La bancada oficialista de Nuevas Ideas aprobó sin demora y sin mayor discusión 23 peticiones del presidente Nayib Bukele, que contienen reformas a leyes orgánicas de las autónomas y empresas descentralizadas del país, para marginar la representación del sector privado en dichas instituciones y dejar la vía libre para coparlas de miembros afines al gobierno.
“Ahora (ayer), en la plenaria vamos a cambiar la forma en cómo se han estado manejando las instituciones autónomas y descentralizadas. Este día (ayer) va a ser un día histórico para la verdadera democracia”, adelantó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, en su Twitter.
La medida viene justo dos días después de que el 1 de junio, Bukele advirtiera que el quinto paso para tomar el control total del poder del Estado es haciendo “la batalla en contra del aparato ideológico”.
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“Esa oligarquía todavía tiene mucho poder, porque aún controla el aparato ideológico del Estado”, afirmó en su alocución en el Salón Azul.
Para diferentes organismos sociales el quinto paso al que Bukele se refiere es imponer una nueva ideología y una nueva oligarquía con Nuevas Ideas. Así como implementar una Asamblea Constituyente como forma de crear una “nueva República” en el marco del bicentenario de la Independencia que se celebrará este año el 15 de septiembre.
Las modificaciones a las leyes orgánicas de las autónomas y oficinas descentralizadas del gobierno también contemplan un reforzamiento de las causales para que un delegado del Consejo Directivo de alguna de esas instituciones pueda ser destituido.
“Dicha reforma busca establecer de manera expresa causales de remoción de dichos miembros cuando éstos se aparten de la legalidad en su actuar o acaezcan otras circunstancias que ameriten su separación del cargo; todo con el propósito de velar por la eficaz gestión y realización de los negocios públicos, lo que impele a introducir las pertinentes reformas a dichos efectos”, reza parte de las reformas planteadas en los dictámenes.
De acuerdo a los dictámenes aprobados, la representación del sector de la empresa privada en los Consejos Directivos no necesariamente saldrán a propuesta del área patronal, adicionando un texto que dice “los proponentes de los candidatos no estarán obligados a pertenecer a gremiales del sector privado”.
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Las autónomas cuyos representantes del sector privado serán propuestos por el gobierno son: el Instituto Salvadoreño del Seguro Social; el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO); el Banco Central de Reserva; el Sistema Salvadoreño para la Calidad; la ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa.
El Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa); la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur); la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (Siget); la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda); la Autoridad de Aviación Civil; la Autoridad Marítima Portuaria (AMP); el Fondo de Conservación Vial (Fovial); el Fondo Salvadoreño para Estudios de Pre Inversión; el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
Así como el Fondo Social para la Vivienda (FSV); el Fondo Nacional de Vivienda Popular; el Fondo de Inversión Social de El Salvador; el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Instituto Salvadoreño de Turismo; el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp).
En los dictámenes se establece que serán los ministros de Economía y de Obras Públicas, entre otros funcionarios, quienes podrán hacer sus propuestas correspondientes al sector privado, esto fue cuestionado por el diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, como una falta a la transparencia y poder de control del Ejecutivo en las instituciones.
El argumento de los diputados de la bancada oficialista es que no le están quitando representación a la empresa privada; al contrario, dijeron que le están dando oportunidad a otras gremiales que no necesariamente están representadas en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Sin embargo, el presidente de la Asamblea secundó a Bukele en un tuit en donde ambos coinciden en que el objetivo es sacar a la ANEP de todas las entidades autónomas.
“Ahora la ANEP ya no va a tener el mando que ha tenido como siempre, como queriendo manipular todo y queriendo imponer sus reglas en un lugar en donde no tienen que imponer. ¿Qué tiene que estar haciendo la ANEP poniendo sus reglas en donde están las instituciones públicas, las instituciones autónomas y semi autónomas? que al final nos debemos al pueblo salvadoreño, ellos ya no van a poder seguir bloqueando lo que han estado bloqueando durante años, todo eso se les va a acabar este día (ayer)”, afirmó Castro en rueda de prensa.
