector de la normativa.
El pasado martes 23 de marzo la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea acordó la integración de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua.
“Gracias al consenso y al compromiso de la comisión, se aprobó la conformación de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua, entidad que tendrá la potestad de formular las normas técnicas, resolver conflictos por agua, aprobar permisos y emitir sanciones”, explicó en ese entonces la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, la diputada Martha Evelyn Batres, de ARENA.
El consenso estableció que la Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), estará conformada por un presidente que será nombrado por el mandatario de la República; cuatro directores que serán nombrados por los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía, de Agricultura y Ganadería y otro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
El presidente de la ANA ejercerá sus funciones hasta el 31 de mayo del año en que finaliza el periodo del Ejecutivo que lo nombre, mientras que los directores durarán en sus cargos 7 años, pudiendo ser reelectos por un periodo adicional. Todos los miembros de la Junta Directiva contarán con sus respectivos suplentes, quienes reemplazarán a los propietarios cuando sea necesario.
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“Estamos viendo si avanzamos en la Ley del Agua, pero igual creo que hemos sacado los artículos más importantes en la institucionalidad, pero no creo que retomen (la nueva legislatura), nosotros como Comisión de Medio Ambiente vamos a dejar avanzada la ley, ellos decidirán si la retoman o no”, explicó la diputada Rina Araujo, del FMLN.
El subjefe de fracción del partido efemelenista, Jorge Schafik Hándal, manifestó que es poco probable que en dos semanas de trabajo la comisión logre un consenso en casi 200 artículos que contiene la ley. El avance logrado hasta la fecha está en unos 25 artículos.
Ley de Reconciliación
La Ley de Reconciliación ha llevado un tortuoso camino, primero para ser aprobada por la Asamblea tras la declaratoria en 2016 de inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional contra la Ley de Amnistía vigente desde 1993.
Esta normativa impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al Órgano Legislativo a crear una ley que garantizara el acceso a la justicia, verdad y reparación de las víctimas del conflicto armado de la década de los 80’.
Los diputados diseñaron un nuevo instrumento legal al que llamaron Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, el cual está congelado desde que, en febrero de 2020, la Asamblea lo avaló en una sesión extraordinaria celebrada únicamente para ese fin y convocada de manera urgente por el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, ante el vencimiento del plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional para su aprobación.
Pero la ley además de pasar cuatro años en estudio en la Asamblea antes de ser aprobada, se topó con otro obstáculo: el veto de Bukele. “Esta ley es un fraude. Es tan asquerosa como la anterior Ley de Amnistía”, aseguró el mandatario en febrero del año pasado, al explicar las razones del por qué la vetó.
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Según Bukele, el proyecto aprobado por los diputados otorga beneficios a los que resulten responsables de crímenes de guerra al ser favorecidos con la conmutación de las penas o la reducción de las mismas si el condenado pide perdón a las víctimas o colabora con la investigación.
Meses después, en octubre de 2020, la Sala de lo Constitucional dando seguimiento a su resolución mandó a llamar al Ejecutivo, a la Asamblea y a la Fiscalía y a otros actores involucrados en el tema para una audiencia de seguimiento oral.
Cada parte defendió su parecer, la Asamblea confirmando su decreto legislativo; el Ejecutivo argumentando que es contrario a la resolución de la Sala y la Fiscalía explicó que la ley podría contener elementos que dificultarán la investigación y procesamiento judicial de los que resulten culpables de graves afectaciones durante la guerra civil.
Así las cosas, la audiencia concluyó sin ninguna resolución y los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia dijeron que analizarían los documentos que los participantes les brindaron.
Hasta la fecha el veto de Bukele se mantiene y en la Asamblea no hay visos de que existan los votos suficientes, 56 de mayoría calificada, para superarlo, aunque para Handal, lo mejor sería que la Asamblea lo supere y pase a la cancha de la Sala.
Handal opina que los diputados de otros partidos “están muy golpeados” después de los resultados de las elecciones municipales y legislativas.