La oposición de Nicaragua demandó ayer al Ejecutivo la libertad de al menos 86 “presos políticos” en las próximas 36 horas, como parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno en la mesa de negociaciones.
“Todos ellos tienen que salir en las próximas 36 horas, antes de la medianoche del día 18, ese es el compromiso que tiene el régimen actual y el que la sociedad nicaragüense le exige”, dijo esta tarde el ex diplomático y miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann, en conferencia de prensa.
El llamado lo hizo la Alianza Cívica en conjunto con el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, ante el temor de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega repita su patrón a lo largo de las negociaciones de no cumplir, o cumplir a medias, con los compromisos firmados.
De acuerdo con lo establecido entre las partes a fines de marzo pasado, el Gobierno del presidente Daniel Ortega daría “libertad definitiva” a todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días, que vence hoy.
Tünnermann resaltó que la “liberación definitiva” significa el cierre de las acusaciones legales contra los “presos políticos”, quienes han sido acusados de terrorismo y otros delitos.
Según la Alianza Cívica, tras liberar a 620 “presos políticos”, al menos 86 permanecen en los calabozos de Nicaragua, luego de haber sido arrestados por participar en protestas contra Ortega.
La oposición considera innecesario que decenas de convictos permanezcan bajo encierro, en especial cuando algunos de ellos no tienen acusaciones legales en su contra.
La semana pasada el Gobierno liberó a 106 presos políticos, incluyendo a campesinos, estudiantiles y comerciantes, que lideraron las protestas contra Ortega en 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se unió al llamado de la alianza opositora y exhortó al Gobierno liberar a estos presos políticos como el primer paso para el restablecimiento de las libertades individuales y la democracia en el país centroamericano.
El organismo presentó ayer en Miami su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país, un “diagnóstico preciso” en torno a la situación que vive Nicaragua.
Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, señaló en la presentación que entre las 4 recomendaciones generales y 43 específicas contenidas en el informe, destaca la necesidad de restablecer en Nicaragua “la plena vigencia del estado de derecho garantizando el principio de independencia y separación de poderes públicos”.
“Pese al inicio de la mesa de negociación, persisten en el país las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento y persecución y, en general, un ambiente de represión”, lamentó Urrejola.