“Si se esconde la información lo que obtendremos es corrupción”, señala experto

Grupo Promotor de Ley de Acceso a Información denuncia resistencia del Ejecutivo a dar cuentas sobre el manejo de recursos públicos en la emergencia

Las organizaciones civiles destacan la "independencia y firmeza" con la que trabajaban los comisionados del IAIP antes de la pandemia; una situación que, según los denunciantes, ha cambiado con el nombramiento de comisionados vinculados al Ejecutivo. Foto EDH /Archivo

Por Diana Escalante

Sep 18, 2020- 22:00

La elección irregular de comisionados del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) y las reformas al Reglamento de la Ley de de Acceso a la Información Pública (RELAIP) realizadas por el Órgano Ejecutivo han generado alarma entre varias organizaciones civiles que velan por la transparencia. Ellas advierten que las acciones del Gobierno de Nayib Bukele están orientadas a debilitar al organismo -que debe ser independiente, pues es el encargado de controlar al poder político- con el propósito de evitar rendir cuentas del manejo de recursos públicos, una situación que propicia la corrupción.

“Al mismo tiempo de que hay resistencia a rendir cuentas, se da un golpe fuerte contra el derecho de acceso a la información que ha causado que se esté debilitando el IAIP”.

Javier Castro, Representante de FUSADES y del Grupo Promotor de la LAIP

El Grupo Promotor de la IAIP, que aglutina a no menos de 10 organizaciones civiles, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones contra la resistencia del Ejecutivo de dar cuentas sobre el manejo de los recursos públicos, principalmente durante la pandemia del COVID-19, cuando el Órgano Legislativo le ha autorizado millonarias sumas de dinero para atender la emergencia.

“Si el Ejecutivo sigue en el intento de desmantelar los dispositivos de rendición de cuentas y se esconde la información lo que vamos a obtener es corrupción”.

Wilson Sandoval, Representante de ALAC-FUNDE

El miércoles, se conoció que entre el 16 de abril y el 31 de agosto, el Gobierno dispuso de $15 millones diarios para enfrentar el COVID-19, según datos que brindó el entonces titular del Banco Central de Reserva (BCR), Nicolás Alfredo Martínez, a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que indaga el uso de los fondos en préstamos y emisión de bonos que ha hecho Bukele para dicho fin.

Martínez también reveló a los diputados que desconocía en qué se gastó el dinero el Gobierno, ya que, según él, el Ministerio de Hacienda maneja sus propias cuentas y el BCR se apega a los lineamientos de privacidad bancarios.

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Haber contradicho la narrativa del gobernante, quien ha repetido que el Legislativo no le ha dado fondos para hacer frente a la pandemia, le costó el cargo a Martínez. El jueves, él presentó su renuncia “por motivos de fuerza mayor”, pero fuentes de El Diario de Hoy confirmaron que el Ejecutivo pidió que dimitiera porque “no se prestó a encubrir cifras” y por no acceder a dar las reservas del BCR para crear una línea de crédito que proponía el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), con la que daría crédito a micro, pequeñas y medianas empresas.

“Al mismo tiempo de que hay resistencia al acceso a la información y rendir cuentas, vemos que de forma paralela se da un golpe fuerte contra el derecho de acceso a la información que ha causado que se esté debilitando el IAIP y el ejercicio del derecho”, señaló Javier Castro, representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), una de las organizaciones que conforman el Grupo Promotor de la LAIP.

En lo meses más álgidos de la crisis sanitaria, el acceso a la información estuvo interrumpido por varias semanas, pues con los decretos de emergencia hechos por la Asamblea Legislativa quedaron suspendidos los plazos administrativos tanto para la tramitación de solicitudes de acceso a la información ante las instituciones obligadas a dar cuentas así como los procedimientos que se realizan en el IAIP.

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Castro recordó que, pese a ello, el Instituto de Acceso a la Información trabajó con mucha “firmeza e independencia”, pero matizó que eso ha empezado a cambiar tras la elección irregular de comisionados y la reformas al RELAIP, ya que las organizaciones civiles han visto muestras de “debilidad y retroceso” en el IAIP y “eso es muy delicado”, pues ante las elevadas sumas de fondos que se le han autorizado al Gobierno se necesita mayores niveles de transparencia.

