Las prórrogas a la cancelación por completo del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que han permitido a miles de salvadoreños y beneficiarios de otros países seguir en Estados Unidos, han sido gracias al arduo trabajo de la misma población tepesiana y el apoyo de organizaciones pro migrantes, incluidas algunas lideradas por salvadoreños.
Demandas interpuestas por salvadoreños junto a afectados de otros países, visitas al congreso y representantes políticos de los Estados Unidos, así como multitudinarios encuentros en Washington D.C. han logrado elevar la importancia del tema del TPS en la política estadounidense.
Sin embargo, para la población que ha estado involucrada desde el inicio en la lucha, los logros todavía no son suficientes y lamentan la situación de incertidumbre que sigue afectando a las personas beneficiarias del TPS.
En esta lucha han destacado los nombres de tres salvadoreños que por años han estado comprometidos con la labor de abogar por los derechos de la población migrante en los Estados Unidos.
Uno de ellos es José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, entidad que nació en junio de 2017. También están Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, (NDLON, por sus siglas en inglés), y Óscar Chacón, director de Alianza Américas.
Palma explica que desde años atrás había habido intentos por organizar una campaña para asegurar la residencia permanente de las personas con TPS, porque las bases del programa no abren el paso a las personas beneficiarias de este para aplicar a procesos de residencia o ciudadanía. Pero no se logró llamar la atención ni de los movimientos sociales ni de los legisladores.
“Siempre se nos dijo a todos los que teníamos TPS que estuviéramos tranquilos porque se iba a lograr una protección permanente para todos los que vivimos en los Estados Unidos protegidos por programas temporales y eso nunca permitió avanzar una campaña en beneficio de la comunidad con TPS”, cuenta Palma.
Sin embargo, en 2017 vieron cómo una de las primeras acciones del recién elegido presidente Donald Trump fue cancelar el TPS para la población de Haití. “Sabíamos que si eso le estaba pasando a Haití, nos pasaría lo mismo”.
Con el apoyo del Centro de Recursos Centroamericano (CARECEN-LA) y de la NDLON armaron un congreso en Washington para que, de diferentes partes del país, se reunieran las personas con TPS interesadas en organizarse.
Justo como lo habían temido, el TPS ya no fue renovado para El Salvador en enero de 2018. Desde entonces, la lucha por evitar la deportación de al menos 195,000 salvadoreños no ha parado.
“Me atrevo a pensar que es gracias a la Alianza Nacional TPS y el liderazgo de muchos que tenemos TPS, que hemos puesto bastante esfuerzo, que hemos logrado que hoy por hoy todavía estemos protegidos”, dice Palma.
No ha sido fácil elevar el tema del TPS a escala nacional, un programa del que muchos no conocían, incluidos políticos y funcionarios estadounidenses de ambos partidos.
A través del esfuerzo de la Alianza Nacional TPS, junto a otras organizaciones como NDLON, y el apoyo constante de la población salvadoreña que ha salido a vender pupusas y panes en distintas ciudades de los Estados Unidos, se han logrado realizar más de 10 viajes a Washington D.C. También se han conformado distintos comités a escala nacional.
Al mismo tiempo han logrado empujar la demanda Ramos vs Nielsen en la corte del noveno distrito del Norte de California, con la que se ha logrado una extensión de la protección del programa hasta el 2 de enero de 2020.
“Demandar a un gobierno como el presidente de los Estados Unidos y de su administración se necesita tener valor, pero es gracias a ellos que hoy por hoy nadie ha perdido el estatus del TPS”.
Palma dice que toda la unión que han logrado los salvadoreños con TPS, junto a los beneficiarios de otros países, como Nicaragua, Haití, Honduras e incluso Nepal y Sudán, es algo que los hace sentir orgullosos y motivados.
“Si hemos logrado mantenernos protegidos por los últimos dos años, da la esperanza que podemos ganar la residencia permanente si continuamos haciendo el esfuerzo y si todos los que tenemos TPS, todos los gobiernos, nos unimos de una sola vez”, sostiene Palma.
Además del cabildeo realizado, montaron una campaña llamada “TPS Journey for Justice” (Un viaje por la justicia), en el que un bus con tepesianos visitó 76 ciudades y cerca de 32 estados para dar a conocer el programa y la importancia de defenderlo.
