Empleos para partidarios, familiares y amigos de diputados en la Asamblea Legislativa

Grupos familiares, doctores y abogados con plazas de motoristas o asistentes que no llegan a trabajar… de todo eso hay entre los 1,239 empleados de cinco grupos parlamentarios, que le cuestan a los salvadoreños más de $20 millones anuales.

Una pancarta de rechazo a la Ley del Servicio Civil lleva meses de estar colgada en uno de los edificios de la Asamblea Legislativa donde se asignan sueldos a conveniencia o parentesco político. Foto EDH / Archivo

Por Jorge Beltrán Luna

Ene 06, 2020- 05:30

Édgar Francisco Hernández Paniagua es un odontólogo que atiende su clínica de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el municipio de Jocoro, departamento de Morazán. Pero también tiene una plaza en la Asamblea Legislativa, como colaborador administrativo, con un sueldo de 700 dólares. ¿Cómo hace para devengar ese salario?.

Elvin Giovanni Alas Herrera es un abogado de profesión, según documentos públicos a los que El Diario de Hoy tuvo acceso. ¿Por qué tiene una plaza como motorista en la Asamblea Legislativa, con un sueldo de 1,000 dólares mensuales?

 

 

Jessica Yamileth Ábrego Peña es una ginecóloga que tiene varios compromisos laborales con aseguradoras o centros médicos. Según documentos en la web, sus horarios de trabajo son muy ajustados a tal punto que se debe pedir cita para consultarle. Sin embargo, tiene una plaza de asistente de una fracción, con un sueldo asignado de 500 dólares.

Un diputado, propietario de un colegio capitalino, tiene a dos de sus empleados con plaza en la Asamblea. Una tercera persona que es contratado eventualmente para el mismo colegio, también tiene una plaza con un sueldo de 3,000 dólares.

La Asamblea Legislativa parece ser el lugar ideal para conseguir una plaza de trabajo para amigos, para compañeros de partido político y hasta para grupos familiares como sucede con las familias Callejas, Romero o Guatemala, entre otras.

O con el caso del contador general, según documentos oficiales obtenidos a través de a Oficina de Información Pública de ese órgano de Estado.

La mayoría de partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa tiene en sus nóminas a miembros fundadores, según escrituras de constitución de tales institutos políticos, o a personas que en algún momento aceptaron correr con alguna candidatura, desde diputados, alcaldes o regidores.

De esos hay muchos y de todos los partidos.
Hasta el 15 de octubre de 2019, de la totalidad de empleados en la Asamblea Legislativa, la mayoría estaba asignada a grupos parlamentarios, lo cual equivale a decir que todos ellos han sido llevados a trabajar allí por que tienen vínculos partidarios o algún tipo de relación con diputados.

La Asamblea Legislativa gasta mensualmente, solo en salarios para empleados de grupos parlamentarios, aproximadamente un millón 400 mil dólares mensuales. Si a esa cantidad se le agrega el aguinaldos y los dos bonos de 200 dólares que cada empleado recibe anualmente, la cantidad de dinero que el órgano legislativo paga en concepto de salarios sólo para empleados de las fracciones, rondaría los 20 millones de dólares.

Empleados

1,239

Suman las fracciones parlamentarias ARENA, PDC, GANA, PCN y FMLN.

Hasta la fecha antes mencionada había 1,239 personas asignadas a los grupos parlamentarios FMLN, PCN, PDC, GANA y ARENA, resultando ser muchos más que los empleados designados como institucionales, es decir, aquellos que no trabajan para ninguna fracción.

La cantidad de “personal institucional”, al 5 de noviembre de 2019 era de 1,115; sin embargo, muchos de esos empleados realmente son cuotas partidarias. En el listado entregado por la Oficina de Información se encuentran muchos nombres que en listados anteriores, de hace solo algunos meses, aparecían como empleados de grupos parlamentarios.

Uno de esos casos es el de Carlos Edilberto Alemán Ramos, quien fue Secretario de la Juventud durante el gobierno de Elías Antonio Saca. Bajo ese mismo nombre fueron emitidos 88 cheques según la investigación publicada por el periódico digital El Faro, sobre malversación de dinero público y por lo cual está en prisión el exmandatario.

Otro caso de personas con clara filiación partidaria pero que aparece como “personal institucional”, es Gloria Maritza Cornejo de Guatemala, quien fue contratada el 1 de junio de 2015 y que ahora tiene la plaza de “jefa de operaciones administrativas”, con un sueldo de 3,000 dólares.