“Hay resistencia para la transparencia, para que el Estado se administre y funcione de manera cristalina. Hay resistencia a salir de la opacidad, de la cultura del secreto, eso es preocupante; estas acciones son orientadas a que no haya escrutinio público, a que no haya rendición de cuentas y eso es preocupante porque cuando hay opacidad lo que se genera son espacios para la corrupción”, advirtió Castro.

Tres demandas contra reformas a la RELAIP

El Grupo Promotor denunció que las modificaciones que el mandatario le hizo al reglamento son parte de un patrón con el se pretende “hacer prevalecer el autoritarismo” y demuestran que “hay una política pública implícita de ir desmontando los aparatos de control del poder con la intención de tapar actos de corrupción” y eso es un “grave retroceso” en el país en materia de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas.

Wilson Sandoval, coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), expresó, días atrás, que lo que se advierte es que la política pública del Ejecutivo es menoscabar a aquellas instituciones que pueden controlar la corrupción, entre ellas el IAIP.

“Lo podemos ver a través de las reformas al reglamento (RELAIP), con la inclusión de los comisionados que ha tratado de introducir al pleno y ha recortado más de $85,000 al presupuesto al Instituto”, apuntó el experto.

Tras esta serie de acciones, el jueves anterior, la organización civil Cristosal presentó una demanda de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para pedir que invalide las reformas al RELAIP hechas por Bukele.

Lo mismo hizo, la semana pasada, el Grupo Promotor de la LAIP por considerar que el actuar del Ejecutivo vulnera el principio de legalidad, publicidad, así como la competencia normativa de la Asamblea Legislativa y de los límites de la potestad reglamentaria.

A esto se suma que la organización Acción Ciudadana ha solicitado a la Sala resolver una demanda que presentó, en 2017, en la que solicitó declarar inconstitucional el artículo 109 inciso 1° de la LAIP, ya que vulnera el artículo 168, ordinal 14, de la Constitución de la República. También pidió a los magistrados dejar sin efecto la reforma al RELAIP, es decir que dichas modificaciones no sean aplicables hasta que haya una sentencia definitiva.

“Nunca habíamos visto un ataque tan sistemático a la normativa, como tratar de minar al Instituto. En la presidencia de Bukele, el embate es más fuerte”, denunció, la semana anterior, Claudia Umaña, representante de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ).

Derecho al acceso a información es reconocido en tratados internacionales

Nayib Bukele no es el primer presidente que ha hecho reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RELAIP). En 2011, en la administración de Mauricio Funes, también fue aprobado un reglamento “inconstitucional” para ponerle obstáculos al derecho de acceso a la información y controlar la elección de comisionados, de acuerdo al Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública.

El Grupo Promotor ha exhortado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y no permitir retrocesos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y en el combate a la corrupción.

“Nueve años después, estamos viendo la misma historia. La presidencia aprueba reformas al reglamento que son claramente inconstitucionales porque en el fondo lo que están haciendo es reformando la LAIP y eso no lo pueden hacer. Hay un exceso claro en el uso de la potestad reglamentaria que tiene el presidente de la República”, sentenció Javier Castro, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y del Grupo Promotor de la LAIP.

El abogado agregó que el derecho al acceso a la información pública es reconocido por tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por El Salvador, por lo tanto se puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante las violaciones al derecho de acceso a la información y las acciones del Ejecutivo para debilitar al IAIP.

“Lo importante es que no se den estas acciones de debilitamiento del acceso a la información pública y que no se genere un retroceso grave, porque ya estamos viendo señales de retroceso. Esto debe detenerse y evitar claudicar a este derecho”, dijo Castro.

Xenia Hernández, del Centro de Estudios Jurídicos, recordó la semana pasada que la creación de la LAIP y del Instituto ha permitido tener acceso a la información con la que se han logrado destapar varios casos de corrupción en los diferentes gobiernos.

“El acceso a la información pública lo que permite es que la sociedad pueda ejercer una contraloría más profunda, más participativa; y no es únicamente desde la ciudadanía y sociedad civil, sino también desde el periodismo de investigación”, apuntó Hernández.

Ella destacó que por esta vía se ha podido conocer el mal uso de los fondos públicos que están haciendo algunas instituciones y reiteró que si se tiene menos acceso a la información hay menos oportunidad de generar una contraloría e indagar qué es lo que están realizando en las instituciones públicas.

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