Palma incluso testificó frente al Congreso ante el Comité Judicial como inicio a lo que fue el proceso del proyecto de ley del Acta de Sueño y Promesa, que incluye la posibilidad de buscar residencia permanente para las personas con TPS y Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Pese a los avances, Palma señala que la realidad actual es que solamente se puede garantizar que los salvadoreños con TPS estén protegidos hasta el 2 de enero a la espera de la decisión de los jueces del Noveno Circuito de Pasadena, California. La decisión puede ocurrir después del 4 de octubre, la fecha límite para que ambas partes, los abogados del gobierno de Trump y de los tepesianos, terminen de presentar pruebas.
Mientras tanto, los salvadoreños con TPS han sido afectados porque en sus tarjetas de permiso de trabajo el 9 de septiembre de 2019 ha quedado grabado como la fecha de vencimiento, pese a que el permiso sigue vigente. Esto no solo ha llevado a que estas personas sean vulnerables a perder sus empleos, sino que también les han negado la renovación de sus licencias de conducir.
“Hay una incertidumbre a nivel nacional para la comunidad con TPS, eso es lo que se está viviendo. Nosotros estamos trabajando con diferentes gobiernos locales y congresistas a nivel federal para poder darle solución a estos problemas”.
Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras NDLON, señala que el programa del TPS honra los valores más bellos de los Estados Unidos, en el sentido de que provee un alivio a personas que provienen de un país donde han pasado dificultades.
“El programa de los tepesianos ha sido de los más efectivos en la integración de la población migrante en la sociedad estadounidense”, expone.
Al igual que Palma, Alvarado señala que temían la vulneración del programa, por lo que desde 2017 comenzaron con la necesidad de realizar investigaciones para conocer quién era la población con TPS. Luego, al reunirse con legisladores, tanto demócratas como republicanos, se dieron cuenta de que el conocimiento sobre el TPS era casi nulo. Tras la cancelación del programa, convocaron a una reunión en Washington D.C. a la que llegaron cientos de salvadoreños con TPS, muchos de ellos llegaron por sus propios medios.
“La presencia de los tepesianos hizo ver el lado humano, que son personas que están trabajando, que están contribuyendo. Formamos un comité nacional de tepesianos”.
El primer paso de la estrategia de lucha ha sido postergar la cancelación. Se dieron cuenta de que difícilmente en la administración Trump se logrará una política que les permita integrarse como residentes, por lo que acudieron al sistema judicial para contrarrestar la implementación de la orden ejecutiva contra el TPS.
El segundo elemento de lucha ha sido el de educar lo más posible a la población con TPS, la formación de líderes y comités que demanden sus derechos ante las autoridades políticas de sus ciudades y que también eviten ser presa de abogados inescrupulosos. Actualmente se han logrado formar 70 comités a escala nacional. En estados conservadores los tepesianos se movilizaron y lograron el apoyo de cinco representantes republicanos al momento de votar por el Acta de Sueños y Promesas (H.R.6).
“Sin los tepesianos esa lucha es imposible, lo poquito que se ha logrado es por la lucha de ellos”.
Pero Alvarado señala que la única solución permanente es a través de una ley en el Congreso. “Sabemos que encontrar una solución en Washington es un gran desafío en estos momentos, pero los tepesianos no tienen más opción que empujar en todo lo que puedan”.
Óscar Chacón, director de Alianza Américas, expone que en estos momentos se encuentran en un proceso acelerado por actualizar las herramientas informativas que tienen para el trabajo de incidencia política relacionada al tema del TPS.
“Vamos a reforzar de manera vigorosa nuestro trabajo de cabildeo en Washington con el fin de tratar de explotar esa pequeña oportunidad que creemos que existe de conseguir que por medio del proceso negociador del presupuesto podamos conseguir alguna concesión en favor de los beneficiarios del TPS”.
Chacón explica que, sin dejar de lado la estrategia de litigios que buscan proteger a los tepesianos, creen que la mejor manera de asegurar protección es por medio de cambios de ley.
Recuerda que, durante los últimos 50 a 60 años, todos los cambios, buenos y malos, en políticas de migración, se aprobaron por medio de la negociación presupuestaria, que tiene que suceder cada año.
“La única ranurita de esperanza que tenemos es persuadir al liderazgo de ambos partidos de que, cuando menos, posterguen la validez de ambos permisos, lo correcto sería poner un programa que les permita aplicar a una residencia”.
En el tema del litigio, aunque la demanda Ramos versus Nielsen tenga un resultado desfavorable, Chacón recuerda que no se han agotado los caminos judiciales porque existen otras demandas.
