Los diputados aprobaron ayer con 58 votos, 10 en contra y tres abstenciones la destitución vinculante del Director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, por “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas antes, durante y después del 9 de febrero, cuando prestó el cuerpo policial para la toma de la Asamblea Legislativa a fin de presionar a los diputados por un préstamo.
La Asamblea aprobó un informe que da cuenta del papel “intimidatorio” dos días antes en contra de los legisladores y posteriormente, por su actuar junto a la Fuerza Armada en la toma militar de las instalaciones de la Asamblea.
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En tal documento se establece que la recomendación de destituir es vinculante por tratarse de un jefe de seguridad pública y por causa de graves violaciones de los derechos humanos.
“El artículo 159 de la Constitución establece que la seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, debe entenderse entonces que para el caso del Comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, Director de la PNC, la presente resolución es de carácter vinculante y por tanto, queda destituido de dicho cargo a partir de esta fecha, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles, administrativas y penales respectivas”, reza una de las conclusiones del informe aprobado ayer por la Asamblea.
Cristina Cornejo, del FMLN, explicó que Arriaza Chicas dejó de ser director de la PNC desde el momento en que la Asamblea avaló el informe, o sea desde ayer. Añadió que si el presidente Nayib Bukele incumple con ese mandato también estaría incurriendo en el delito de “desobediencia”.
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De acuerdo a Cornejo, el informe no necesita pasar por el Ejecutivo, es decir, que Bukele no tendrá potestad de vetarlo, ya que la Asamblea únicamente le informa de la decisión tomada. “Como es informe único, solo se le comunica”, señaló.
Bukele se pronunció ayer en un evento realizado en El Mozote. “No les voy a hacer caso, porque la Constitución no les da esa facultad”, dijo.
Considerando lo que dice Cornejo, si Bukele no acata lo dispuesto por la Asamblea, el delito de “desobediencia” según el artículo 322 del Código Penal es sancionado con prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial para el ejercicio del empleo o cargo por igual tiempo.
Al parecer Bukele desafiará lo aprobado por el Congreso, ya que ayer por la noche el Gobierno envió una convocatoria a la inauguración de un puesto policial en Corinto, Morazán, en donde estará Arriaza Chicas fungiendo siempre como director de la Policía.
Marcela Galeas, penalista, mencionó que si Bukele desacata la orden, tendría que pasar por un proceso de antejuicio para poder quitarle el fuero y que la Constitución detalla los pasos a seguir si fuera el caso.
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Las conclusiones del informe reflejan que las acciones realizadas antes y durante el 9 de febrero de 2020, “constituyeron una afrenta al sistema democrático y de división de poderes salvadoreño, consumándose aunque en una temporalidad limitada, un verdadero Golpe de Estado en contra de la Asamblea”.
Que el director de la Policía participó en la “intimidación a diputados” antes y en la misma fecha de la “irrupción, habiendo incluso llegado a tocar las puertas de las viviendas de dichos funcionarios, y apostado personal en las mismas”.
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, la Asamblea dice que también debe ser “destituido de su cargo (…) por no representar con sus acciones la naturaleza y profesionalismo del instituto castrense, previstos en la Constitución y los Acuerdos de Paz”.
Mientras que en el caso de Bukele, los diputados señalan que ha persistido una “actitud hostil” hacia la Asamblea, a través de sus ministros, quienes se niegan a colaborar en distintas comisiones legislativas en las que su presencia ha sido requerida. Nidia Díaz, del FMLN, dijo ayer en el pleno que Bukele ha cometido el delito de “sedición”.
El reporte dice que Bukele usa a sus ministros para implementar una “nueva modalidad de presión para que se le aprueben préstamos y no transparentar la disposición y ejecución de los cuantiosos fondos que el Órgano Ejecutivo ha tenido este año”.
Por todo lo anterior, el informe subraya que notificarán a la Fiscalía el presente informe de manera “urgente” para que investigue “la posible comisión de delitos” por parte de los funcionarios aquí citados y también involucran al Jefe del Estado Mayor Presidencial, Manuel Antonio Acevedo y al Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Carlos Alberto Tejada Murcia.