La Asamblea Legislativa juramentó, el pasado jueves, a la comisión especial para investigar los casos de acoso a periodistas por su trabajo o línea editorial, ya sea por la actuación de los funcionarios, los agentes de seguridad o servidores públicos que obstaculizan el trabajo periodístico, donde puede hasta haber amenazas, la cual tendrá un funcionamiento de 60 días.
El diputado Emilio Corea, presidente de dicha comisión, señala que estarán buscando si existen estructuras gubernamentales con poder político que están interviniendo en el ejercicio del periodismo libre e independiente.
“Creo que es una comisión necesaria, hay cosas que no las podemos ocultar, que están pasando, los maltratos que están recibiendo algunos periodistas, el hecho de que los tilden de que son basura, que trabajan en un chiquero, que a las conferencias de prensa no los dejen entrar, que filtren las preguntas, o que seleccionen tres preguntas, las más fáciles”, dice el diputado.
Corea explica que van a escuchar a periodistas que han sufrido ataques y a las asociaciones de periodistas, además de revivir casos de abusos que se cometieron en la Asamblea Legislativa contra periodistas, además de citar a las personas involucradas en el tema.
Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, opina que es preocupante las distintas formas de hostigamiento y ataques a la prensa que comenzó de forma narrativa y ahora se están dando episodios más graves como posible financiamiento de troles en redes sociales.
“Me parece una medida muy adecuada dado que funcionarios, el poder del Ejecutivo, dinero públicos estén involucrados en toda esta operativa para vulnerar la libertad de expresión que es el pilar constitucional y democrático ”, manifiesta Lanza.
Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) consideran que es relevante que la Asamblea retome la propuesta de ley presentada en el 2018 de protección a periodistas.
Dicha ley contiene la creación de una unidad especial en la Fiscalía General de la República para la protección de periodistas ante casos de vulneraciones.