Fiscalizar al poder en El Salvador le ha llevado a los medios de comunicación a ser vetados en algunos eventos informativos del nuevo gobierno. Las primeras decisiones en los cien días de la presidencia de Nayib Bukele han llevado una serie de cuestionamientos por parte de la prensa que aún no han sido respondidos. Por ejemplo: ¿Por qué el presidente ha utilizado la partida secreta de la Presidencia cuando en campaña prometió eliminarla? ¿Qué carácter jurídico o independiente tiene una CICIES hecha a espaldas de la Asamblea Legislativa y del órgano Judicial? ¿Por qué el presidente ha contratado a familiares y amigos en cargos públicos cuando fue él quien denunció nepotismo en el anterior gobierno?
Aunque estos cuestionamientos cumplen con lo que la Sala de lo Constitucional estableció como Libertad de Prensa y Libertad de Expresión en el amparo (365 -2011) respecto al escrutinio de funcionarios; el gobierno ha optado por impedir la entrada de algunos periodistas a las convocatorias de prensa en Casa Presidencial. Además de retener y amenazar con cárcel a un fotoperiodista de El Diario de Hoy por grabar el momento en el que una anciana intentaba acercarse al presidente y por el que violentamente le fue impedido el paso. Los hechos más recientes del nuevo gobierno fueron retirar toda pauta estatal de los medios que cuestionan.
Estas señales fueron la razón por la que ayer, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en El Salvador llevó a cabo a un conversatorio para analizar por qué El Salvador bajó 15 puntos en el ranking de libertad de prensa monitorizado por Reporteros sin Fronteras y, además, qué peligros enfrenta la democracia en un país en el que sus gobernantes bloquean la labor de los medios de comunicación.
Para ello el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Miguel Arévalo, expuso algunas normas y antecedentes jurisprudenciales que legalmente protegen a los ciudadanos y a los medios de comunicación ante las violaciones a los derechos de libertad de expresión y de prensa. Entre estos recursos figuran la Constitución de la República, la Sala de lo Constitucional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Sentencia de inconstitucionalidad 91-2007 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Arévalo dijo que la libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos constitucionales y fundamentales por lo que tienen la protección y la tutela de la Sala de lo Constitucional ante posibles vulneraciones. “Se pueden presentar amparos y recursos de inconstitucionalidad”. Esta postura fue reiterada por Javier Castro, quien es director del departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Él añadió que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) también tiene el rol de velar porque se respeten estos derechos.
No solo el Ejecutivo parece oponerse al escrutinio público. También el presidente del órgano legislativo, Norman Quijano, quien se opone a que la Corte entregue las versiones públicas de los informes de probidad de funcionarios.
El presidente del CEJ dijo que los funcionarios que se oponen al escrutinio público deberían renunciar a su cargo, pues eso va inherente a sus funciones. “La protección que recibe un funcionario público de su derecho al honor no es la misma que la de un particular. Si ha optado a un cargo público y no se siente cómodo con la crítica puede dejar de ser funcionario. No es la ciudadanía la que tiene que dar marcha atrás a sus derechos”, dijo.
Condenó que dicho escrutinio ocasione que el Ejecutivo retire pauta estatal a los medios de comunicación que no van acordes con la narrativa del gobierno. “La pauta publicitaria del gobierno no debe ser usada para castigar o para premiar”, reflexionó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la pauta publicitaria oficial debe distribuirse con criterios de transparencia y equidad, independiente de la política informativa del medio.
Liliam Arrieta, de FUSADES, presente en el conversarorio, cerró con una reflexión: “En una democracia en riesgo, lo primero que se anula es la libertad de expresión, una vez callan, los regímenes empiezan a reducir los demás derechos”.