Un año después de que el expresidente de la República, Antonio Saca, confesó que desvió $301 millones de fondos públicos a cuentas particulares; y se le impusiera una condena de 10 años de cárcel, él admitió este viernes que ofreció $10,000 a una empleada judicial, por medio de un abogado, a cambio de que le filtrara información sobre un caso de presunto enriquecimiento ilícito de $3.9 millones por el que es procesado.
El exjuez de Paz de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, Rafael Calderón, también confesó que cometió tres casos de prevaricato y uno de cohecho propio al asesorar a abogados de algunos acusados para favorecerlos en procesos judiciales ventilados en su juzgado.
Los exfuncionarios pactaron un juicio abreviado con el exfiscal general, Douglas Meléndez, y confesaron los delitos ante la jueza Nora Montoya, del Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, quien realizó los casos por separado.
Primero fue Saca quien aceptó que cometió el delito de cohecho activo (dar sobornos) y el Ministerio Público pactó con él pedir una condena de dos años de prisión si confesaba.
Ese delito es castigado con penas de entre seis y 10 años de cárcel. La ley establece que para que se configure este delito no es necesario que se concrete la entrega de dinero u otras dádivas, basta con que una persona haga el ofrecimiento.
Mario Machado, abogado del convicto, explicó que aunque su cliente “jamás” entregó el dinero, decidió buscar un acuerdo con el Ministerio Público “por conveniencia y para evitar que un proceso político tenga una consecuencia jurídica más gravosa”.
El abogado Víctor Manuel Melgar González, (a) “Pitinga”, le pidió $10,000 a Saca para sobornar a Ángela Iracema Avelar Salinas, empleada de la Cámara Primera de lo Civil. Ella les filtraría información sobre el proceso contra Saca por enriquecimiento ilícito, según Machado.
El defensor agregó que su cliente confesó que Melgar le pidió, en una llamada telefónica,“10 pepinos” ($10,000) para tener influencia sobre Avelar.
“Puedo decirles que, en este caso, al mono más vivo se le cayó el zapote, porque un expresidente cayó en un timo de un abogado que andaba ofreciendo arreglar el cielo y la tierra en toda la costa, desde Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate”, expresó Machado.
Él sostiene que la pena de dos años de cárcel pactada con la Fiscalía ya se habría cumplido, pues es el mismo tiempo que Saca lleva detenido y por eso no se le debería sumar a la condena que ya purga.
Empleada confesó que aceptó soborno y hace trabajo público
Víctor Manuel Melgar y Ángela Iracema Avelar fueron detenidos, en agosto de 2017, en un operativo que hicieron las autoridades para desarticular una red de corrupción dentro del sistema judicial.
“Pitinga” era el cabecilla de la estructura que sobornó a empleados judiciales para favorecer a imputados en procesos que se conocieron en los juzgados de Paz de San Francisco Menéndez, Ahuachapán; Primera Instancia de Acajutla y de Primera Instancia de Izalco, ambos de Sonsonate, así como la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, reveló la investigación.
Por este caso, Melgar enfrenta un proceso en el Juzgado Noveno de Instrucción, pero la audiencia contra él ha sido suspendida cuatro veces por diferentes motivos. La última vez fue en julio, porque el defensor del imputado no se presentó.
En diciembre, Avelar confesó en el referido juzgado que aceptó el soborno ofrecido por Melgar, aunque aclaró que no recibió el dinero. La jueza la condenó a realizar dos años de trabajos de utilidad pública.
Exjuez admitió que se lucró con procesos judiciales
El exjuez Rafael Calderón pactó con el Ministerio Público una condena de tres años de prisión a cambio de confesar que asesoraba ilegalmente a defensores de personas acusadas en procesos judiciales que él mismo ventilaba y luego les solicitaba sobornos.
Él recibió diferentes cantidades de dinero, las cuales eran superiores a los $500, señaló la fiscal del caso.
Al filo de las 3:00 de la tarde, la jueza suspendió la audiencia contra Saca y Calderón debido a que hubo fallas técnicas para reproducir los audios de las llamadas telefónicas que ellos sostuvieron con el resto de implicados.
La diligencia fue reprogramada para las 2:30 de la tarde, el 19 de septiembre.