Las pruebas que presentó la Fiscalía no son contundentes para sustentar la investigación que ha realizado en contra del diputado Norman Quijano, de ARENA, y por la cual pide a la Asamblea retirarle la inmunidad política para someterlo a juicio por los delitos de “fraude electoral” y “agrupaciones ilícitas”, expresó el abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo.
“Creo que el requerimiento (fiscal) tiene problemas. No se logran tipificar los delitos que dice. El fraude electoral tiene que ver si yo altero los votos antes o yo altero los votos después y eso no se prueba. El tema de agrupaciones ilícitas tiene que haber una especie de organización con permanencia, con líneas de mando, etc., y eso tampoco se prueba”, advirtió Bertrand Galindo.
El fiscal Raúl Melara acusa a Quijano, expresidente de la Asamblea, de “fraude electoral” y “agrupaciones ilícitas”. En su petición de desafuero en contra del diputado de ARENA, enviada a la Asamblea el 27 de enero, aduce que Quijano negoció con pandillas con la intención de ganar en la segunda ronda de las elecciones presidenciales de 2014.
La Fiscalía basa su acusación en las declaraciones brindadas por el testigo criteriado “Noé” sobre como se dieron los hechos desde 2003, “la tregua entre las pandillas” pactada en el gobierno de Mauricio Funes hasta 2014 en las elecciones que participó Quijano como candidato.
“Una de las cosas más relevantes allí, es que en esta reunión privada que dice el testigo ‘Noé’, dice que le dijeron que Norman había dicho, eso en un tribunal no vale”, explicó Bertrand Galindo.
Es más, añade que al nivel de pruebas en que se encuentra el requerimiento fiscal, el caso en contra de Quijano “se caería en sede judicial, no sé si al final agregarían más pruebas, pero al nivel que estamos cero que no hay base, incluso, para poder continuar”, sostuvo Bertrand Galindo.
El caso de Quijano se remonta al proceso judicial en contra de 425 pandilleros de la MS por diversos delitos. El testigo Noé declaró y mencionó, entre otros detalles, las reuniones que sostuvieron con políticos de ARENA y del FMLN para negociar apoyo electoral.
Aseguró que en el caso de Quijano le pidieron $1 millón a cambio de votos, pero no dijo qué les contestó el entonces candidato.
Al respecto, la abogada y especialista en Derecho Penal, Marcela Galeas, también desestima que la Fiscalía se base únicamente en el testimonio de un testigo criteriado.
“La Fiscalía no ha presentado elementos periféricos que corroboren la versión del testigo Noé, solo lo que él dice, además de que para el delito de agrupaciones ilícitas no se cumplen las características ni modalidades del Código Penal”, esgrimió Galeas.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), habla con más cautela, pero señala también que las pruebas de la Fiscalía para fundamentar su acusación “deben ser suficientemente robustas y que el antejuicio se maneje con estricto apego a la legalidad, eso es importante y que se maneje con transparencia en la Asamblea Legislativa”.
No hay fundamentos
En cuanto al delito de agrupaciones ilícitas que la Fiscalía le atribuye a Quijano; Bertrand Galindo, advierte que para determinar que alguien pertenece a una organización delincuencial se deben considerar varios aspectos y no es tan fácil comprobarlo como lo hace ver la Fiscalía.
“Para mí, creo que no hay base ni para el requerimiento fiscal, creo que hay un problema de tipificidad, hay un problema de falta de una prueba robusta”, alegó.
La abogada Marcela Galeas también trae a cuenta el video como elemento de prueba que la Fiscalía sostiene para implicar a Quijano en las negociaciones con pandillas. La abogada afirma que la prueba está “viciada” por la manipulación mediática que se le dio al hacerse público su contenido antes de que la Fiscalía hiciera la acusación formal.
“La prueba con la que se intenta fortalecer la acusación tiene un vicio, pues no ha sido incorporada de manera idónea ni ha llegado al juez de una forma tal, sino que se ha roto la cadena de custodia. Al revelar públicamente el video fuera del juicio o antes del juicio, han viciado la prueba”, observó Galeas.
Añade que el video como prueba del delito podría ser desvirtuado por la defensa del acusado en un posible juicio en contra de Quijano.
La reproducción previa del video afecta la “sana crítica del juez” que dirimirá en el caso, dice. Se ha dado lo que en derecho penal se llama la “teoría del fruto envenenado”. “Queda expreso que los documentos probatorios que se incorporen al proceso deben ser obtenidos de forma lícita, no deben haber sido contaminados en su obtención ni reproducción”, argumentó Galeas.
Castro mencionó otro aspecto a valorar, y es el “político”, dado que los diputados son quienes deliberarán si el requerimiento fiscal contempla los criterios técnicos y legales suficientes que ameriten retirarle el fuero a Quijano para ser procesado judicialmente.
“Lo que los diputados conocen es la solicitud (de antejuicio) y se tiene que determinar que no sea arbitrario, que tenga sustento en la legalidad, eso es importante que debe determinar la Asamblea, si hay indicios se pasa al juez, será él quien en tribunales determinará la responsabilidad”, argumentó Javier Castro de Fusades.
A los señalamientos, Quijano se ha defendido reiterando que es “inocente” de lo que la Fiscalía lo acusa. La comisión de Legislación analizará la petición de antejuicio de la Fiscalía la próxima semana.