Hace 29 años, menos un día, se firmó el silencio de los fusiles y eso no es poca cosa. Para un país que vivió represión, violencia política, persecución de la disidencia y donde el sistema político y económico estaba diseñado para evitar reformas significativas y callar voces opositoras, pasar la página de la confrontación bélica y adentrarse en los mares inciertos de la democracia es un hito importantísimo.
Ese 16 de enero de 1992, en el Castillo de Chapultepec en Ciudad de México, se colocaron los cimientos de una República donde las diferencias se administran de una manera pacífica, política y civilizada.
Avances y retrocesos
Como es natural en cualquier proceso humano, especialmente uno que involucra a una sociedad y su devenir político, no todo ha sido un avance constante hacia mayor democracia y libertad.
En este periodo, en el que han desfilado siete gobiernos de tres banderas partidarias diferentes y con visiones diversas, El Salvador ha experimentado corrupción, abusos de poder, nepotismo y vicios de poder que emulan los años previos al conflicto armado.
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Pero atribuir estos vicios a los Acuerdos de Paz es un acto de miopía histórica, ignorancia o completa malicia, cuando estos generaron una trama institucional que busca prevenir y castigar estos excesos.
Si bien ha habido retrocesos en la democracia que se soñó, las bases que se sentaron en los Acuerdos de Paz han permitido, entre otras cosas, que esas diferencias políticas ya no se resuelvan a la vieja usanza: usando la represión, los secuestros, la tortura y las desapariciones como métodos de presión o herramientas políticas cotidianas.
Que un salvadoreño se encuentre con artículos de investigación que dan cuenta de indicios de corrupción de administraciones pasadas o presentes atestigua el significativo avance de la libertad de prensa y el periodismo independiente, pilares fundamentales de una democracia y que permiten que el ciudadano sepa qué sucede con el dinero que paga en impuestos.
Que un periodista pueda hacer preguntas difíciles e incomode a un gobierno y no desaparezca a los pocos días es un signo de que la firma de la tan ansiada Paz ha servido al ciudadano a estar más informado, empoderado y capaz de tomar mejores decisiones.
Que un grupo de ciudadanos proteste por lo que le parece un manejo desacertado de los recursos públicos y no se encuentre con la pesada bota de la represión es una clara señal de que en 1992 se dijo ¡no más! a la violencia política.
El precio del olvido y la impunidad
Que los cuerpos de seguridad deban someterse al poder civil y respetar los derechos humanos lucía impensable hace tres décadas y hoy es una característica no negociable.
Que los gobernantes no sean inalcanzables es una conquista fundamental de los Acuerdos de Paz.
La política siempre indignó al ciudadano. Pero antes del acuerdo firmado en Chapultepec, las opciones para organizarse y expresar descontento eran limitadas y muy peligrosas. Un logro innegable de la paz es la facultad de contestar la indignación con incomodidad a los gobernantes.
Ya sea con reportajes y periodismo, con protestas pacíficas en diferentes plataformas o con activar el entramado institucional y los controles al poder, desde 1992 los salvadoreños pueden exigirle al poder que rinda cuentas, dé explicaciones y transparente el uso de fondos públicos para evitar despilfarro o robo.
Negar estos avances es, por tanto, o insensato o motivado por pretensiones perversas.
¿Qué fue la paz?
Los Acuerdos de Paz no equivalieron a entregar de golpe un país terminado, y automáticamente mejor y más próspero que el día anterior.
Lo que permitieron es generar las plataformas para que los salvadoreños pudiesen discutir qué tipo de país querían construir. Discutir, no dictar o forzar, mucho menos con la falsa “elocuencia” que da el tener las armas sumisas del lado del gobernante.
El Salvador está lejos de ser un país de ensueño. Las oportunidades de progreso económico significativo son escasas. La violencia sigue acechando a miles de compatriotas día con día y fuerza al desplazamiento o la migración a otros cientos. Los recursos públicos siguen viéndose como un banco a discrecionalidad de quienes gobiernan.
Pero esos no son problemas de haber firmado la paz. Por el contrario, los avances que ha habido, que son muchos y significativos, dan cuenta de que el país lo que precisa es profundizar el camino plasmado en 1992 y no desandar el significativo proceso democrático alcanzado desde ese momento.
La firma de los Acuerdos de Paz no fue un “final de la historia” sino el inicio de una construcción en la que todos pueden y deben ser protagonistas, participando, activando las instituciones e incluso incomodando al poder.
Pretender ahora negar este proceso histórico es muy peligroso. Negar el valor de que los cuerpos de seguridad sean profesionales y apolíticos, renegar de la pluralidad política y pretender que haya “voces oficiales”, silenciar a la prensa y adversar los Acuerdos de Paz solo puede responder a querer iniciar una historia “nueva” que realmente evoca al pasado más oscuro y cavernoso de la represión y los abusos de poder.