El equipo nombrado por el presidente de la República, Nayib Bukele, para estudiar posibles reformas a la Constitución agregó a su pliego de posibles cambios los plazos de los mandatos de los funcionarios de elección popular. Entre ellos, sugieren extender de 5 a 6 años el cargo de Presidente de la República, según se desprende de un comunicado oficial emitido el sábado pasado.
Según el comité que es liderado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se busca que coincidan los ciclos electorales y no tener ciclos electorales tan variables.
Al respecto, El Diario de Hoy consultó con dos abogados constitucionalistas sobre la pretensión de dicha reforma a la Constitución. Uno de ellos, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), René Hernández Valiente, expresó que la alternabilidad de la Presidencia plasmada en la Carta Magna es una cláusula pétrea, es decir, intocable.
“La alternabilidad que tenemos nosotros habla de cinco años y eso ya quedó bastante establecido de esa manera y es constitucional y es pétreo, inclusive la Sala de lo Constitucional lo estableció vía interpretación de la Constitución, porque el texto del artículo 154 no engaña, dice que no podrá ser candidato el que haya sido presidente; los seis años sería como estar burlando la cláusula pétrea de la alternabilidad cada 10 años”, afirmó Hernández Valiente.
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Añadió que los periodos de funcionarios de elección popular que podrían sufrir cambios son los de diputados y alcaldes. Actualmente, la ley establece tres años para diputados de la Asamblea Legislativa y tres años para los gobiernos locales.
“Establecer un periodo de seis años para los diputados y alcaldes se puede, pero en el caso del presidente está establecido de forma automática que el periodo es de cinco años y dice la Constitución: ni un día más”, remarcó Hernández Valiente.
Por su parte el constitucionalista Enrique Anaya dijo que no es conveniente reformar la Constitución para ampliar el periodo a 6 años de la Presidencia de la República, a raíz de la historia reciente que tiene El Salvador y su experiencia con el autoritarismo.
“Estoy en contra de ese tipo de propuestas porque me parece que en un país como El Salvador, que ha tenido una larga tradición de caudillismos y de predominio de dictaduras, aumentar periodos presidenciales no abonan a la democracia, jurídicamente sí se puede hacer, pero no estoy de acuerdo con esa propuesta”, sostuvo Anaya.
Según dijo, el proceso para hacer una reforma constitucional del tipo que analiza la comisión Ad Hoc del Ejecutivo debe seguir el proceso que la misma normativa primaria contempla: ser aprobada en una primera legislatura con 43 votos de mayoría simple y posteriormente ratificada con 56 votos de mayoría calificada en la siguiente legislatura.
Métodos de democracia directa
Según el comunicado oficial del Equipo ad hoc, la mesa que estudia el Sistema Político ha recibido 659 propuestas de reforma a la Constitución. “La mayoría se cuestiona la falta de control de los ciudadanos sobre los funcionarios electos como presidente de la República, diputados y alcaldes, por ello exigen el funcionamiento de las instituciones de la democracia directa (plebiscito, referéndum, iniciativas ciudadanas y revocatoria de mandato) a fin de que dichos funcionarios no se alejen de su mandato e incumplan sus promesas de campaña”, dice.
El exmagistrado Hernández Valiente opina que las figuras concebidas por el comité presidido por Ulloa no tienen cabida en el actual sistema político de El Salvador.
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El jurista explicó que el tema de ampliar la Presidencia de la República a 6 años lo están abriendo al debate, pero el equipo del Ejecutivo no tiene ninguna posibilidad, ya que tendría que redactar un documento borrador y llevárselo al Presidente de la República para que él decida qué hacer con las mociones recabadas para modificar la Constitución, pero se toparían con una situación “irresoluble”, afirmó.
“El Presidente no tiene iniciativa de ley para modificar la Constitución, allí estamos en una situación irresoluble, no hay posibilidad que tenga validez constitucional lo que hace la comisión ad hoc, porque fue ilegalmente montada por el Presidente (Bukele)”, aclaró.
Además, señaló que no existe un análisis empírico práctico sobre el por qué quieren llevar a seis años el periodo presidencial y que “mientras no exista, es un caprichito del vicepresidente (Ulloa) y nada más”.
Anaya manifestó que mientras no se conozca específicamente para qué tema servirá la consulta popular, su aplicación no sería vinculante.
“Hay que preguntar cuáles son los temas referidos a la consulta popular, sus efectos y cómo se desarrollarán, hay muchas variantes para eso; en el mundo, los modelos de consulta popular son inabarcables, todo depende de para qué”, cuestionó.
El comité también estudia si para la elección que hace la Asamblea de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se toma en cuenta solo el listado del Consejo Nacional de la Judicatura y se elimina la elección que hacen los abogados del país.
Anaya explicó que si pretenden dejar por fuera a las asociaciones de abogados que eligen como gremio a la mitad de la terna de posibles magistrados, tendrían que hacer una reforma constitucional.
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