Abogados piden respetar la legalidad en caso de presunto abuso a niña

Cámara entregará hoy resolución del caso contra magistrado Eduardo Escalante Díaz, lo cual abre plazo para que la Fiscalía apele. Abogados llaman a la cordura y piden conocer argumentos de magistrados que calificaron el hecho como falta y no delito

El magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz es acusado es agresión sexual contra una niña de 10 años. Foto/ Archivo

Por Diana Escalante- Óscar Iraheta

Nov 05, 2019- 23:05

Los juicios a priori y “linchamientos” en redes sociales, amenazas y denuncias de ciudadanos y funcionarios contra los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, por calificar como falta y no como delito el supuesto tocamiento del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil Tercera de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, contra una niña, son “peligrosos” en un Estado de Derecho y comprometen la independencia de poderes, advirtieron este martes abogados consultados por El Diario de Hoy.

Algunos profesionales coincidieron en que es “inaceptable” que ciudadanos, organizaciones y funcionarios -incluidos el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente, Félix Ulloa- emitan juicios y pidan a la Fiscalía General y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue a los magistrados, por el supuesto delito de prevaricato, cuando aún no se sabe en qué fundamentaron su decisión.

La Cámara entregará hoy al Ministerio Público y a los defensores la sentencia escrita en la cual los magistrados argumentan el fallo. Así se abre el plazo para que la Fiscalía apele contra el fallo en otro tribunal superior.

“Cualquier otro juez de la República, cuando tenga estos casos, no velará por la presunción de inocencia, no velará por independencia judicial, sino que tendrá miedo por estas reacciones…Que el presidente de la República pida a la Corte que haya una investigación de estos magistrados es muy peligroso en un estado de derecho; es un tema que se debe manejar con mucha cautela”, advirtió Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).

El profesional aclaró que toda persona señalada de un delito sexual contra menores de edad debe ser procesada y condenada, independientemente de su profesión o estrato social. Pero en la causa contra Escalante Díaz señaló que es “delicado” que se hagan juicios de valor cuando se desconocen los hechos plasmados en el proceso judicial y la prueba presentada.

Por su parte, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), en un comunicado, pidió “cordura” ante las diversas reacciones “unas más mesuradas que otras” provocadas por el fallo de la Cámara. También se solidarizó con la víctima y su familia “por el impacto humano, como es el daño emocional y psicológico que puede tener el efecto de esta resolución”.

Añadió que es crucial que la ciudadanía y el Estado no sean indiferentes ante este caso que es reflejo de la dramática realidad que viven los menores de edad en El Salvador.

Fespad exhortó a las autoridades que intervienen en este y otros casos a apegarse al principio de inocencia “pero además irrestrictamente al debido proceso aplicado no solo en beneficio de una de las partes”.

Los detalles de los hechos que Escalante Díaz presuntamente cometió el 19 de febrero pasado, en una pasaje de la colonia Altavista, de Tonacatepeque, no se han hecho públicos, pues el caso tiene reserva por involucrar a una niña.

"Hagamos un debate serio. Reformemos la ley si creemos que hay lagunas legales. Lo que no se puede hacer es un linchamiento público y amenazas de muerte”

Arnau Baulenas,

El jueves pasado, la Cámara se declaró incompetente (sin jurisdicción) para seguir procesando al funcionario por considerar, tras el análisis de pruebas, que él no agredió sexualmente a la niña de 10 años. Los magistrados concluyeron que Escalante Díaz cometió una falta relativa a la familia, buenas costumbres y decoro público, la cual se sanciona con 10 a 30 días multa.

“Una cosa es criticar una resolución de una Cámara teniendo a la vista su contenido y fundamentación jurídica, otra muy distinta es hacerlo con el dicho del abogado defensor del acusado”, opinó la abogada Erika Saldaña ante las reacciones por el fallo de los magistrados.

Críticas a interferencia judicial

En un comunicado emitido el lunes, los magistrados de la Cámara rechazaron los señalamientos contra ellos, incluidos los de Bukele, porque constituyen “una clara violación a la independencia judicial y obstaculizan indebidamente nuestra función judicial”.

Arévalo Domínguez y Rogel Zepeda expresaron que se documentarán los hechos ocurridos desde el 31 de octubre, cuando la Cámara emitió el fallo, y enviarán un informe a la Corte Suprema de Justicia y a la Relatoría Especial para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas “por considerar que dichos actos constituyen una interferencia a la actividad judicial”.

Tras conocer la resolución, Bukele lo criticó y aseguró que el gobierno “adoptará las medidas necesarias para que el caso no quede en la impunidad”. También advirtió que solicitará a organismos internacionales que velan por los derechos humanos y la niñez que se pronuncien al respecto y pidió a la Corte Suprema investigar la actuación de los magistrados.

La abogada Marcela Galeas criticó a través de su cuenta de Twitter algunas acciones de parte de varios sectores en el tema.

“Instrúyanse sobre la diferencia entre delito y falta. Existen razones de política criminal, proporcionalidad y afectación de bienes jurídicos por las cuales existen las faltas. Hemos llegado al punto de no retorno entre razón y emocionalidad… El discurso político aprovechando un proceso judicial no construye país, el salvadoreño prefiere reaccionar a pensar y es una lástima”, razonó la profesional.

Para el abogado Rolando Aparicio, los magistrados de la Cámara hicieron una análisis superficial de las pruebas presentadas por la Fiscalía como para concluir que Escalante Díaz no cometió un delito sino que una falta y “esto ha convulsionado no solo al ámbito jurídico, sino también a la sociedad”.

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