El motorista que manejaba el autobús de la ruta 295 que se precipitó a un barranco y dejó un saldo fatal de siete muertos y 36 heridos el domingo anterior, en el municipio de Chiltiupán, La Libertad, se presentó el miércoles a la oficina de la Fiscalía de Zaragoza con la intención de conciliar con las víctimas, según lo confirmaron fuentes fiscales.
El chofer ha sido identificado como Domingo Gustavo Fuentes, de 57 años, y al parecer, tiene más de diez años de trabajar como motorista de la referida ruta de autobuses, según conocidos.
Fuentes aseguró el miércoles por la mañana a los fiscales que él, junto a su hermano, son los propietarios del autobús placas 73-211, el cual hace su recorrido del municipio de Teotepeque hasta Sonsonate.
Sin embargo, ese domingo, él fue contratado para un viaje del cantón Acachapa hasta la Asamblea Legislativa, donde se realizaría una concentración política en apoyo al gobierno de Nayib Bukele.
Las fuentes aseguran que el motorista no tiene mayores lesiones en su cuerpo y llegó caminando, en compañía de su hermano, a la oficina fiscal tres días después de que ocurriera el percance vial.
Los fiscales sostienen que la ley ordena un plazo de cuatro meses aproximadamente para que los responsables de este tipo de hechos relacionados a los delitos culposos, puedan reunir dinero para la conciliación, sobre todo este caso en que resultaron varias víctimas.
Las fuentes explicaron que la conciliación podría darse dentro de 30 a 45 días aproximadamente, según lo expresado por el motorista de la unidad de transporte. Sin embargo, aún no hay una fecha exacta establecida.
Los fiscales no giraron orden de captura contra el motorista porque aseguran que se trata de un delito conciliable. El busero deberá conciliar con siete familias de los muertos y con 36 pasajeros lesionados.
La Fiscalía trasladará el caso a un juzgado de Tránsito para que un juez establezca los plazos y condiciones de conciliación entre las víctimas y el responsable del accidente.
El día de la tragedia, los sobrevivientes y personas particulares que auxiliaron a las víctimas, afirmaron que el motorista huyó del lugar después de permanecer varios minutos en la escena auxiliando a un niño.
“Le dije que se había desgraciado en la vida de todas estas personas y se mostró indignado, luego en minutos desapareció del lugar”, afirmó una persona que auxilió a los pasajeros heridos el domingo pasado.
Gobernación y políticos sin pronunciarse ante la tragedia
Hasta ayer las autoridades del Ministerio de Gobernación no habían hecho público ningún pronunciamiento sobre las declaraciones de los sobrevivientes, quienes aseguraron que ese domingo estuvieron en las instalaciones del referido ministerio en una reunión que demoró solo 15 minutos y que fueron llevadas con engaños de que les darían $300 como parte de un programa de “Veteranos de Guerra”.
Tampoco los políticos que invitaron a las personas a través de las redes sociales para participar del evento se expresaron.
Los campesinos que se consideraron engañados dijeron que los organizadores les habían prometido que les tomarían los datos para enlistarlos para luego gestionarles una pensión, sin embargo, nadie les entregó nada.
Indicaron que a las 11:40 de la mañana salieron del cantón Acachapa, en Santa Isabel Ishuatán y llegaron al Centro de Gobierno a las 2:30 de la tarde aproximadamente.
Después de la reunión, muchas de las personas que asistieron a la convocatoria se mostraron molestos, ya que no lograron obtener ningún beneficio económico y de ningún tipo.
El cantón Acachapa se unió para enterrar a sus muertos. Las víctimas regresaban de concentración frente a la Asamblea el domingo pasado. Un agricultor y veterano de guerra asistió pues le prometieron actualizar sus datos “para gozar de beneficios”.