Sin embargo, señala que la vida de la población con TPS ya está siendo afectada de forma adversa.
Un llamado al Estado salvadoreño, a políticos y empresarios
Los tres activistas concuerdan en que, lamentablemente, las acciones del gobierno de El Salvador, los políticos y empresarios, han sido insuficientes para atender la situación de emergencia e incertidumbre que padecen los miles de salvadoreños con TPS.
Aunque los tepesianos tiene al menos 21 años de residir en Estados Unidos, durante todo ese tiempo la mayoría se ha mantenido aportando a la economía de El Salvador a través del envío de remesas. “Un 21% de las remesas de nuestro país vienen de los tepesianos”, dice Alvarado.
Para él lo peor que los políticos pueden hacer es echarse la culpa unos a otros. Reitera que las motivaciones del gobierno de los Estados Unidos no tienen nada que ver con la política de El Salvador, sino que están enraizadas en la tendencia racista de parte de algunos políticos estadounidenses.
Alvarado señala que los logros para la población con TPS no han sido fruto del trabajo de una sola persona, de un solo presidente, sino del trabajo de todos.
Los tres activistas pidieron al presidente Nayib Bukele que responda a sus solicitudes de reunión para que conozca de primera mano todos los esfuerzos y sacrificios que ha realizado la población salvadoreña con TPS durante estos dos años.
Pese a lo que pueda ocurrir, Chacón asegura que están comprometidos a seguir luchando por los miles de salvadoreños que en estos momentos temen por su futuro.
¿Qué puede hacer un salvadoreño con TPS en caso de despido?
Debido a la confusión provocada por la fecha de vencimiento en la tarjeta de trabajo, personas con TPS han recibido amenazas de despido. La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados del Departamento de Justica de los EE. UU. ha dado atención a estos casos.
Comuníquese con la IER:
Teléfono: 1-800-255-7688
Teletipo TTY: 1-800-237-2515
Correo: IER@usdoj.gov
También puede buscar ayuda con entidades aliadas a Alianza Américas (alianzaamericas.org) o con la Alianza Nacional TPS.
Las demandas en los juzgados de EE. UU.
Tras la terminación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, incluido El Salvador, diversas demandas se han presentado ante las cortes de los Estados Unidos. Una de estas ha permitido dos prórrogas.
Ramos vs Nielsen
El 12 de marzo de 2018, nueve beneficiarios del TPS y cinco hijos de tepesianos presentaron una demanda contra el gobierno de EE. UU. por la cancelación del TPS para nacionales de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La queja alega que la cancelación obligará a los niños nacidos en Estados Unidos a elegir entre su país o sus padres. Además alega que la decisión estuvo motivada por racismo. Esta demanda ha logrado dos prórrogas a la cancelación del programa, extendiendo la protección hasta el 2 de enero de 2020.
Centro Presente vs Trump
Ocho beneficiarios del TPS de El Salvador y Haití, junto a una ONG, presentaron el 22 de febrero de 2018 una demanda contra Trump por la decisión de cancelar el TPS a El Salvador, Haití y Honduras.
Saget vs Trump
Beneficiarios del TPS de Haití, junto a un movimiento pro migrantes, demandaron a Trump ante una corte en Nueva Yotk.
Casa de Maryland, Inc. vs Trump
Tepesianos de El Salvador y CASA de Maryland argumentaron en contra de la terminación del TPS para El Salvador. La demanda fue interpuesta el 23 de marzo de 2018.
Bhattarai vs Nielsen
Seis tepesianos y dos ciudadanos de los Estados Unidos, hijos de tepesianos, interpusieron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por la terminación del TPS de Honduras y Nepal. Este caso ha sido unido al de Ramos vs Nielsen.
Moreno vs Nielsen
Tres beneficiarios del TPS y dos entidades promigrantes interpusieron una demanda en Nueva York el 22 de febrero de 2018.
NAACP vs DHS
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, conocida por sus siglas en inglés como NAACP, demandó al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos por la decisión de terminar el TPS para la población de Haití. La demanda fue interpuesta el 24 de enero de 2018.
Comunidades Africanas Juntas vs Trump
El 8 de marzo de 2019, dos organizaciones sin fines de lucro, seis beneficiarios de Liberia de la Salida Obligatoria Diferida (DED, por sus siglas en inglés) y nueve hijos ciudadanos de beneficiarios del DED, demandaron a la administración Trump por la cancelación del programa.