La afirmación de monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, referente a que no permitiría el acceso a los archivos del Centro de Documentación y Archivos Monseñor Rivera ha causado asombro y malestar en representantes de algunas víctimas, así como en abogados consultados, quienes aseguran que no esperaban que el jerarca católico adoptara una posición similar a la del presidente Nayib Bukele, o el ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy, quienes negaron acceso a archivos militares a las autoridades judiciales que investigan la Masacre de El Mozote.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (Morazán) cuyo titular es el juez Jorge Guzmán, tiene previsto, para el próximo 25 de enero, iniciar inspecciones en los archivos del Arzobispado de San Salvador, en busca de evidencias sobre la Masacre de El Mozote, cometida en diciembre de 1981, en el caserío del mismo nombre, en el departamento de Morazán, en el marco del conflicto armado 1980-1992.
“Solo se está pidiendo información bien específica en relación a la Masacre de El Mozote, según han dicho los abogados de las víctimas. Todas las instituciones, incluso las eclesiales, tienen la obligación de colaborar con la justicia”.
Escobar Alas dijo el domingo anterior, durante conferencia de prensa que no acataría la orden del juez Guzmán, debido a que deben cumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional en el sentido de proteger a las víctimas.
“No podemos abrir las puertas para el que quiera ir inspeccionar y que quiera llevarse la información que quiera porque hay víctimas de uno y otro bando. La Iglesia es madre y cuida de todos, vamos a proteger las víctimas y eso nos manda la Corte”, afirmó, en referencia al Amparo 828-2013 y 883-2013, de la Sala de lo Constitucional de fecha 24 de febrero de 2016.
“A mí me duele que nuestro obispo diga que no va a permitir el acceso a los archivos porque todos sabemos que las víctimas lo que más queremos es que se haga justicia, que se conozca la verdad”, afirmó Dorila Márquez, una de las sobrevivientes a la Masacre de El Mozote, en entrevista telefónica con El Diario de Hoy.
“Es triste como estas autoridades están socavando la posibilidad de acceso a la justicia y alimentando los marcados niveles de impunidad que este país ha padecido en gran medida por el irrespeto a la ley”.
Pero la abogada e investigadora en temas de seguridad y violencia, Jeannette Aguilar, es tajante al decir que negar el acceso al juez de instrucción de San Francisco Gotera, supondría un desacato y una muestra de cómo la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país está desobedeciendo una orden judicial al impedir el acceso a esos archivos.
“No dar el acceso supondría un desacato y muestra como la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país está desobedeciendo una orden judicial al impedir el acceso a esos archivos”, afirmó Aguilar.
“Lectura equivocada” del Arzobispo
Por su parte, el abogado Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional que firmó la referida sentencia, en entrevista con El Diario de Hoy dijo que el arzobispo está haciendo una lectura equivocada de la sentencia.
“Esta reacción del arzobispo no es la correcta; no está basada en la información adecuada contenida tanto en la sentencia de amparo de los archivos como en la resolución del juez de instrucción de Gotera”.
“Todas las instituciones, incluso las autoridades eclesiales, tienen la obligación de colaborar. Si un juez determina que usted tiene documentación que puede ayudar al esclarecimiento de un hecho y se niega sin causa justificada, está desobedeciendo una orden judicial y eso es delito”, explicó el González.
La Sentencia 828-2013 y 883-2013 le ordenó a la Iglesia Católica “prestar su colaboración a las instituciones estatales -Ministerio Público, Órgano Judicial, etc.- u organizaciones no gubernamentales que conforme al ordenamiento jurídico de El Salvador se encuentren debidamente legitimadas para procurar el esclarecimiento de casos de posibles violaciones a derechos fundamentales, siempre que para ello sea necesario el acceso a los documentos contenidos en el citado archivo y se realice con respeto a los derechos a la intimidad y a la autodeterminación informativa de las víctimas”.
“La sentencia no dejó abierto ese punto. Incluso en la sentencia no se pudo haber dicho nada pero el deber ciudadano siempre está cuando usted es citado como jurado, como testigo, como perito, a menos que tenga una causa justificada. Aunque no se diga, se tiene ese deber, pero nosotros aclaramos ese punto en el fallo, de que hay un deber de colaborar con la administración de justicia”, añadió el exmagistrado constitucionalista.
Por su parte, el abogado David Morales, coordinador de Justicia Transicional de Cristosal, dijo que la sentencia de amparo a la que el arzobispo se refiere es una sentencia que contrario a lo que él afirmó, obliga al Arzobispado de San Salvador a colaborar con cualquier autoridad. El abogado dijo confiar en que Escobar Alas modifique su posición y colabore con la justicia que investiga la Masacre del Mozote.
Mientras que José Cruz Vigil Delcid, vicepresidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, dijo que Escobar Alas, como líder religioso debía estar al lado de las víctimas, pero no lo está haciendo en un momento clave en el que están próximos a obtener la justicia que por tantos años han luchado.