Los intentos para frenar el nepotismo en la Asamblea Legislativa han sido blandos. Sin embargo, recientemente los diputados aprobaron una reforma al Reglamento Interno para que los empleados partidarios que sean contratados a propuesta de los jefes de bancadas legislativas sean calificados como trabajadores de “confianza”.
La Asamblea aprobó el 23 de diciembre, es decir antes de que investigaciones periodísticas como la de El Diario de Hoy destaparan el descontrol en las contrataciones, tres reformas a la normativa interna que van en ese sentido.
“La Junta Directiva, a propuesta de cada coordinador de los grupos parlamentarios y diputados no partidarios nombrará al personal de apoyo de confianza, de acuerdo con la proporcionalidad de cada uno de los citados grupos”, reza la adenda al artículo 147 del Reglamento Interno.
El artículo en mención plasmaba en los incisos segundo y tercero lo siguiente: “La Junta Directiva a propuesta de cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios, nombrará al personal de apoyo, de acuerdo con la proporcionalidad de cada uno de estos grupos. Cualquier contratación de personal deberá realizarse previo acuerdo de la Junta Directiva, y la persona contratada no podrá iniciar labores hasta que se haya emitido el acuerdo respectivo”.
Además de adicionar que serán personal de “confianza”, para establecer la caducidad del contrato laboral de los empleados partidarios, en la reforma intercalaron un inciso, así: “Estos empleados podrán ser removidos a solicitud del coordinador del respectivo grupo parlamentario o diputados no partidarios en el momento en que se pierda la confianza”.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, afirmó que la adenda fue aprobada en la última plenaria de la Asamblea del 23 de diciembre del año pasado.
“Así dice (la reforma), que son empleados de confianza, esa figura de confianza determina la cesantía cuando termina el tiempo de un diputado”, aseveró Ponce.
Lejos se quedó la iniciativa del diputado Raúl Beltrhán Bonilla, del PCN, quien dijo a inicios de noviembre de 2019 que su intención era que las personas que son contratadas por la Asamblea para que los partidos los asignen al servicio de los diputados, sean retirados de sus cargos inmediatamente que el legislador para quien trabajan no sea reelecto en el cargo.
“A ver quiénes halan la yunta. Es ingrato que por cachada si tengo un amigo le diga: mirá que te pongan por ley de salario, eso es ingrato, no puede, ni debe ser”, dijo Beltrhán Bonilla en ese momento.
Cuando Norman Quijano, de ARENA, asumió el cargo de presidente legislativo en mayo de 2018, se quejó de haber encontrado que muchos empleados que habían sido contratados por los diputados habían pasado a la planilla institucional y algunos hasta por ley de salarios en la nueva legislatura, como una estrategia de los diputados para que sus empleados no quedaran sin empleo.
Esta práctica se fue acentuando desde 2010 en la Asamblea. En documentos compartidos por Quijano se observa que desde ese año hubo un aumento galopante de empleados. Se denota que 2012 y 2017 fueron los ejercicios fiscales de la Asamblea con el aumento más grande de trabajadores.
Según el registro del Portal de Transparencia de la Asamblea, hasta el 31 de octubre de 2019, los empleados partidarios superaban a los trabajadores institucionales.
El sitio web de la Asamblea da cuenta de que son 1,254 empleados asignados a los partidos y 1,113 institucionales, haciendo un total de 2,367 trabajadores en la Asamblea. El Estado eroga anualmente $2.9 millones para pagarles su salario.
Se le consultó de nuevo al diputado Beltrhán Bonilla y explicó que pondrá formalmente su propuesta, porque a su juicio, el sólo colocar el término de “confianza” en la reforma al Reglamento Interno no garantiza que los empleados no apelen el cese de su contrato ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como ocurrió con los despidos que hizo Quijano en 2018.
Ponce justificó anteriormente que ese hecho fue lo que frenó despedir a familiares de diputados que trabajan en la Asamblea, según reveló una investigación periodística hecha por El Diario de Hoy.
“Yo sí voy a presentar el proyecto de reforma. Si a mí por ejemplo, no me reeligen, no tengo interés en participar o pierdo las elecciones, que el personal asignado se vaya inmediatamente para su casa”, reiteró Beltrhán Bonilla.
De acuerdo al diputado Rodolfo Parker, del PDC, se dejó el término de confianza para que en cualquier momento que el legislador lo requiera, sin importar que haya terminado o no su gestión en la Asamblea, pueda despedir a un empleado suyo por pérdida de confianza.
“Lo que ocurre es que si quedara en un lenguaje tan indefinido en cuanto al tiempo por la naturaleza del cargo, significaría que serían tres años que no se podría mover al personal, porque el diputado tiene tres años de periodo. ¿Qué pasa si a los 3, 4 o 5 meses se pierde la confianza de estar con algún empleado?”, razonó Parker.
El diputado no partidario Leonardo Bonilla explicó que la reforma al Reglamento Interno quedó así “para que los diputados no tengan complicaciones para dar por terminados los contratos, porque muchos empleados de diputados al cesar contratos demandaban por despido”.
Bonilla y Milena Mayorga, de ARENA, propusieron el lunes pasado una propuesta de reforma al Código Penal para castigar con cárcel de entre cinco a ocho años el nepotismo, ya que actualmente el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) solo lo tipifica como una falta con sanción económica. El TEG comenzó el lunes pasado las indagaciones por nepotismo en la Asamblea y las contrataciones laborales realizadas por los 84 diputados entre 2015 a 2020.