Una familia de salvadoreños y otro ciudadano particular que se encuentran albergados en dos lugares diferentes en el país, coinciden que el gobierno cometió errores graves en la atención de los albergues y puso en peligro la vida de muchos personas por la deficiente logística y atención médica inadecuada.
Los denunciantes aseguran que sus casos llegaron a instituciones legales y les trajo problemas sicológicos por la incertidumbre y la falta de información. Muchas veces era suerte lograr convencer a un militar o doctor para sobrevivir y no sufrir como otras personas.
En el primer caso, se trata de una familia que resultaron afectados y tuvieron que recurrir a la Sala de lo Constitucional ante el maltrato de parte de las autoridades de Salud. Los magistrados ampararon a los afectados y ordenaron de inmediato un tratamiento adecuado para todas las personas albergadas.
Los denunciantes sostienen que el 15 de marzo fueron albergados en el Hotel Santa Leticia cuando regresaban de Panamá. El día 24, les realizaron las pruebas del COVID-19, sin embargo, dieron negativas. Dicen que no presentaban síntomas y su estado de salud era muy bueno.
Sin embargo, el 28 de marzo, personal médico de ese albergue, les manifestó que se llevarían trasladada a una señora de la familia hacia el Hospital Saldaña, en Los Planes de Renderos, con el argumento que “tenían directrices y que no se alarmaran”.
MINUTO A MINUTO: 81 albergados son dados de alta de diferentes centros de contención
Ante la demanda de Hábeas Corpus, los magistrados ordenaron al juez ejecutor, Roberto Arévalo Ortuño para que supervisara la legalidad del traslado de la paciente. En la orden judicial, también se pide informes de todos los registros médicos y medicamentos implementados a la señora y su estado de salud.
El segundo ciudadano, se queja de la falta de un control o registro médico, ya que, relata que padece de ansiedad, vértigo periférico, hipoglucemias y hongos que adquirió en los albergues.
Afirma que nunca se le dio un tratamiento adecuado y tampoco le proporcionaron las medicinas adecuadas y a la hora establecida.
El ciudadano sostiene que los mismos empleados de Salud amenazaban a las personas que se quejaban de los lugares de refugio, en enviarlos a otros de pésima calidad y atención.
Recuerda que tuvo que regalar ropa de la que llevaba en su viaje y hasta un par de sandalias a un ciudadano que colaboró a entregar la comida descalzo, teniendo contacto con muchas personas del albergue, aún sin saber si estaba contagiado.
También compartió 164 obras para combatir el estrés, pero nunca las entregaron a los ciudadanos.