Acción Ciudadana pide incrementar las multas por incumplir Ley de Probidad

Los montos de sanción de hasta $500 no ejercen presión para que los funcionarios presenten sus declaraciones de patrimonio, señala informe.

La Sección de Probidad de la CSJ es la encargada de recibir y analizar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Foto EDH / archivo

Por Magdalena Reyes nacional@eldiariodehoy.com

Oct 09, 2019- 22:10

El presidente de Acción Ciudadana (AC), Humberto Sáenz, señala que las sanciones con las que cuenta la Ley de Probidad “no invitan a cumplir con la Ley”, por tener multas muy leves, las cuales van desde los $50 a los $500, ilustró.

“Es una invitación a no presentar la declaración de probidad y esto es algo que debe revisarse pronto y no solo las sanciones económicas, sino identificar situaciones como que un funcionario que no haya presentado su declaración pueda pretender ejercer nuevos cargos públicos” , mencionó Sáenz.

La investigación de Acción Ciudadana sobre la presentación de declaraciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios detalla que aún hay deficiencias en la cultura de transparencia, según lo afirmó el director Ejecutivo de la entidad, Eduardo Escobar.

“Hay un bajo nivel de procedimientos sancionatorios condenatorios en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por no presentar o presentar extemporáneamente su declaración”, detalló Escobar.

Hasta el 12 de septiembre de este año, según el estudio de Acción Ciudadana, aún hay 51 declaraciones de probidad pendientes del Gobierno que tomó posesión el pasado 1° de junio.

Para Humberto Sáenz, esto deja en evidencia la necesidad urgente de contar con una normativa en materia de probidad más eficiente y adecuada a la transparencia.

“Estos datos reflejan que hay un incentivo perverso a no cumplir con la ley, de lo contrario no tendríamos tantos funcionarios a quienes parece no interesarles cumplir con sus obligaciones”, dijo Sáenz.

El diputado Juan José Martel (CD), quien aparece en el listado de funcionarios que no han presentado su declaración patrimonial, afirma que estas declaraciones son métodos obsoletos de una ley de 1959 que ya no tiene sentido.

“(Probidad es) una institución que maneja esas declaraciones a criterio propio y elige casi por órdenes a quiénes van a afectar y a quiénes no; si alguien cree que me estoy enriqueciendo de manera ilícita, que lo diga y yo compruebo lo que tengo, cómo entré y cómo voy a salir de esta Asamblea”, destacó.

Cuando una periodista le recordó ayer que tiene obligación de presentar la declaración, Martel dijo que estaba dispuesto a que se le imponga una multa sancionatoria.

Según el artículo 240 de la Constitución, los funcionarios están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia en los 60 días siguientes a tomar posesión.

En el informe de AC, se consigna que uno de los funcionarios que no ha entregado su declaración es Pablo Anliker, ministro de Agricultura y Ganadería, pero la unidad de comunicaciones de dicha cartera afirmó que el funcionario presentó su declaración la última semana de septiembre.

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, también aparece en el informe, pero mostró las boletas de recepción de declaración al terminar el periodo presidencial anterior y el de inicio de la presente gestión, entregadas en la sección de Probidad el pasado 31 de julio.

En cuanto a la presentación de declaraciones de probidad del Ejecutivo 2019-2024, hasta el 11 de septiembre del 2019, se habían presentado 144 declaraciones de patrimonio por funcionarios o empleados públicos, de estas 63 fueron presentadas de fuera de tiempo.

Según Acción Ciudadana, mandos intermedios que tienen capacidad de decisión y cargos técnicos que están a cargo de autorización de fondos públicos deben presentar declaración patrimonial. En ambas categorías aparecen funcionarios que no aún cumplen tal mandato.

En cuanto a la Asamblea, para la legislatura 2018-2021 hay 13 funcionarios legislativos que no han presentado su declaración patrimonial toma de posesión.

Esto representa un 7.73 % de diputados que no han presentado sus respectivas declaraciones de patrimonio, a diferencia del 2015-2018, cuando el porcentaje de incumplimiento fue del 27.98 %.

En el período 2014-2019, la Corte Suprema de Justicia realizó 287 procesos sancionatorios condenatorios, dice el informe.

En las instituciones del Gobierno Central o Instituciones Autónomas, se impusieron 38 multas, que oscilaron entre $50.00 a $550, en el período 2014-2019.

El mayor número de multas se ha impuesto a los Concejos Municipales. Según la investigación de Acción Ciudadana, se realizaron 182 procedimiento sancionatorios condenatorios, en los cuales fueron multados 88 cargos relacionados a funciones de alcaldes municipales, 93 cargos relacionados al cargo de síndico municipal y un cargo de Regidor Suplente.

“Las declaraciones de probidad son importantes para poder rastrear y establecer que los fondos públicos han sido utilizados de la mejor forma”, sentenció la investigadora Mónica Velasco.

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