La restricción al acceso a la información por parte de las instituciones públicas, los bloqueos al trabajo de los periodistas y los ataques digitales que enfrentan los periodistas son algunas de las restricciones que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha documentado en el año. El Diario de Hoy habló con Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador y esto nos dijo sobre el trabajo de la prensa en el país.
¿Cómo está la relación de la prensa en el país, con el Gobierno, con instituciones y la empresa privada?
En los últimos meses, la Asociación de Periodista, APES, ha venido registrando una serie de vulneraciones hacia los colegas que suman 76 tipos de vulneraciones a periodistas. La mayoría son restricciones al ejercicio del trabajo periodístico, estamos hablando en promedio de 26 casos, que se ha centrado mucho en el período del nuevo Gobierno.
Nos preocupa como en estos seis meses hay una serie de restricciones, por ejemplo, a coberturas de conferencias de prensa, lo vivimos justamente con dos colegas de medios digitales, que hacen periodismo de investigación a quienes se les negó el acceso a una conferencia de prensa del presidente Bukele.
Otros casos que APES ha conocido y ha tenido acceso a la información y que vemos con preocupación es que no hay un flujo efectivo de la información del trabajo que está haciendo este Gobierno, en términos que la prensa pueda investigar y consultar, por ejemplo, el caso de la CICIES. Sobre el tema de la CICIES se ha hablado muy poco, hay periodistas que han tratado de consultar y no han tenido acceso a este tipo de información.
¿Cuando habla de otra vulneraciones, a qué otros casos se refiere?
Por ejemplo a restricciones de periodistas que están en cobertura al aire libre y que cubren hechos de violencia, puntualmente, hechos de violencia con grupos de pandillas en el interior del país. Hemos registrado en los últimos meses, al menos un caso por mes desde junio a septiembre.
¿Estas restricciones son con la Policía o la Fuerza Armada?
Son ambos, en muchas ocasiones en estos enfrentamientos a veces es la Policía acompañada de la Fuerza Armada, y los periodistas cuando van a estas coberturas, por ejemplo llegan los fotoperiodistas y camarógrafos, viene la Fuerza Armada o la Policía y les pregunta: “Y ustedes que están haciendo acá, cómo se enteraron”, es decir que es un hecho del que se supone no se debían enterar, les piden que muestren las imágenes que han tomado, les piden que borren las imágenes.
Tenemos un caso en el oriente del país que a colegas lo obligaron a borrar las imágenes, le quitaron la credencial de prensa, le pidieron los documentos de identidad y les tomaron fotografías a esos documentos, los estuvieron amenazando en decir que los iban a perfilar como ayudantes de pandilleros.
¿En estos casos, la APES ha hecho alguna intermediación con el Gobierno o con la Asamblea Legislativa para tratar de buscar un punto que nos permita ejercer nuestro trabajo y ellos desarrollar su actividad?
En el caso de la Asamblea Legislativa tenemos pendiente la comunicación, al igual que con los juzgados con algunos casos que son de interés público y no se ha permitido el acceso a la prensa. Solicitamos formalmente una reunión con el secretario de Prensa (Ernesto Sanabria), además que previamente en las siguientes conferencias de prensa le pedimos a una de nuestra referente del Centro de Monitoreo que fuera a las conferencias de prensa a verificar cómo se estaban dando, pero lamentablemente no hemos tenido una respuesta al respecto.
Hay que mencionar que con este Gobierno unas de las complicaciones que estamos teniendo es que hay una vía de comunicación unidireccional, este Gobierno comunica, pero solo lo que ellos quieren.
¿Cómo es el acceso a la información pública de este Gobierno?
Es muy preocupante. No hay un mecanismo efectivo de acceso a la información, las solicitudes que haces a Casa Presidencial, nos ha pasado en APES que hemos hecho solicitudes de información sobre el tema de la pauta gubernamental de cómo se está asignando, los criterios que establecen y nos la han negado.
Hemos pedido también información de quiénes son los comunicadores institucionales, sus correos electrónicos y sus número de teléfonos fijos, para conocer también que tanto ha crecido o si ha mantenido ese listado de comunicadores institucionales, qué es información de carácter oficiosa pero que en el caso del Ejecutivo la están negando.
Tenemos casos registrados de periodistas de diferentes medios de comunicación que también señalan que se les está negando este acceso a la información de carácter oficioso. Por ejemplo, proyectos que van en curso, cómo van algunas licitaciones en el Ministerio de Obras Públicas y nos parece preocupante que si un Gobierno no tiene nada malo, sino está haciendo corrupción no tendría que tener miedo por divulgar información.
Quiero regresar a la relación con la prensa, este años hemos visto ataques contra periodistas desde redes sociales, publicamos el caso de la colega Mariana Belloso. ¿Cuántos casos más así se han registrado?
Hay alrededor de 7 casos registrados, de agresiones digitales a periodistas, la mayoría son mujeres periodistas.
Otro caso fue el de Karen Fernández del que puedo hablar con propiedad y casualmente son mujeres. La mayoría de agresiones son a partir de ciertas publicaciones que hacen estas periodistas y el presidente de la República retuitea y eso sirve para que sus seguidores o cuentas anónimas conocidas como troles empiecen a atacarlas.
¿Todos estos ataques en redes solo ha sido de parte de este Gobierno o ha venido alguna de organizaciones o empresas?
Ataques digitales de empresas no hemos identificado.
En otras ocasiones lo que hemos tenido con la reciente coyuntura electoral, las elecciones de febrero por ejemplo, los ataques que recibimos a principio de año tenían que ver con el proceso de las elecciones, y ahí se iban en cuenta todos los partidos políticos y simpatizantes, iban dirigidos hacia periodistas de diferentes medios de comunicación, tanto en radio, televisión y prensa escrita.
Sí nos preocupa mucho que se está dando un escenario de estigmatización hacia los medios que son críticos, hacerlos ver que son medios enemigos del Gobierno.
¿En este tipo de ataques a periodistas se ha dado algún caso de desplazamiento forzado de algún colega?
El año pasado tuvimos el caso de un desplazamiento forzado sistematizado por APES, y este año tenemos otro caso de desplazamiento forzado, en ambos han tenido que ser relacionados a pandillas, por el tema de las extorsiones y por el tema de coberturas en temas de alto riesgo.
El último caso que tuvimos fue de una extorsión y el periodista tuvo que salir con su familia, lamentablemente no ha logrado salir del país pese a que colocó una denuncia ante la Fiscalía General, pidió ante la Procuraduría de Derechos Humanos para poder tener una condición de refugio fuera del país y eso parte también porque no hay protocolos adecuados de atención para poder atender de manera eficiente estos casos.
Desde el año pasado la APES presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Protección de Periodistas, comunicadores y trabajadores de la comunicación, que entre muchos de los elementos plantea crear mecanismos de atención cuando hay periodistas que están siendo afectado por parte del crimen organizado o de otro grupo de poder.