Cada vez se cerca más el accionar de los partidos políticos para que sean fiscalizados y auditados, no solo con los fondos que reciben de donantes sino que cumpla con la transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas, algo que por el momento el Tribunal Supremo Electoral lo hace de manera parcial y los partidos lo cumplen a medias, y algunos no le dan importancia.
Ayer la organización Acción Ciudadana presentó una reforma al artículo 67 del Código Electoral, para crear por ley, una unidad fiscalizadora dentro del Tribunal Supremo Electoral que vea con lupa los movimientos financieros de los partidos políticos y de los candidatos independientes, de manera que todos estén bajo el escrutinio del ente electoral y la población, pero además de la Fiscalía que pueda recibir información de financiamiento de actividades ilícitas.
La propuesta de reforma fue acompañada por el diputado independiente Leonardo Bonilla quien presentó la pieza de correspondencia para que sea estudiada en la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Legislativa.
“Lo que estamos pidiendo es que se reforme el Código Electoral para establecer las funciones de la Unidad de Fiscalización de partidos políticos porque a esta fecha no hay una instancia del TSE especializada en fiscalizar, monitorear y auditar a los partidos”, explicó Eduardo Escoba director ejecutivo de Acción Ciudadana antes de presentar la reforma electoral.
Diputado No partidario @LeonardoBonia respaldo Pieza de presentada por @esec76
representante de Accion Ciudadana (@CiudadanaAccio1) en la solicitan se reforme el Código Electoral a fin de crear una unidad que audite las finanzas de los partidos políticos. pic.twitter.com/xIc0I2Dgc8— Radio Legislativa (@RLegislativaSV) 24 de junio de 2019
Escobar considera que es de vital importancia darle vida a la unidad fiscalizadora y que de igual manera tenga una persona responsable para auditar a los partidos políticos, algo que por el momento no se realiza en el país.
“La reforma lo que está planteando es que se cree esta unidad por ley y se le den las atribuciones que le corresponderían para fiscalizar a los partidos”, reiteró.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana explicó que en la reforma se establece también el perfil que debe tener el jefe de esa unidad así como las obligaciones que tendrá en el TSE.
“Lo que estamos planteando es el perfil de la persona que consideramos debe ocupar el cargo de director o jefe de la Unidad de Fiscalización de los partidos”, detalló.
La reforma del artículo 67 define los requisitos que debe cumplir el jefe de esa unidad, entre los que menciona: que debe ser un abogado de la República o contador público, con experiencia, de al menos cinco años, en auditoría financiera y con conocimientos en materia de financiamiento de los partidos políticos.
Además de no tener vinculación formal o material con partidos políticos ni haberla tenido en al menos 5 años antes de su nombramiento; estar en el pleno goce de sus derechos de ciudadano o ciudadana y haberlo estado en los cinco años anteriores a su nombramiento y no tener las relaciones de parentesco a que se refiere el artículo 68 de este Código.
Mientras que la nueva unidad tendrá como responsabilidades: recibir, requerir, verificar y auditar la información contable y financiera que los partidos políticos, los candidatos de partidos y no partidarios, están obligados a llevar y presentar al Tribunal Supremo Electoral de conformidad con la ley.
Recibir, requerir, verificar y auditar la información de los aportantes de partidos políticos, candidatos de partidos y no partidarios. Monitorear los gastos de campaña electoral de los partidos políticos, candidatos de partidos y no partidarios.
Además tendrá la responsabilidad de certificar a la Fiscalía General de la República el expediente que contenga los indicios del cometimiento de cualquier delito que se haya identificado durante los procesos de verificación o auditorías realizadas.
Esto último ayudará a poner al tanto al Ministerio Público e iniciar investigaciones de aquellos casos que el dinero de las campañas electorales provenga de actividades ilícitas (droga y extorsiones, de lo que podría ser pandillas u otros grupos delictivos) o de dudosa procedencia.