“Es una situación que preocupa, ya que de forma reiterada se le ha señalado a la Asamblea Legislativa, tanto por instituciones nacionales como internacionales, que no es sostenible destinar un monto tan elevado para remuneraciones”, sentencia la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) sobre los $51 millones que se destinarán este año para pago de empleados en el primer órgano de Estado.
Hay muchas señales de alerta, menciona Fusades en su reciente análisis legal e institucional, de que la situación de contrataciones sin mayor control en la Asamblea está llegando a un límite insostenible para las finanzas de la nación.
De hecho, en los últimos tres lustros el número de empleados en la Asamblea Legislativa prácticamente se ha triplicado. En 2007, el Congreso tenía 864 empleados, mientras que este año hay en planilla 2,507 empleados.
Y no sólo eso, mientras en 2007, las remuneraciones ascendían al 63.3% del Presupuesto legislativo en tanto que este año, los emolumentos para trabajadores representan el 87.5% del mismo. Hay otro dato que revela lo abultado que ha llegado a ser el caso: en 2007 las plazas a tiempo completo por cada diputado eran 9, este año suman 29.
En el informe se detalla que no solo es preocupante el incremento de plazas y erogaciones en sueldos, sino además el tipo de plazas y la modalidad de contratación porque de los 2,507 puestos a tiempo completo, solo 530 están bajo Ley de Salarios, el resto es por contrato lo que, a juicio del tanque de pensamiento“el mecanismo de contrato es usado para dar ascensos y aumentos salariales, y hasta cierto punto, es usado para esquivar los contratos existentes para agregar o modificar plazas bajo Ley de Salarios”.
Y, en resumidas cuentas, todo este entramado desajusta el plan de gastos lo que “afecta negativamente la programación presupuestaria, genera ineficiencias e impide ejecutar programas prioritarios”.
Fusades recuerda que los casos de nepotismo pueden ocurrir en cualquier institución estatal, pero que últimamente han tomado notoriedad los casos de abusos en contrataciones de la Asamblea por investigaciones periodísticas como la de El Diario de Hoy que reveló, entre otros asuntos, que siete parientes del diputado Guillermo Gallegos laboran en el Congreso y casos extremos como el de la ex diputada pecenista Cristina López, quien cobró al menos seis salarios de $2,000 pese a que reside en EE.UU.
“Estos abusos son algunas de las razones que tanto han afectado su credibilidad y reputación, lo cual se refleja en el informe Latinobarómetro 2018 sobre los niveles de confianza en el Órgano Legislativo.
En éste, se evidencia que El Salvador es uno de los países con menos confianza en el Parlamento en América Latina, ya que sólo el 10% de la población encuestada confía en esta institución”, afirma Fusades.
La institución recomienda a los diputados modificar el reglamento interno para evitar estos abusos y además aprobar una ley, como la de la Función Pública, que regule las contrataciones.
