El pasado 23 de marzo, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, y la junta directiva de esa institución parece que tuvieron un día muy ajetreado, firmando y otorgando al menos 16 contratos directos: 12 para la perforación y equipamiento de pozos en el área metropolitana de San Salvador y cuatro contratos de arrendamientos de camiones cisternas (pipas).
En suma, entre los contratos directos de perforación y equipamiento de pozos y los cuatro contratos de arrendamientos de camiones cisternas, suman casi 4.2 millones de dólares.
Si bien de los 16 contratos solo la perforación y equipamiento de un pozo y el arrendamiento de los camiones cisternas fueron otorgados en el marco de la emergencia nacional amparada en el Decreto Legislativo 593 para luchar contra la pandemia de COVID-19, los restantes contratos fueron otorgados de forma directa, obviando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
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La declaratoria de emergencia nacional le da la potestad a las instituciones públicas a contratar servicios o comprar bienes en la modalidad de contratación directa, es decir, sin necesidad de someter los contratos a licitación pública.
¿Por qué todos esos contratos se hicieron como contratación directa?, se le preguntó a ANDA.
“Hay una justificación jurídica y una justificación que se dio ante la Junta (Directiva) que se dio por la emergencia”, respondió el gerente de comunicaciones de ANDA, Gabriel García, el 6 de junio anterior, quien dijo que necesitaba ver los argumentos definidos para poder dar una razón. Sin embargo, al 19 de este mismo mes no había ampliado la respuesta.
Al menos en el caso de la perforación de pozos, abogados consultados, expertos en la LACAP, dijeron que las facilidades que otorgaba el estado de emergencia fueran utilizadas para contrataciones que tenían que ver exclusivamente con bienes o servicios con el tema COVID-19, pero al dejar el portón abierto, se dieron cosas como lo que está haciendo ANDA.
Los expertos agregaron que la perforación y puesta en mantenimiento de un pozo es un trabajo complejo, no es un proceso de resultados instantáneos, afirmó uno de los letrados, en referencia al contrato de la perforación y equipamiento de un pozo en la comunidad Tierra Virgen, de San Martín, por más de 600 mil dólares.
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Otros abogados indicaron que, a menos que todos los estudios medioambientales y sanitarios que se requiere para perforar un pozo del que se va a servir agua a la población, ya estuvieran listos, los resultados de esas contrataciones directas se estarán percibiendo en varios meses, sobre todo partiendo del hecho de que los plazos otorgados por la ANDA a las empresas perforadoras son de entre 90 y 210 días, es decir, entre tres y siete meses.
“La intención de la suspensión de algunas disposiciones de la LACAP con la declaratoria del estado de emergencia, era facilitar contrataciones de bienes y servicios en cuanto al combate de la pandemia, pero al no limitar esa discrecionalidad, facilitó que se dieran casos como el de la ANDA que utilizó la figura de la contratación directa para procesos como la de perforaciones de pozos que no tiene resultados instantáneos, la complejidad misma de ese tipo de proyectos hace que tengan una duración de más de cuatro meses en su ejecución. Por ello, alegar la emergencia por COVID-19 no fue más que un abuso, permitido por la discrecionalidad otorgada en el Decreto Legislativo 593”, explicó un abogado y exjefe de una unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales.
Expertos en la LACAP y que leyeron los contratos de perforación y equipamiento de los siete pozos opinaron además que los montos a pagar parecen bastante elevados en comparación con otros contratos de esa misma índole que otras instituciones han hecho con anterioridad con algunas de las mismas empresas.
La perforación de los siete pozos fueron otorgados a seis empresas, a dos de las cuales se les dio tres contratos a cada una.
Uno de los pozos que tiene la contratación más cara es la del Contrato de Obra No. 60 y 61/2020, Contratación Directa 13/2020, concerniente al pozo a perforar y equipar en la comunidad y cantón Tierra Virgen, de San Martín. Entre la perforación y equipamiento, el costo es de más de 631,000 dólares.
Le sigue el Contrato de Obra No. 53/2020, que consiste en la perforación e incorporación, reza el documento, de un pozo en la planta El Desvío. Con esa obra se estaría mejorando el servicio de agua a la residencial Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán.
Por este pozo la ANDA pagará 563,050.99 dólares. La empresa Hidrotecnia, S.A. de C.V., tiene un plazo de 210 días (siete meses) para entregar la obra. Es decir, que si todo marcha bien, esa obra estaría siendo entregada a finales de octubre de este año.
Otra de las obras que sobrepasa el medio millón de dólares es la perforación y equipamiento del pozo en la planta de bombeo Los Almendros, también en el municipio de San Martín, cuyo costo será de más de 504,000 dólares.
La ANDA no ha puesto a disposición del público los términos de referencia de la perforación y equipamiento de los siete pozos, lo cual hace difícil, según los expertos en contrataciones del Estado, determinar si realmente los montos a pagar por dichos pozos son razonables.
$800,000 para pipas por la emergencia
El mayor contrato de pipas lo ganó el esposo de una mujer que fue capturada en el marco de la llamada Operación Jaque, contra la Mara Salvatrucha, en agosto de 2016, por el delito de alteración de matrículas de autobuses y cobro de subsidio del transporte colectivo. No obstante, en febrero de 2018, fueron puestos en libertad porque, según el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, la Fiscalía no fundamentó bien la acusación.
Este empresario es a quien ANDA le ha otorgado un contrato por 275,000 dólares. Él proveerá a la institución de 25 pipas para suministrar agua en las regiones central y occidental, reza el documento al que El Diario de Hoy ha tenido acceso.
“Servicio de arrendamiento de camiones cisternas para el suministro de agua potable para diversos sectores de la población a nivel nacional, en el marco del Decreto Legislativo No. 593, estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19”, reza cada uno de los cuatro contratos.
El 6 de junio anterior, el gerente de comunicaciones de la autónoma, Gabriel García, prometió dar una explicación sobre estos arrendamientos, pero al 19 de junio, aún se esperaba su respuesta.