Por tercer día consecutivo la tensión entre la Asamblea y el Ejecutivo se mantuvo este sábado, al punto en que uno de los portones del edificio legislativo amaneció cercado por militares que custodiaron la instalación de una tarima con pantallas de televisión, que servirán de escenario para la concentración ciudadana a la que ha llamado el presidente Nayib Bukele invocando el artículo 87 de la Constitución relativo a la “insurrección”, para presionar a los diputados a que en una plenaria extraordinaria aprueben el préstamo de $109 millones para la III Fase del Plan Control Territorial.
Ayer mismo, el FMLN y ARENA mantuvieron su postura de no participar en la sesión extraordinaria de hoy, convocada de emergencia por el Consejo de Ministros, para que se apruebe de una vez por todas el préstamo que requiere el gobierno de Bukele.
Mientras que el PCN y GANA reiteraron su voluntad de respaldar el crédito que pide el gobierno y aseguraron que este día asistirán a la convocatoria del Consejo de Ministros.
“Nuestra presencia es para decir estábamos y estamos listos para votar”, expresó el jefe de la bancada pecenista, Antonio Almendáriz. Guadalupe Vásquez, de GANA, dijo que cumplirán con el mandato “constitucional” que tiene la investidura de diputados.
Sin embargo, ayer por la noche el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, convocó a plenaria ordinaria a los diputados para dejarla abierta y seguir discutiendo el aval del préstamo este lunes. Ponce abogó por resolver la “tensión con diálogo”.
Su decisión se dio tras una reunión que Ponce sostuvo con funcionarios del gobierno, entre ellos, la comisionada Presidencial, Carolina Recinos; Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. La presión por parte del gobierno pareció bajar un poco, al decir de las declaraciones que brindó a la prensa Recinos.
Pero al mismo tiempo Bukele publicaba en Twitter que la convocatoria del Consejo de Ministros se mantiene para los diputados.
“La convocatoria del Consejo de Ministros se mantiene vigente y la asistencia de los diputados es ineludible. Los diputados no serán responsables de lo que sus fracciones hagan y solo responderán por sus propias acciones. La Constitución también es clara en este punto”, publicó Bukele anoche.
Al unísono, funcionarios de su gobierno como el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, expresaban en sus redes sociales que estaban atentos a la orden de Bukele.
“Estamos esperando órdenes de nuestro Comandante General, Nayib Bukele, y estamos dispuestos a defender nuestra patria aún a costa de nuestra vida”, expresó el ministro de la Defensa, Francis René Merino Monroy.
En un comunicado emitido ayer por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), referente a la polémica entre la Asamblea y el gobierno explicó que: “Los miembros de la Policía Nacional Civil no deben perder de vista que su misión es mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, con estricto apego a los derechos humanos. Por su parte, la Fuerza Armada debe cumplir su misión constitucional de servicio a la Nación de manera obediente, profesional, apolítica y no deliberante”. También aboga porque no se “rompa el principio del equilibrio de poderes”
El Embajador de EE.UU. en El Salvador, Ronald Johnson, abogó por el diálogo. “Creo en el espíritu democrático que vive en todos los salvadoreños y estoy convencido de que la mejor vía de resolución de los conflictos es el diálogo razonable y el respeto mutuo”, escribió en su cuenta de Twitter.
Por otra parte, abogados constitucionalistas advirtieron que Bukele estaría cometiendo el delito de “sedición” al militarizar la entrada del Parlamento Legislativo. “Ese (el llamado que está haciendo el presidente a la insurrección) estaría catalogado como sedición. Yo no digo que haya caído, pero peligrosamente está en el filo de la navaja”, valoró el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, René Hernández Valiente.
El delito de sedición, según el Código Penal numeral tres, se comete cuando se busca “deponer a algún funcionario de la Administración Pública o impedir que tomen posesión de su cargo los que hayan sido legítimamente nombrados o electos”.
Rodolfo González, también exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, expresó que la materia penal la tendría que calificar el Fiscal Raúl Melara, incluso, la organización Acción Ciudadana le ha pedido al jefe del Ministerio Público que investigue si se han cometidos ilícitos.
“La posible configuración de algún delito es algo que lo tiene que determinar la Fiscalía, ya que los artículos 340 (Rebelión) y 341 (sedición) del Código Penal hay una descripción de la conducta bien específica que se refiere a impedir el funcionamiento de las instituciones u obligar a que se adopte una resolución contra la voluntad de los titulares del los Órganos del Estado; pero lo tiene que definir el Fiscal”, expresó González.
Al respecto, el jefe del Ministerio Público expresó en su Twitter, que “como Fiscal General me mantengo vigilante de que se respete el Estado de Derecho y que nadie transgreda los límites establecidos”.
Anoche el ciudadano Luis Portillo informó que puso en la Sala de lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad sobre la convocatoria del Consejo de Ministros y pide que la Sala emita una medida cautelar suspendiendo la convocatoria presidencial.