Críticas de la oposición
La diputada Rosy Romero, de ARENA, cuestionó que las reformas al Seguro Social no son para beneficiar al cotizante, lejos de eso, le impiden a un sector vinculado directamente con sus aportaciones patronales tener representación en el Consejo Directivo.
“No significa que ahora el usuario, el cotizante del ISSS ya tendrá una mejor atención, que ya no le darán solo Amoxicilina, que ya no le van a dejar la cita de la cirugía para 3 o 4 meses, no se está hablando de eso, se está hablando específicamente de restringir un derecho constitucional que toda persona tiene y particularmente de las agremiadas”, aseveró Romero.
A manera de ejemplo, expuso que quienes aportan más al Seguro Social, no es el Estado, sino los trabajadores y el sector empleador, “son los que dan mayor aporte y tienen el pleno derecho a tener participación en esos Consejos Directivos”, subrayó.
Ávila por su parte mencionó que en ANDA, por ejemplo, la representación del sector privado la tiene (CASALCO), la Cámara Salvadoreña de la Construcción, que de seis representantes en la Junta de Gobierno de la ANDA, solo uno pertenece a CASALCO, por lo que no tiene poder de decisión, como se quiere hacer ver, pero sí al menos tiene voz.
“Aquí lo que se quiere quitar es el elemento de contraloría. Aquí no se cambia el poder de decisión, si el poder de decisión ya la tiene el gobierno ¿cuál será el interés?”, se preguntó Ávila.
Refuerzan motivos de destitución para directivos de autónomas
Las modificaciones están orientadas a marginar la representación del sector de la empresa privada en las oficinas autónomas, semi autónomas y descentralizadas.
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
Dentro de la estructura orgánica del Seguro Social existe un Consejo Directivo integrado por 12 miembros propietarios y sus respectivos suplentes, los cuales son electos de acuerdo con lo establecido en dicho cuerpo legal, entre los cuales se encuentran dos miembros representantes del sector patronal. La reforma plantea que las competencias legales de elegir a los representantes del sector patronal es de la administración pública.
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
En la reforma a la autónoma que rige el agua potable, se establece como causales de remoción de los miembros del sector privado dentro del Consejo Directivo “cuando éstos se aparten de la legalidad en su actuar o acaezcan otras circunstancias que ameriten su separación del cargo”. En este caso se le otorga la facultad al Ministerio de Obras Públicas de elegir al representante del sector privado, de seis que tiene ANDA, solo uno es de la empresa privada. Y ésta persona será nombrada por el titular del MOP.
Ley Orgánica del Banco Central de Reserva (BCR)
En el caso del BCR la estructura del Consejo Directivo es de 7 miembros, de los cuales dos directores son nombrados en representación del sector privado. En este caso se le otorga la facultad al Ministerio de Economía para que conforme a la “aptitud e idoneidad” escoja a los miembros de la empresa privada. En la reforma aprobada se plantea que los proponentes de los candidatos no estarán obligados a pertenecer a gremiales del sector privado.
Reforma a la ley del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal)
Se establece en la reforma aprobada que los representantes del sector privado en Bandesal se podrán elegir “independientemente de su vinculación a determinadas gremiales en el ámbito en mención, a fin de que la selección de los mismos provengan de un proceso transparente, abierto, inclusivo y de respeto a las minorías”. En el caso del BCR hay una Asamblea de Gobernadores y una Junta Directiva, integradas por 9 miembros. Dentro de cada entidad hay tres miembros representantes del sector privado.
Modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública
En el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) hay cinco comisionados y sus respectivos suplentes, quienes son nombrados por el Presidente de la República, de cinco ternas propuestas por diferentes sectores, estableciendo a su vez que una de las ternas seleccionadas será propuesta por las asociaciones empresariales debidamente inscritas. En la reforma se establece que se debe abrir el proceso a todos los involucrados para poder contar con las mejores propuestas de los diversos sectores en el ámbito empresarial, independientemente de su vinculación a asociaciones empresariales.