Pocos días después de que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenara la ejecución de su primer plan de seguridad, “Control Territorial”, la organización Amnistía Internacional (AI) hace el llamado a transparentar estas iniciativas y volverlas participativas.
En una entrevista con El Diario de Hoy, la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, afirmó que estas acciones pueden ganar credibilidad a medida se den a conocer a la sociedad civil, quien es además la directamente afectada por lo que haga el gobierno.
Asimismo, Guevara-Rosas aclaró que es mediante esta participación que se puede evitar que se presenten medidas simplistas a problemas complejos. “La única opción para fortalecer la seguridad en una democracia real es construir espacios plurales para alcanzar medidas integrales. En este proceso, la participación de la sociedad civil es crucial para acompañar y dar credibilidad al gobierno. Si esto no es así, habrá poco espacio para que estas acciones sean contundentes y den paso a rehabilitación y prevención”, dijo.
El pasado lunes, la representante de AI sostuvo una reunión de unas dos horas con el mandatario en la que, según narra, Bukele se comprometió a dotar a los planes de seguridad de un enfoque de derechos humanos y rehabilitación. Asimismo, indica que el presidente le adelantó que creará una comisión interministerial para abordar la problemática de una perspectiva más compleja y en la que Amnistía Internacional presuntamente participará.
“En esta mesa participarían las ministras de Educación, Salud y Cultura además del ministro de Seguridad”, dijo a este medio la defensora de derechos humanos de nacionalidad mexicana. “En esta mesa nos sentaremos a discutir junto al Gobierno y esperamos que eventualmente se extienda a participación plural de organizaciones de sociedad civil”.
Más allá de las intenciones
Según Erika Guevara-Rosas, Amnistía Internacional ve con preocupación “que las acciones que ha interpuesto el presidente en su plan ‘Control Territorial’ parecen simular políticas anteriores que consideramos fallidas, aunque él (Bukele) dice que solo estamos viendo un pedazo de lo que está poniendo en acción y que la política no solo puede ser punitiva o represiva”.
Un modelo de represión, añade, “equivale a apagar un incendio con gasolina” y solo alimenta la violencia.
Discursos y funcionarios “ya no tienen cabida”
Guevara-Rosas también menciona que los discursos que piden medidas más duras contra los criminales e incluso la pena de muerte “ya no deberían tener cabida en un estado democrático moderno”. Curiosamente, uno de los principales promotores de la pena capital es Guillermo Gallegos, diputado y dirigente de GANA, partido que llevó a Bukele a la presidencia. Asimismo, el ahora viceministro de Seguridad pública y director de centros penales, Osiris Luna, se ha manifestado a favor de este tipo de castigo. “Sostengo que estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque no podemos seguir viendo con paños tibios en el tema de seguridad”, tuiteó el también exdiputado de GANA en diciembre de 2018.
Más allá de la retórica violenta, según AI estas personas no deberían tener cabida en un gobierno que aspire a un modelo de seguridad enfocado en derechos. “Es inaceptable que haya estos discursos cuando el mundo avanza a abolir la pena de muerte, es inaceptables el llamado a la intolerancia y el odio”.
Sobre este último punto, la representante de AI afirma que el presidente compartió su preocupación y espera que esto trascienda a acciones reales: que Bukele no permita que sus funcionarios se expresen así y que estos sean sancionados si lo hacen.