Después de tres días de estira y encoge entre los diputados y el Ejecutivo, la Asamblea aprobó con 62 votos pasada la 1 de la madrugada del viernes una nueva “Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía”.
Según los legisladores, esta nueva normativa fue adecuada a lo que la Sala de lo Constitucional les mandató el pasado 8 de junio, de construir un instrumento jurídico que al tiempo que cuidara de la población para prevenir, contener y erradicar el virus, no violente las garantías constitucionales de la ciudadanía, pese a la renuncia del Ejecutivo a sentarse a consensuar un instrumento jurídico.
“Siendo una necesidad impostergable atender los efectos que provoca la pandemia por COVID-19, así como la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, la cual, va dirigida tanto a la Asamblea Legislativa como al Órgano Ejecutivo, habiéndose convocado a este último en dos ocasiones a reuniones de trabajo en el recinto legislativo se vuelve imperativo para esta Asamblea Legislativa emitir una normativa en los términos que apunta la Sala de lo Constitucional”, reza la parte introductoria del decreto.
Los diputados aprobaron esta nueva normativa horas después de que el presidente Nayib Bukele enviara al Congreso vetado el decreto 648 que contiene una ley de cuarentena y apertura económica diseñada en conjunto con el Gobierno la semana pasada, tras casi siete días consecutivos de discusión.
Con 62 votos, el Pleno Legislativo aprueba la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía. pic.twitter.com/FJuhICxonV
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) June 12, 2020
Ese documento fue tomado como base por los parlamentarios para diseñar la nueva ley que consensuada ayer, expulsando de su contenido los aspectos que la Sala ordenó sacar de la misma, argumentó el diputado y presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN.
Además, los diputados superaron el veto presidencial al decreto 648 que les fue enviado ayer mismo por el Ejecutivo, con la intención de dejar en manos de la Sala de lo Constitucional resolver la controversia para no dejar al país sin una ley que regule la emergencia por la pandemia por coronavirus.
Los diputados tomaron ese camino mientras Bukele se toma el tiempo para analizar la nueva ley sanitaria que ya fue aprobada, pues así informó en su cuenta de Twitter, calificando de “juego legal” lo actuado por la Sala y los diputados “mientras sus decretos y sentencias pierden validez, y mientras su Gobierno, sigue trabajando por su pueblo”, publicó.
Ante esto, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA explicó las razones jurídicas del por qué decidieron superar también el veto al decreto 648 y avalar una nueva ley sanitaria diferente.
“Nosotros tenemos la obligación de emitir una ley con base al requerimiento que hizo la Sala, pero también tenemos la necesidad en las próximas horas de superar el veto porque si el presidente de la República no ratifica esa ley que vamos a aprobar, entonces tendría que irse a conocer en una controversia constitucional a la Sala y no demoraríamos 15 días en dar una respuesta al país, en ese sentido, la lógica nos indica que debemos de emitir una ley en cumplimiento a la Sala, pero también debemos resguardar que no hayan vacíos jurídicos, por eso estamos en la plena disposición de superar el veto del presidente”, afirmó Portillo Cuadra.
Con esta medida, la Asamblea estaría garantizando que “no hayan vacíos legales en las próximas horas”, agregó el diputado tricolor, dado que a partir de mañana sábado no habría un instrumento jurídico que obligue a las personas a seguir en cuarentena domiciliar y abrir la economía no de golpe sino de manera gradual.
Bukele sustentó el veto al decreto 648 porque se “violenta el principio de separación de poderes al legislar sobre materia que le corresponde a Ejecutivo”, que se contrapone la colaboración entre Órganos del Estado y el derecho a la salud e igualdad de la población, entre otros argumentos, a lo que la diputada Cristina Cornejo, del FMLN, criticó que la función principal de la Asamblea es legislar y lo invitó a leer la Constitución de la República.
La Asamblea dispuso agilizar la estructura de la nueva ley conforme al plazo de cuatro días que les otorgó la Sala para hacerlo, el cual vence este día, ante las reiteradas peticiones del Órgano Legislativo a la Presidencia para reunirse, pero no lo lograron, aun cambiando el lugar del encuentro.
Por el contrario, Bukele convocó a una reunión en la Presidencia de forma paralela a la sesión plenaria que realizaron los legisladores, encuentro al que solo llegaron algunos diputados de GANA y de ARENA. (Ver más en nota aparte).
El mandatario arremetió en contra de la Asamblea diciendo que no seguiría el “juego político”. Según Bukele “negociar con la Asamblea es seguir la maquinaria mediática”.
Ponce afirmó que si no aprobaban la ley el país se quedaba sin una regulación para la apertura de la economía y con el riesgo de que la población salga a contagiarse.
Apertura económica el 16 de junio
El nuevo documento de la ley sanitaria establece 15 días de emergencia nacional a partir de la aprobación de la normativa. Ya no contempla mandar a centros de contención a los salvadoreños que se atreven a violar la cuarentena domiciliar y establece que la apertura económica comenzará paulatinamente a partir de este 16 de junio, que incluso, era la fecha que el Gobierno estableció desde un principio.
Desde el 16 de junio se permite el transporte público, pero no así las clases en escuelas públicas, colegios ni universidades, ni actividades de grandes concentraciones de personas.
En el decreto se deja totalmente en responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y no a la discrecionalidad de los agentes de seguridad decidir si una persona es posible foco de contagio del COVID-19.
Se incluye un plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia que deberá ser ejecutado por el Sistema Nacional Integrado de Salud dependiendo de la evolución de la pandemia en fases. Todo paciente con diagnóstico COVID-19 podrá ser hospitalizado en un centro médico privado y ya no solo en hospitales de la red pública.
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Siempre se deja en cuarentena a las personas mayores de 60 años de edad y a quienes padecen de enfermedades crónicas o degenerativas y no podrán ser afectados laboralmente sino se presentan a sus lugares de trabajo después de finalizar los 15 días de emergencia.
Siempre se reconoce que las personas tengan la oportunidad de hacer sus pagos de energía, agua y préstamos financieros de forma diferida hasta el 30 de junio o según lo hayan convenido con la banca.
El Gobierno podrá hacer contrataciones de servicios y de insumos de forma directa durante los 15 días que dure la emergencia, pero al tercer día todas las contrataciones en el marco de la ley deberán hacerse bajo los principios de la ley de Acceso a la Información Pública.
Los cordones sanitarios deberán sujetarse a una porción de terreno específico, pero no a todo el país y deberán estar sustentados bajo informes del Ministerio de Salud Pública.