En abril de 2015 la Asamblea aprobó un préstamo por $32 millones para construir un nuevo edificio legislativo, pero desde entonces, ese dinero ha pasado por varios obstáculos que han provocado su estancamiento. Tenerlo guardado sin usar ha generado un gasto al Gobierno que ronda en $170,000 al año solo de pago de intereses por mantener los fondos en reserva.
“La Asamblea sigue gastando $85 mil cada seis meses por el no desembolso, se invirtió también en el diseño del edificio una cantidad importante que lo aportó el Fondo Salvadoreño para Estudios de Pre inversión (FOSEP), que lo pagó el Gobierno de la República que anda por $200 mil el contrato. La Asamblea delegó al FOSEP para que licitara el diseño”, explicó el diputado de ARENA, Norman Quijano.
Al cabo de 2020, El Salvador habrá pagado con dinero de los impuestos de la población casi un millón de dólares por recursos que no ha podido usar ni para el edificio de la Asamblea ni para otros fines, como quería el presidente Nayib Bukele, de construir 50 escuelas y 14 bibliotecas con la mitad de los fondos de esa deuda. El mandatario hizo la petición a pocos días de ganar las elecciones presidenciales en febrero de 2019.
Pero ese no fue el único diseño que la Asamblea realizó en aras de construir un nuevo edificio. Los planos para su edificación vienen desde la administración del exdiputado del FMLN, Sigfrido Reyes, cuando fungió como presidente de la Asamblea en el periodo de 2012 a 2015.
En ese entonces, los diputados de los otros partidos se abstuvieron de seguir con el plan por las críticas que generó en la población lo “lujoso” que se preveía el nuevo edificio del Congreso salvadoreño.
De acuerdo a una publicación de Diario El Mundo, medio de comunicación que tuvo acceso al diseño, se detallaba hasta un helipuerto en la terraza.
Cuatro años después, en enero de 2019 un sismo de fuerte intensidad, magnitud 6 en la escala de Richter, develó una vez más que el edificio tiene serios daños desde los terremotos de 1986 y de 2001 que deben ser reparados de inmediato.
“La Asamblea sigue rebotando de un lado para otro porque nadie asume la responsabilidad de un edificio que se adecue a las necesidades”
Es así que las fracciones legislativas tuvieron que desalojar poco a poco la infraestructura por recomendación de los ingenieros institucionales y de Protección Civil, que advirtieron que el edificio podría colapsar, generando otro costo adicional a la Asamblea por $840,000 anuales por el pago de alquileres fuera del edificio, según informó en su momento, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN.
La bancada pecenista se instaló en un área al costado del Salón Azul. Ponce dijo que la inversión fue mínima porque tomaron materiales propiedad de la Asamblea y mano de obra institucional.
El Gobierno accedió hace poco a prestarle a la Asamblea una parte del edificio de Fosofamilia. La estructura está situada justo al lado del Palacio Legislativo, el cual está ocupado con oficinas del FMLN para que no siguieran gastando en alquiler; sin embargo, hubo erogación de fondos de parte de la Asamblea para adecuarlas.
Mientras que para ARENA se construyeron unos cubículos en la zona conocida como el Palo de Hule, frente a la Corte Suprema de Justicia. El costo de las instalaciones fue de $280,000, según informó Ponce en junio cuando entregó las llaves de las oficinas a los tricolores.
El tema del nuevo edificio legislativo vuelve a tener realce debido a que hace dos semanas el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha presionado por desalojar a los efemelenistas del edificio de Fosofamilia, pese a que fue su gobierno el que paralizó la construcción de un nuevo edificio tras las críticas que se desataron después de que Bukele dijera que era mejor construir escuelas.
Ante esto, el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal, manifestó que la Asamblea ha tenido comunicación con el Ejecutivo para que se frene el desalojo, que estaba previsto para el pasado viernes, dado que también hay oficinas de la administración institucional de la Asamblea en Fosofamilia.
“Hasta ahora todo eso se ha congelado porque la Junta Directiva le mandó una carta al secretario privado (Ernesto Castro) con copia al ministro de Trabajo en el cual se le hacen observaciones que si bien es un acuerdo verbal hay una ley de Procedimientos Administrativos que dice que, aunque sea un acuerdo verbal, después de transcurridos seis días se convierte en un acuerdo formal”, explicó Hándal.
Guillermo Gallegos, de GANA, quien también fungió como presidente de la Asamblea, en el segundo periodo de la legislatura 2015-2018 no quiso continuar con la idea de construir un nuevo edificio para la Asamblea, pero tampoco se sabe si la estructura actual fue reparada como recomendaban otros ingenieros estructuralistas.
“La Asamblea sigue rebotando de un lado para otro porque nadie asume la responsabilidad de un edificio que se adecue a las necesidades”, lamentó Quijano.