A propósito de la posible instalación de una Comisión Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) afirmó ayer que ve más beneficioso para el país que la institución que apoye la lucha contra la corrupción sea local y no internacional.
En un comunicado circulado este lunes, la entidad representante del sector privado país expresó que prefiere “una comisión nacional que pueda tener apoyo internacional”.
Este pronunciamiento va en línea con lo manifestado por Luis Cardenal, presidente de esta institución que agrupa a 49 gremiales empresariales, quien el fin de semana cuestionó la necesidad de una institución extranjera y pidió en cambio fortalecer la institucionalidad interna.
“¿Qué ganamos nosotros para que una instancia internacional con gente afuera venga a legislar y venga a juzgar lo que sucede en el país?”, expresó Cardenal.
“En el país, la Fiscalía ha demostrado que con voluntad ha habido éxito en la persecución del combate de la corrupción, con mejores resultados que los países vecinos”, sostiene al respecto ANEP.
La asociación también advirtió ayer que no conoce detalles de la propuesta que está trabajando el Ejecutivo. La semana pasada, el presidente Nayib Bukele anunció que la comisión será lanzada antes de los cien días de su administración, es decir antes del 9 de septiembre, sin ofrecer mayores detalles de su conformación. Por ello, reza el comunicado, “la asociación no ha apoyado ni rechazado ninguna propuesta en concreto”.
Sin embargo, el ente empresarial afirmó que “apoyará toda iniciativa que combata y elimine la corrupción” e impida el desvío de fondos para las áreas prioritarias en el país.
Piden discusión abierta
La asociación reiteró ayer que el combate a la corrupción debe basarse en argumentos técnicos y pidió no mezclar una “discusión mediática o ideológicamente sesgada”.
Esto va en consonancia con voces de sociedad civil que han advertido que una comisión de este tipo, sin independencia del poder Ejecutivo, puede volverse una herramienta de persecución política con una agenda sesgada.
En esta discusión, ANEP pide considerar experiencias de Guatemala y Honduras con sus respectivas comisiones en cuanto a eficiencia, costos y la posible cesión de labores que corresponden a instituciones locales.
Sin embargo, en Guatemala múltiples analistas políticos y jurídicos consideran a la CICIG un gran catalizador del incipiente saneamiento de la gestión pública y una pieza clave en la “primavera” de 2015 que combinó investigaciones sobre mafias corruptas, un judicial audaz que abrió y resolvió casos de alto impacto y llevó a prisión a un presidente, y una ciudadanía que protestó con contundencia contra los abusos de poder.