Alejandro Muyshondt, asesor de seguridad de Casa Presidencial, y su empleado, Manuel Calles, serán procesados en libertad, a petición de la Fiscalía General, por los delitos de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de dos víctimas; portación irresponsable de armas de fuego y resistencia.
Ambos fueron acusados el lunes en el Juzgado Décimo de Paz, que ordenó dejarlos en libertad y que comparezcan el miércoles, a las 10:30 a.m., en la audiencia inicial.
El Ministerio Público además solicitó a la jueza que ratifique si los imputados conciliaron con las afectadas por daños, hurto y amenazas con agravación especial.
Por estos tres delitos, Muyshondt y Calles lograron un acuerdo económico con las ofendidas, según la abogada Bertha Deleón, quien en otras ocasiones ha defendido a mujeres a las que se les han vulnerado sus derechos.
Durante la diligencia, los acusados presentaron un acta de la conciliación, pero la jueza decidirá en la audiencia del miércoles si la avala.
Los dos hombres fueron detenidos en la colonia Escalón, la tarde del viernes, luego de que las víctimas los acusaran ante la Policía Nacional Civil (PNC) de haber proferido contra ellas expresiones de violencia y de haberles dañado el carro en el que se transportaban.
El fiscal explicó que las mujeres llegaron a una clínica cercana a la casa de Muyshondt y estacionaron el vehículo frente a la vivienda del acusado tras percatarse de que se le había acabado la gasolina.
Pocos minutos después, los hombres presuntamente salieron del inmueble enojados, insultaron a las víctimas y pincharon las llantas del carro; también le quebraron las ventanas y el parabrisas.
Deleón argumentó que no podía revelar detalles de la acusación porque el caso tenía “reserva total” a petición de la Fiscalía General; la institución desmintió a través de su cuenta de Twitter que hubiera pedido reserva al proceso.
“El asesor va a ser presentado a los tribunales el día de mañana, no antes. Nadie está por encima de la Ley, menos los servidores públicos”, tuiteó el domingo el Fiscal General, Raúl Melara.
Desde el arresto de Muyshdont y su empleado, ningún funcionario del gobierno de Nayib Bukele se ha pronunciado por este hecho.