Numerosas delegaciones de parlamentarios y defensores de derechos humanos han llegado en los últimos años al país para discutir la situación de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en particular la penalización total del aborto. Casi en su totalidad, salen alarmados por la restrictiva regulación de la materia .
Sin embargo, en la más reciente visita de un grupo de miembros del Parlamento Vasco a El Salvador, el enfoque parece tener algunas luces de esperanza. Sí es cierto que los legisladores de esta comunidad autónoma española se van con algunas alarmas, pero al conversar con El Diario de Hoy, destacan algunos puntos positivos. Uno de ellos es que el tema sí se está discutiendo.
Así lo destacó Natalia Rojo, legisladora por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien afirmó que “nadie niega la realidad. Cada colectivo con que nos reunimos, sociedad civil, médicos, parlamentarios conoce los datos, hablan de niñas embarazadas con mucha preocupación y plantean la situación de las mujeres en la cárcel por emergencias obstétricas como algo sumamente injusto”.
“No hay una ley que permita (la interrupción del embarazo)”, añade, pero destaca que “algo muy importante es que el tema ya está sobre la mesa. Y sí, es difícil encontrar acuerdos pero son conscientes que hay una temática a abordar”.
Este grupo de legisladores de todos los bandos políticos sostuvo reuniones con generadores de opinión, colectivos, diputados de la Asamblea Legislativa y médicos que ven con preocupación la legislación actual en materia de aborto.
Oihana Etxebarrieta del partido EHBildu (centroizquierda) recalca que “aunque no lo parezca, El Salvador tiene una población muy concientizada y una sociedad civil muy organizada que busca llevar el debate de manera científica”. Esto implica debatir desde la ciencia, la evidencia y al margen de parámetros religiosos o moralistas, explica.
Etxebarrieta agrega que la expectativa que tenían era la de encontrarse en un país conservador donde el tema estaba en pañales, pero afirma que incluso en poblaciones que tienen reservas con que haya reformas muy radicales en la materia encontraron disposición a discutir el tema.
Íñigo Iturrate (Partido Nacionalista Vasco) es menos optimista que sus colegas. Si bien reconoce que hubo gran apertura de quienes sesionaron con ellos, recuerda que estas mismas personas les dijeron que el tema es extremadamente sensible en El Salvador, pues hay grupos que reaccionan de manera virulenta a la mera posibilidad de sostener el debate de manera pública, abierta y al más alto nivel.
“Hay una fuerte presencia de la agenda de los grupos antiderechos (sexuales y reproductivos) y un poder que se atribuyen que limita el accionar de las personas con mayor conciencia”, explica Iturrate, quien lamenta que en sus conversaciones en el país notó que hay sectores que incluso están atemorizados por plantear abiertamente esta discusión por la virulencia de estos sectores. A ellos, por cierto, resiste llamarlos “provida” pues “difícilmente se puede plantear el apoyo a la vida a quien pone en duda la vida de las mujeres ante riesgos de emergencias obstétricas”, por ejemplo”.
Entre estos grupos, comenta Iturrate y otros parlamentarios en la misión, se encuentran incluso parlamentarios que se reunieron con ellos de manera privada. A decir de los visitantes, estos funcionarios expresan visiones más progresistas de las que admiten en público, en parte por la presión de estos grupos de pensamiento más conservador.
“Estos grupos no necesariamente son mayoritarios, pero sí que meten ruido y son muy violentos. Esto te diferencia de quienes pensamos de una manera, pero queremos generar encuentro y debate”, reflexiona Eukene Arana (Unidas Podemos).
Según plantea la diputada, “la gente con la que hablamos está más por llegar a acuerdos y mejorar las condiciones en que viven las niñas, adolescentes y mujeres. Partimos desde lo que nos une para que se defiendan los derechos humanos”.
Arana, sin embargo, tiene puestas sus esperanzas en una nueva generación de políticos y generadores de opinión que están más dispuestos a abrir el debate. Y no es para menos, añade, “si en El Salvador hay niñas de 11 o 12 años dando a luz tras embarazos no deseados que además son productos de violación y en algunos casos de incesto”. Por ello, sentencia, “sería valiente de los gobiernos iniciar el debate desde lo que les une, no de lo que les separa”.
Incentivos políticos
Íñigo Iturrate aventura una teoría para explicar la ausencia de debate en materia de aborto a nivel parlamentario en el país: el miedo a perder la curul. “A muchos, las campañas de los grupos antiderecho les paraliza y hay quienes dicen en privado cosas que no pueden trasladar en público”.
Además, resalta que hay proyectos de ley que se empiezan a discutir, incluso con mayorías comprometidas, y desaparecen de la noche a la mañana.
Eso precisamente es lo que pareció suceder cuando llegó a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Educación en Afectividad y Sexualidad Responsable a mediados de 2018. Algunos de los diputados que la presentaron, como el arenero Arturo Simeón Magaña, se echaron para atrás y el proyecto no prosperó.
Esto, a juicio de Carmelo Barrio (Partido Popular de centroderecha) es curioso, pues estos legisladores están al tanto de foros y discusiones sobre derechos humanos y en particular, sexuales y reproductivos o derechos de las mujeres. Además, recuerda que están en constante contacto con organizaciones de sociedad civil, embajadas y académicos que llaman a tomar decisiones para lograr políticas más humanas.
Según Natalia Rojo, esto sucede porque “El Salvador está permanentemente en campaña electoral”. Al tener legislaturas cortas, de tres años, hay poco tiempo para trabajar sin la presión de tener comicios a la vuelta de la esquina. “Esta preocupación por perder votos y ser susceptibles a las campañas de difamación siempre está”, añade la diputada, quien pide valentía, apuesta política y voluntad de discutir estos temas fundamentales para que las niñas, adolescentes y mujeres del país vivan más seguras y con mayor reconocimiento de sus derechos.
“Incluso la centroderecha…”
Carmelo Barrio representa al Partido Popular, estandarte de la centroderecha española, por mucho tiempo bastión conservador del país. Sin embargo, al final de la discusión con este medio explicó que en ni en su bando político ni en otros, salvo la derecha más radical, se disputa con sensatez la capacidad de las mujeres de elegir interrumpir su embarazo y mucho menos hacerlo ante riesgo en la vida de la madre o del feto.
La discusión se centra en cómo se regula esto y en todos los bandos se antepone la dignidad y la vida de las mujeres antes de consideraciones morales, religiosas o incluso político electorales. Este tipo de acuerdos y consensos básicos es lo que precisa El Salvador, finalizó Barrio.