Hijos, hermanos, cuñados, nueras, concuños…
A la luz de los documentos oficiales, en la Asamblea hay diputados, funcionarios o fracciones parlamentarias que avalan el nepotismo.

Existen casos de padres que tienen uno, dos o más hijos trabajando en distintas dependencias de la Asamblea. El caso más representativo es el de la mujer de un diputado que tiene a tres hermanos (un hombre y dos mujeres), un cuñado, un sobrino, una nuera y el hermano de uno de sus cuñados en cuyos salarios el Estado desembolsa $16,300 mensuales. Los sueldos de todos ellos oscilan entre los $1,500 y los $3,500.

Además de los documentos oficiales, empleados de la Asamblea Legislativa entrevistados bajo la condición de anonimato, aseguraron que es una práctica común de todos los partidos políticos pasar periódicamente a la nómina de trabajadores institucionales para poder hacer más espacio a nuevas contrataciones partidarias.

Empleados

1,115

Es la nómina de "Personal institucional" donde también aparecen personas con reconocida trayectoria partidaria.

De los 1,115 nombres de la nómina de “personal institucional” hay muchos que sólo han sido trasladados de las fracciones respectivas.

Un rastreo rápido en internet de algunos de esos nombres arroja como resultado que muchos han sido donantes de fracciones parlamentarias o han estado vinculados a las mismas como candidatos del partido, bien como diputados propietarios o suplentes, o como miembros de concejos municipales.

Pero la corrupción que existe en la contratación de empleados de la Asamblea Legislativa no solo hay nepotismo o personas que tienen asignados sueldos sin tener que poner un pie en esa institución estatal, es decir, que solo cobran el sueldo.

También sucede que los salvadoreños pagan a personas que aunque están en planilla de la Asamblea, trabajan al cien por ciento para los partidos políticos, no precisamente para las fracciones parlamentarias, sino enteramente para el partido que les consigue el empleo.

El Diario de Hoy conoce de al menos tres casos de personas (dos hombres y una mujer) cuyo salario es pagado por la Asamblea, pero que sus labores las realizan en las sedes partidarias.

Estos empleados aceptaron que ellos nunca llegan a la Asamblea Legislativa a trabajar sino que lo hacen en las diversas oficinas que tienen sus partidos políticos. Ahí se mantienen haciendo cualquier cosa.

¿Y cómo justifican su trabajo?
“No, pues estamos exentos de marcación; desde que me contrataron me dijeron que no me preocupara por las marcaciones y que mi trabajo lo realizaría para el partido”, dijo uno de los empleados.

Paradójicamente, la institución que les paga el sueldo no lleva ningún control de asistencia, pero en las sedes de los partidos políticos para los que trabajan sí firman libros de asistencia laboral.

La anterior también evidencia otra práctica de corrupción, la cual es avalada por los jefes de fracción de cada partido quienes solicitan a la gerencia de recursos humanos que eximan de marcación a muchos empleados.

En la mayoría de fracciones, aseguran las fuentes, son más los empleados exentos de marcación que los que tienen la obligación de justificar su presencia en la Asamblea.

¿Pruebas? Para muestra, documentos en poder de este periódico demuestran que de una fracción parlamentaria, solo cinco empleados tienen la obligación de marcar. Del resto, el jefe de la bancada legislativa ha solicitado en distintas fechas, a la gerencia de recursos humanos que “exonere de marcación” a la mayoría de empleados de su fracción.

El Diario de Hoy gestionó una entrevista con la gerencia de recursos humanos de la Asamblea Legislativa, entre otras cosas, para conocer hasta qué punto es legal que en la planilla de esa institución haya tres, cuatro o más miembros de una sola familia como empleados afines a un partido político, para que explicara por qué la mayoría de empleados está exonerada de marcaciones con las que comprueben su asistencia al trabajo, o por qué en la planilla de la Asamblea continúan como empleados, dos personas que están acusadas de un delito grave, como el homicidio de un líder político.

Después de varios días de insistir con Mauricio Orellana, el gerente de comunicaciones del primer órgano de Estado, la entrevista no fue posible a pesar de que Orellana afirmó que había hecho la gestión.

A falta de una posición institucional, El Diario de Hoy intentó contactar una a una a las personas que se mencionan en este reportaje; en algunos casos se pudo, en otros no fue posible y hubo quienes prefirieron no hablar.

De igual forma se gestionó entrevistas con los jefes de fracción pero sólo el diputado Guadalupe Vásquez, de GANA, aceptó ser entrevistado. De los demás partidos unos dijeron tajantemente que no hablarían en tanto que de otros no hubo respuesta.

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