Calles y avenidas que comunican con la los edificios de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa en San Salvador permanecieron cerradas desde las 4:00 de la madrugada del jueves por acción de varios grupos de sindicalistas afines al presidente Nayib Bukele.
Junto a ellos varias patrullas policiales y aunque el mismo presidente Bukele y el ministro de Salud, Francisco Alabí han remachado que se debe evitar las aglomeraciones y respetar el distanciamiento social para bajar la curva de contagios del COVID-19 que a la fecha, está en los niveles más altos, la Policía no defendió ni hizo respetar la “cuarentena estricta” que ha sugerido el mismo mandatario.
Esta es la segunda vez, después de que el 1 de Mayo (Día del Trabajo) simpatizantes del gobierno de violentaron la cuarentena domiciliar y marcharan pese al riesgo de contagio y propagación del virus.
Casi ocho horas después de que los sindicalistas habían paralizado el tráfico e impedido a los diputados y magistrados ingresar a sus oficinas, el Fiscal General le ordenó a la Policía Nacional Civil que procediera con las acciones pertinentes a fin de disolver esas aglomeraciones, que se convierten en potenciales focos de contagio del COVID-19.
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“Fiscalía gira dirección funcional a la Policía Nacional Civil. Reconocemos el derecho a la libertad de expresión pero este no debe atentar contra el orden público ni la integridad de las personas”, expresaba el Ministerio Público en su cuenta oficial. “La PNC debe proceder en flagrancia ante posibles violaciones al orden constitucional y garantizar el funcionamiento efectivo de los Órganos del Estado”, agregó.
Durante la jornada de protesta, un equipo de Bomberos intentó pasar por el bulevar Tutunichapa, pero los manifestantes lo impidieron. Video tomado de Twitter YSKL
La Fiscalía recordó a los manifestantes el riesgo al que se exponen a sí mismos y sus allegados al convocarlos a aglomeraciones, debido a que el país está atravesando una pandemia mortal.
El Diario de Hoy, que daba cobertura al hecho, preguntó a varios oficiales el porqué no habían acatado la orden de la Fiscalía General de la República, que mandaba a disolver la manifestación y abril las carreteras tomadas por los sindicalistas, la respuesta de algunos oficiales fue abstenerse de contestar y otros afirmaron que la orden no se había acatado porque no la materializó el director, Mauricio Arriaza Chicas, es decir, no se las hizo llegar a los agentes que estaban en el terreno.
“Además, nosotros somos agentes de Seguridad Pública y los encargados de disolver estas protestas son los agentes de la UMO o antimotines”, justificó una oficial.
Sindicalistas parte del plan
Lo cierto es que los sindicalistas cumplían una misión y era para exigir que la Asamblea Legislativa flexibilice su postura frente al Ejecutivo en el contexto de una discusión a cómo y cuándo se debe reabrir la economía y no en estos momentos en que los contagios siguen al alza.
“Estamos viendo en los hospitales que cada día llega más gente contagiada y si se abren los medios de producción en esas circunstancias, los trabajadores van a llevar el virus a la calle, las empresas, familias; y los hospitales ya no van a dar abasto”, afirmó Mario Arévalo, secretario del Sindicato de los Empleados del Ministerio de Salud de El Salvador (Sigesal).