Sólo el FMLN votó en contra de que los precios que cobra la Autoridad de Aviación Civil (ACC) a las aerolíneas por servicios y permisos de operación a dichas empresas se establezcan vía ley y no por reglamento, y siempre anualmente, ya que con esto los diputados garantizarán que los costos de los boletos aéreos para la población no aumenten.
Además, era una obligación pendiente que tenía la Asamblea después de que la Sala de lo Constitucional emitió un fallo el 11 de julio de 2018 declarando inconstitucional varios artículos de la Ley Orgánica de Aviación Civil referidos al Pliego de Cargos por los Servicios Prestados por la AAC.
La sentencia tiene como base el artículo 131, ordinal 6, de la Constitución de la República que declara que compete a la Asamblea decretar impuestos, tasas y contribuciones especiales de alcance nacional.
“La Asamblea legisla de que por el momento las tarifas se quedan tal y como están sin ningún incremento y tampoco sin ninguna disminución, es por el bien de los salvadoreños, recordemos que más de tres millones de compatriotas viven fuera de nuestra frontera patria. Muchos de ellos viajan frecuentemente y al quererles incrementar las tarifas a estas aerolíneas se incrementaría el costo del boleto”, manifestó Serafín Orantes, del PCN.
La Sala de lo Constitucional había dado un plazo de seis meses para establecer una nueva legislación, por lo que los diputados impulsaron un nuevo pliego tarifario que no afecte a la industria ni a los usuarios del servicio aéreo, según lo explicó Carlos Reyes, de ARENA.
“Lo que hoy estamos aprobando es nada más y nada menos las tarifas de quien supervisa la aviación civil, por ejemplo, la autorización para un piloto o para un avión, cuando se da la matrícula. No estamos hablando aquí de tarifas para vuelos y lo más importante, es que hemos tomado las tarifas que se habían implementado y las que venían pagando las aerolíneas”, justificó Reyes.
Por su parte, Lorenzo Rivas, de GANA, expresó que los cobros no están relacionados a los boletos aéreos. “Estos servicios no son cobros constantes, la mayoría son anuales y no son cantidades muy relevantes que el Estado percibe. Lo que menos queremos como Asamblea es que alguna empresa vaya aprovecharse a aplicar el efecto cascada”.
Para Anabel Belloso, del FMLN, lo que buscan los demás partidos es “evadir responsabilidad por parte de las empresas en asumir los costos que significa hacer uso de las instalaciones del aeropuerto”, entre otros servicios.